La Junta Directiva, bajo el control del oficialista Partido Libre, nombra Comisión Permanente y esta a su vez elige de manera interina a Johel Zelaya y Mario Alexis Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, respectivamente. Mientras la oposición aprueba extensión de sesiones ordinarias y califica de abusiva e ilegal la actuación del oficialismo.
La nueva crisis en el Poder Legislativo es una consecuencia de la falta de consensos entre las fuerzas políticas para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público.
Tegucigalpa, Honduras. –El Congreso Nacional de Honduras enfrenta una nueva crisis, similar a la ocurrida en enero de 2022 cuando se crearon dos juntas directivas paralelas. En esta ocasión la Junta Directiva presidida por, Luis Redondo, se reunió para nombrar una comisión permanente y de manera paralela los diputados de oposición se autoconvocaron en una sesión extraordinaria para ampliar el período de sesiones ordinarias.
La fallida elección de las nuevas autoridades de la Fiscalía, quienes debieron asumir funciones el 1 de septiembre, ha paralizado por 60 días las sesiones en el Congreso Nacional. Aunado a esto, el presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo, no realizó la convocatoria para que las y los diputados retornaran a sus curules. Es importante señalar que, pese a la inactividad de los congresistas, estos siguieron cobrando sus salarios y viáticos.
Con dichas dilatorias la Junta Directiva, presidida por Luis Redondo, conllevó a que finalizara el periodo ordinario de sesiones establecido en la ley para el 31 de octubre a las 12:00 de la medianoche.
El pasado lunes 30 de octubre, Redondo convocó a sesión extraordinaria para el jueves 2 de noviembre a las 2:00 de la tarde, dos días después de finalizar el período de sesiones ordinarias de la segunda legislatura.
Dicha situación provocó la molestia de las y los diputados opositores, quienes afirmaron que lo ideal era convocar a sesión ordinaria para extender el período de sesiones ordinarias. Por lo anterior, los legisladores del Partido Salvador de Honduras (PSH), Partido Nacional y Partido Liberal, le dieron un lapso de tiempo a la Junta Directiva para convocar la sesión. Sin embargo, la respuesta del presidente del Congreso Nacional fue convocar a reunión de la Junta Directiva.
De esta manera la Junta Directiva se reunió en el Salón de Retratos del Poder Legislativa, para nombrar la Comisión Permanente, amparándose en el artículo 207 de la Constitución de la República para entrar al receso y convocar a sesiones extraordinarias a partir del 1 de noviembre.
El referido artículo dice textualmente que “la directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar sus sesiones, designará de su seno, nueve (9) miembros propietarios y sus respectivos suplentes quienes formarán la Comisión Permanente en receso del Congreso Nacional”.
Simultáneamente, en otra ala del Congreso Nacional los diputados de la oposición integrada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) — antes aliados del oficialismo) — Partido Nacional y Partido Liberal, realizaron una auto convocatoria, apoyada por 76 diputados, para extender el período de sesiones ordinarias.
Las vicepresidentas del Congreso Nacional, Fátima Mena e Iroshka Elvir, encabezaron la auto convocatoria y llamaron a cada uno de los diputados para que estamparan su firma para habilitar las sesiones extraordinarias. Cabe señalar que ambas diputadas fueron incluidas como integrantes suplentes de la Comisión Permanente.
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Tras la firma de los congresistas opositores y la comprobación del quórum, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, presentó la moción para emitir un decreto para habilitar el período de sesiones extraordinario desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 24 de enero de 2024.
Seguidamente, la moción fue leída por la diputada Suyapa Figueroa (secretaria en funciones) y discutida y aprobada por los congresistas presentes y, de esa manera, se prorrogó, en un único debate, el periodo de las sesiones ordinarias desde 1 de noviembre de 2023 hasta el 24 de enero de 2024.
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CAÓTICA JORNADA DE SESIONES CONCLUYE EN EPISODIO DE VIOLENCIA
Mientras se celebraban ambas sesiones, integrantes de los colectivos del gubernamental Partido Libertad y Refundación (Libre) llegaron a los bajos del Congreso Nacional para respaldar las acciones de la bancada oficialista en ese poder del Estado.
