Tegucigalpa.- La Oficina de Transparencia del Congreso Nacional se aleja de cumplir con el discurso que emana desde el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, que la ciudadanía “tenga acceso a la información” debido que las solicitudes que se realizan, en su mayoría, se responden con evasivas.
Desde el propio Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) se considera que se debe reformar la normativa de acceso a la información pública con sanciones más contundentes, incluso que conlleven responsabilidad penal.
Un reciente informe de la ASJ, revela que, entre 2018 a 2020, el 31,4% de solicitud de información no fueron respondidas por las instituciones obligadas, el 11,4% se respondieron fuera del plazo, cabe indicar que no significa que las solicitudes con respuesta se entregó la información requerida como está pasando en la actualidad.
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El equipo de Criterio.hn ha realizado varias solicitudes de información al Congreso Nacional concerniente al latrocinio que denunció Redondo de la administración de Mauricio Oliva (2018-2022) de 2,926 millones 210,159 lempiras, sin embargo, todas se respondieron sin entregar la información, por el contrario, con evasivas.
Para el caso, la solicitud 761-2022 fue finalizada con la respuesta que “no se encuentra información física de los años enero 2018 a enero 2022, hechos denunciados ante el Ministerio Público; asimismo, no se puede brindar información en la forma solicitada como se estableció anteriormente ya que dicha información se encuentra en etapa de investigación por parte de las autoridades competentes”.
Con la respuesta anterior por parte de la Oficina de Transparencia, no solo se incumple y violenta la ley al negar la información, también se contraría el informe que presentó Redondo debido que la solicitud se especificó cifras que él mismo expuso, no obstante, “aseguran que no hay información”.
Otro caso es la solicitud 684-2022 en la que se pidió información sobre información declarada en secreto por la administración de Oliva, la Oficina de Transparencia apenas se limitó a responder enviando el Decreto Legislativo 12-2022 contentivo de la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos.
Similar respuesta se tuvo con la solicitud 724-2022 requiriendo varia información sobre gastos, cheques y beneficiados con contratos de servicios en el Congreso Nacional, no obstante, la respuesta fue “según la Ley de Acceso a la Información Pública, se publica de oficio en el Portal de Transparencia dicha información, por lo que puede ser consultado por cualquier ciudadano ingresando al mismo, en tal sentido, se recomienda se acceda a revisar el portal Web de Transparencia del Congreso en vista que la información en mención ya fue publicada”.
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Se consultó con la comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, quien explicó que la Oficina de Transparencia debió responder la solicitud con la información que se solicitó y, en el peor de los casos, indicando los links donde se confirme la información.
Cabe señalar que, en los casos antes referidos, en ninguno se entregó lo que se requirió, mucho menos se dio respuesta dentro del plazo establecido, los primeros fueron mediante recurso de revisión y el último se extendió con una supuesta prórroga que concluyó con recurso de revisión.
Al presentarse el referido recurso, la Oficina de Transparencia se contactó con el equipo de Criterio.hn para querer pretender justificar las evasivas a cada solicitud, la oficial indicó que se “reemplazara la solicitud para que pueda ser trabajada en base a su petición concreta”.
No obstante, reiteró que “no existe información en físico de la administración anterior”, por lo que se increpó de cómo se llegó a la conclusión que el latrocinio al Poder Legislativo fue cerca de tres mil millones limitándose a responder que “la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) está investigando”.
Al interrogarle sobre qué pasará con las solicitudes que se ingresen solicitando información del periodo anterior respondió que la respuesta será la misma “no existe documentación”.
Si bien es de todos conocidos que la administración 2018-2022 recurrió a ocultar y destruir información, el propio presidente del Congreso aseguró que se logró recuperar información que iba ser presentada a la ciudadanía, la Oficina de Transparencia indicó a Criterio que el informe que se presentó del latrocinio al Congreso “será publicado en una edición del Poder Popular”, diario escrito del gobierno.
Mediante Decreto Legislativo 170-2006 se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública la cual establece, en los artículos 28 y 29, sanciones administrativas que van desde multas de medio salario mínimo hasta 50 salarios, entre otras sanciones como cesantías o despidos sin perjuicio de responsabilidad civil o penal a quienes niegan la información.
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Para Juan Carlos Aguilar, asesor jurídico de la ASJ, se requiere reformar la ambigua ley que data desde 2006 sin reformas trascendentales situación que se refleja en otorgar calificaciones de cumplimiento a instituciones que solo ingresan información al portal de transparencia sin siquiera cumplir con las especificaciones requeridas.
“Se debe reforzar tanto la ley como el IAIP. La ley se está quedando atrás, lo que hace es simplemente ver si se publicó información, no va más allá si es una información que es utilizable o legible para la ciudadanía. Se tiene que implementar una política que mida el impacto de la información publicada, no solo quedarse en la parte de subir información; luego salen instituciones con 100% de verificación”, señaló.
En declaraciones anteriores, la comisionada Ardón expuso a Criterio.hn que es necesario reformar la normativa imponiendo sanciones penales siendo el IAIP quien informe al Ministerio Público sobre qué institución o funcionario ocultó o no presentó la información que se solicita.
