Analistas llaman a organizaciones a estar pendientes de las sesiones del Congreso Nacional y a tomar nota de los diputados y sus respectivos partidos políticos que podrían avalar la aprobación de esta controvertida iniciativa
Además, advierten que la ley de licenciamiento ambiental exprés viene acompañada de otras propuestas normativas que buscan congraciarse con el poder económico de cara a los comicios de noviembre.
Tegucigalpa. – A menos de 38 días de las elecciones generales en Honduras, el Congreso Nacional pretende realizar el tercer debate –en calidad de «urgente»– de la polémica iniciativa de ley de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Medio Ambiental, conocida como ley de licenciamiento exprés.
La propuesta, respaldada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), permitiría emitir licencias ambientales de forma expedita y sin participación ciudadana, denunció a inicios de mayo la Red Hondureña por Escazú. Desde entonces, el Poder Legislativo habría realizado cambios para «asegurar protección ambiental», sin embargo, el documento no ha sido socializado con la ciudadanía, por lo que se desconocen las modificaciones efectuadas.
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Lucía Vijil, analista socioambiental del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), remarcó que la discusión de la normativa se desarrolla en un contexto electoral y en medio de una crisis en el Congreso Nacional, donde se busca negociar una agenda que incluye, con carácter de urgencia, la controvertida iniciativa de ley cuyo contenido final aun se desconoce.
Señaló que la propuesta carece de transparencia y acceso a la información pública, ya que, si bien se afirma que no habrá proyectos mineros y se respetarán los derechos de los pueblos originarios, el contenido final del documento legislativo sigue siendo desconocido. Esto genera especulación y desconfianza, especialmente porque únicamente se ha consultado al sector privado, dejando fuera a las comunidades afectadas.
«Al final, lo que tenemos ahora mismo es a Honduras como uno de los países más peligrosos para defender los bienes comunes de la naturaleza, precisamente porque no hay acceso a la información sobre este tipo de normativas que se siguen flexibilizando. La ley ya es muy flexible en términos de proyectos de impacto ambiental 3 y 4, pero esta [iniciativa de ley] flexibiliza aún más la normativa ambiental», planteó Vijil.
¿BUSCAN LOS PARTIDOS CONGRACIARSE CON EL PODER ECONÓMICO DE CARA AL PROCESO ELECTORAL?
Vijil también afirmó que no es coincidencia que, cada vez que las y los diputados del Congreso Nacional están por cerrar su gestión, se presenten estos paquetes de reformas o leyes lesivas.
Pedro Landa, defensor de derechos humanos y representante para Honduras de la Red Continental Iglesias y Minería, coincide con Vijil en que se ha normalizado que, previo a las elecciones –a menos de 60 días–, se busque el apoyo del sector empresarial privado mediante prebendas.
Un ejemplo de lo señalado por Landa fue la denominada «diarrea legislativa» de 2014, cuando el Congreso Nacional aprobó más de cien proyectos de energía renovable en una sola sesión, en un proceso plagado de irregularidades y corrupción. A esta avalancha de proyectos, se sumaron iniciativas similares en 2017 y 2021.
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Landa ejemplificó su planteamiento, señalando que al proyecto de ley de licenciamiento exprés se le suma la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT), que permite a los empresarios acogidos la importación de maquinaria, equipos, materias primas y bienes intermedios sin el pago de aranceles ni impuestos.
«Aquí todos sabemos que la mayoría de las empresas mineras y energéticas están bajo esta figura de beneficio del Régimen de Importación Temporal, que inició desde los años 80, y eso implica que no pagan impuestos de introducción, de exportación ni otros tipos de gravámenes que sí afectan a otros sectores, como los emprendedores nacionales», explicó Landa
A estas propuestas de normativas, marcadas como urgente en la agenda legislativa, también se suma la iniciativa de ley para el uso de mezclas de combustibles derivados del petróleo y biocombustible, que, según el documento legislativo, busca incentivar inversiones superiores a 300 millones de dólares en el sector agrícola.
Para Landa, con esta última propuesta se busca beneficiar al sector palmero, que produce biocombustibles en la región, pero, además, se podría presumir –indicó el entrevistado– que se busca la aprobación de la termoeléctrica a base de coque de petróleo de la empresa Inversiones Los Pinares en Tocoa, Colón.
«Esa ley permite reglamentar y aprobar el uso de estos subproductos y derivados del petróleo, lo cual representa otra situación peligrosa, y por las que las comunidades del Aguán han estado luchando, muchas veces siendo atropelladas y asesinadas «, explicó el defensor de derechos humanos.
Pedro Landa, defensor de derechos humanos y representante para Honduras de la Red Continental Iglesias y Minería, concluyó que «claramente estamos frente a un proceso mediante el cual este gobierno busca congraciarse con el sector empresarial y obtener su apoyo previo a las elecciones».
