Aunque el Poder Legislativo sesionó de manera extraordinaria meses atrás, la ratificación del estado de excepción no estuvo presente en la agenda. En su lugar, se discutieron temas de interés particular, como la repartición de cuotas de poder dentro de la nueva Junta Directiva juramentada por el titular, Luis Redondo
Tegucigalpa, Honduras-. El Congreso Nacional tardó poco más de siete meses en volver a ratificar el estado de excepción, permitiendo así que las actuaciones ejecutadas durante ese tiempo por efectivos de la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP) quedaran al margen de la legalidad.
Durante siete meses y siete días, acciones como allanamientos de viviendas y aprehensiones sin orden judicial o acompañamiento de un juez quedaron en completa ilegalidad. Según lo que establece la Constitución de la República, cada periodo que se extendía la medida debía ser ratificado por el pleno de diputados.
De acuerdo con lo que establece el artículo 178 de la Constitución de la República, para que esta medida, que dejó de ser utilizada de manera excepcional, esté en el marco de la legalidad, después de ser aprobada por el Consejo de Ministros que dirige la presidenta Xiomara Castro, debe pasar al Congreso Nacional para ser ratificada, modificada o recusada.
El artículo 178 establece que, después de ser aprobada la medida en el Consejo de Ministros, debe pasar al Congreso Nacional, para que este poder, de manera inmediata si está reunido, o en los próximos 30 días, lo apruebe. Contrario a lo que ocurrió en todos estos meses, que el PCM no fue ni agendado por Redondo.
En ese sentido, que el estado de excepción no haya sido ratificado fue contraproducente para el estado hondureño, ya que las personas que fueron capturadas y a las que se les allanó su vivienda podrían interponer denuncias hasta en instancias internacionales bajo el argumento de que sus derechos humanos fueron violentados por las autoridades.
De hecho, para analistas consultados por Criterio.hn, el hecho de no haber ratificado el estado de excepción durante poco más de siete meses podría no ser el factor principal. El aspecto crucial sería normalizar una medida que solo se debe usar, según la Constitución, en situaciones que sean meramente «excepcionales».
«Esta medida puede ser positiva en momentos determinados en los que está aflorando una crisis y parece que no hay control de la situación. Dejarla permanente es contraproducente para el gobierno y abre las puertas para que los policías y militares puedan sentirse dueños del mundo y violen los derechos humanos», opinó la socióloga, Leticia Salomón.
Salomón, experta en temas de seguridad, expuso que el combate a la delincuencia tiene dos componentes: la prevención y la represión. El segundo sería el argumento para continuar extendiendo la medida, porque de alguna manera encontraron un tipo de efectividad, aunque no sea evidente para la población.
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DEMOSTRAR QUE SE “ESTÁN HACIENDO BIEN LAS COSAS”
Aunque las autoridades promuevan que con el estado de excepción ha aumentado los arrestos de personas ligadas a maras y pandillas y ha disminuido de manera abismal el índice de homicidios, el abogado constitucionalista Joaquín Mejía considera que sigue siendo una medida aventurada.
«No se trata solo de capturas. La Policía puede capturar mil personas, pero eso no significa que esas mil personas estén vinculadas con crímenes o delitos (…) estamos hablando de una peligrosa medida que, para enviar un mensaje de que se está logrando algo, se pueden estar capturando personas que no tienen nada que ver con el delito», valoró Mejía.
Mejía coincidió con Salomón al opinar que el gobierno de la presidenta Castro está respondiendo de manera represiva a la criminalidad, agregando que, según las justificaciones de la Secretaría de Seguridad para continuar extendiendo el estado de excepción, no hay objetivos claros ni resultados concretos.
«En Honduras lo que hay son acciones que no responden a un rumbo, y desafortunadamente el gobierno no escucha las voces expertas y, lo que está haciendo, es adoptar acciones únicamente represivas que no tienen objetivos ni dirección», mencionó.
Agregó que «el estado de excepción dejó de ser una medida excepcional, como lo dice la Constitución. Es una medida que abandera este gobierno que no ha dado resultados (…) la violencia se debe atender de otra manera. No hay que inventar el agua caliente. Ya hay elementos sobre la mesa. Lo único que se requiere es voluntad para construir a partir de eso».
El estado de excepción estará vigente hasta el próximo 15 de febrero de 2024, en los municipios denominados más peligrosos por las autoridades policiales. De hecho, la Policía Militar también forma parte de esta estrategia, ya que intervino en algunos departamentos debido al pico de criminalidad registrado a principios de este año.