Aunque las instalaciones del hemiciclo estaban resguardadas por elementos de la Policía Nacional, esto no evitó que los ánimos se caldearan e iniciará el enfrentamiento verbal entre simpatizantes del Partido Libre y diputados del Partido Nacional, lo que culminó en golpes y agresiones físicas a los legisladores.
Según declaración de los diputados nacionalistas, al menos tres de sus compañeros de bancada resultaron heridos en el enfrentamiento, siendo el congresista, Antonio Rivera Callejas, el más afectado con una herida en la cabeza provocada por el lanzamiento de una botella plástica lanzada por uno de los activistas del partido de gobierno.
Otro elemento, fue las amenazas con un arma de fuego por parte del diputado nacionalista, Mario Pérez, al personal de seguridad del Congreso Nacional.
Pérez, reconoció que sacó su arma de fuego, pero argumentó que lo hizo para pedirle a un guardia de seguridad que cerrara el portón de acceso vehicular al Congreso Nacional para evitar que ingresarán los colectivos de Libre.
Después de la agresión, las bancadas opositoras lograron celebrar una sesión en la que, por mayoría de votos, extendieron la jornada legislativa anual hasta el 24 de enero de 2024. Esta decisión fue calificada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, como «ilegal».
Aunque los congresistas opositores lograron ingresar a las instalaciones del hemiciclo, el caos en las afueras del Congreso Nacional escaló, a tal extremo que los colectivos del Partido Libre se enfrentaron con miembros de la Policía Nacional.
CRISIS LEGISLATIVA REVIVE FIGURA DE JORGE CÁLIX
En enero de 2022 los diputados del Congreso Nacional, que resultaron electos del proceso electoral celebrado en noviembre de 2021, fueron convocados para tomar posesión de sus cargos y posteriormente elegir a la Junta Directiva provisional, todo esto en medio de una rebelión de una facción del oficialista partido Libre, que impulsaba la figura del diputado, Jorge Cálix, para ser el presidente de ese poder del Estado.
El 21 de enero de 2022, la sesión que inauguraba la legislatura 2022-2026 fue opacada por golpes, gritos y empujones entre los diputados del Partido Libre ante la molestia con sus compañeros de bancada, que no quisieron acompañar la candidatura del hoy presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para encabezar la administración de ese poder del Estado.
En medio de este escenario el diputado Jorge Cálix logró ser ungido como presidente interino de la Junta Directiva, cargo en el que fue ratificado el 25 de enero en una sesión paralela a la oficialista y, que, se celebró en un club campestre a más de 30 kilómetros de la capital.
Mientras tanto en las instalaciones del Congreso Nacional se eligió y juramentó a Luis Redondo con la votación de diputados propietarios y suplentes de Libre, PSH, una facción del Partido Liberal y el único diputado de la Democracia Cristiana.
Fue así como Luis Redondo se convirtió en el presidente del Poder Legislativo y desde aquel entonces su legalidad ha sido cuestionada por la oposición, que el martes 21 de octubre aprovechó el escenario para revivir lo ocurrido en enero de 2022 y exaltar la figura de Jorge Cálix.
En las últimas horas, Jorge Cálix ha comenzado a mostrar un discurso conciliador y de reproches hacia Redondo, quien sigue gozando del respaldo del Poder Ejecutivo. Pero la crisis generada aún sigue vigente y ha tomado fuerza con la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público.
En su cuenta de X -antes Twitter- Jorge Cálix, escribió que “un congreso cerrado por dos meses e incapaz de mantener un diálogo político de altura, golpea los cimientos del gobierno”. Del mismo modo, pidió a sus compañeros de bancada comprender que ya no son oposición y que deben actuar como tal y no ser “parte del problema”.
En declaración a medios de comunicación aseguró que «es imprescindible que dialoguemos, no podemos estar con este clima de confrontación”. Además, señaló que situaciones como la ocurrido la noche del 31 de octubre, en el Congreso Nacional, se pudieron evitar.
ELIGEN FISCALES INTERINOS
La conflictividad en el Congreso Nacional continuó la tarde de este miércoles con la elección interina de Johel Zelaya y Mario Alexis Morazán, como fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, respectivamente. Zelaya figuraba en la nómina presentada por el oficialismo y que no logró el respaldo de las demás bancadas, mientras que Morazán, quien labora en la Procuraduría General de la República y a quien, al igual que Johel Zelaya, se liga al partido de gobierno, fue incluido a última hora.
La elección interina de las altas autoridades del Ministerio Público se originó en el marco de una reunión de la Comisión Permanente controlada por el oficialismo. El presidente del Congreso Nacional y quien preside la Comisión Permanente, Luis Redondo, dijo que las autoridades interinas se mantendrán en el cargo hasta que se logren los consensos en el Congreso Nacional y se pueda contar con los 86 votos que requiere la ley para la elección.
Por su parte, el presidente de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano dijo que el oficialismo está cometiendo un abuso y una nueva ilegalidad.
Horas antes de darse la elección, el fiscal general adjunto Daniel Sibrián, pidió se le aplique juicio político al presidente del Congreso Nacional Luis Redondo por atentar contra la Constitución.
Sibrián ha sido cuestionado, en su gestión de cinco años, por haber sido parte de la impunidad que reinó en el Ministerio Público liderado por Óscar Chinchilla, quien dejó el cargo el 1 de septiembre, mismo día que se mudó a Nicaragua para ocupar una magistratura en la Corte Centroamericana de Justicia. Chinchilla fue un fiel servidor del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, privado de libertad y a la espera de un juicio en los Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y armas.
LEGALIDAD E IEGALIDAD DE LOS BANDOS EN EL CONGRESO NACIONAL
Para el abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, tanto la sesión extraordinaria convocada por la oposición como la sesión para nombrar la Comisión Permanente, por parte del oficialismo, son legales por estar enmarcadas en la ley y la Constitución de la República.
Pineda Alvarado dijo a Criterio.hn que, pese a que la sesión de Junta Directiva no tiene el apoyo de una mayoría, es la que prevalecerá porque son “ellos quienes tienen el control del Congreso Nacional” y probablemente se valgan del uso de la violencia y la imposición.
El jurista lamentó que una vez más el futuro de la democracia hondureña se vuelva incierto, por el actuar de los congresistas y lo acontecido el 31 de octubre en el hemiciclo, “porque ha quedado sembrada una semilla de odio y de polarización en el Congreso Nacional y eso es un mal ejemplo para el pueblo hondureño”.
La Junta Directiva evoca el artículo 207 de la Constitución de la República, el cual se refiere al procedimiento tras la clausura del período de sesiones y con ello la creación de la Comisión Permanente. Mientras que las bancadas opositoras se amparan en el artículo 191 de la misma Constitución, que faculta a un número de cinco diputados para convocar a sesiones extraordinarias en cualquier lugar de la República.
La Junta Directiva nombró a la Comisión Permanente, la que a su vez sostuvo su primera reunión en la que juramentaron de manera interina a Johel Zelaya como fiscal general, y a Mario Alexis Morazán, fiscal general adjunto en concordancia con el artículo 208 numeral 11 de la Constitución.
“Elegir interinamente en caso de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”, cita el referido artículo.
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ONU Y EE UU ABOGAN POR DIÁLOGO EN EL CONGRESO
Tras los acontecimientos suscitados en el Congreso Nacional, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, enfatizó la importancia de buscar consensos y fomentar el diálogo entre los diputados.
La diplomática estadounidense escribió en su cuenta de X -antes Twitter- “Observamos con preocupación la violencia que ha surgido en el Congreso Nacional. Confiamos en que los partidos políticos puedan reducir la tensión, prevenir actos violentos y garantizar la seguridad de todos”.
El llamado al diálogo y la calma de la embajadora Dogu fue respaldado por el subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, quien pidió se elija las nuevas autoridades del Ministerio Público “con los votos requeridos”, es decir, 86 votos, que de acuerdo a la legislación hondureña conforman la mayoría calificada en un Congreso integrado por 128 diputados.
De igual manera, la Organización de Naciones Unidas (ONU), manifestó su preocupación ante la situación actual en el Congreso Nacional “llamamos a las partes a mantener un diálogo respetuoso, en paz y acorde al Estado de Derecho en el país”.
