Apreciados secretario Kerry y secretario Lew:

Escribimos para hacer seguimiento a nuestra carta del 16 de marzo de 2016, firmada por 62 miembros del Congreso, en donde expresamos nuestras preocupaciones por el asesinato de Berta Cáceres — activista hondureña reconocida internacionalmente por su lucha a favor de los derechos indígenas — y por los derechos humanos y las políticas de Estados Unidos hacia Honduras en general. Desde entonces, nuestros temores solo se han incrementado.

Nos preocupa que el Gobierno de Honduras continúe limitando indebidamente el acceso a la investigación del caso del asesinato de la Sra. Cáceres y de Gustavo Castro, un testigo clave atentado junto a la Sra Cáceres. Bajo la ley hondureña, las víctimas y sus familiares tienen derecho a participar activamente en el seguimiento de los casos, sin embargo, el expediente de la Sra. Cáceres sigue siendo secreto siete meses después del hecho. Esto limita considerablemente la participación en el caso que le brinda la ley a la familia y limita su habilidad de abogar por un enjuiciamiento rápido de los implicados.

Estamos también alarmados por la manera descuidada con la que las autoridades hondureñas han tratado el expediente del caso, dado que se permitió que este fuera sustraído de las oficinas del estado y luego fue robado. Esto genera aún más dudas sobre la habilidad de las autoridades hondureñas para manejar el caso de la Sra. Cáceres y de llevar el caso de manera imparcial.

Estuvimos complacidos al enterarnos que cinco sospechosos conectados con el asesinato de la Sra. Cáceres fueron arrestados en mayo de 2016 y que un sexto sospechoso fue arrestado en septiembre. Las personas arrestadas incluyen: un empleado actual de la compañía de construcción de represas hidroeléctricas DESA, empresa constructora de la represa a la cual la Sra. Cáceres y las comunidades indígenas Lenca en Río Blanco se oponían activamente; un comandante activo del ejército hondureño y dos ex-miembros del ejército hondureño, de los cuales uno también era ex-empleado de DESA.

Siguen habiendo preocupaciones sobre el hecho de que los presuntos autores intelectuales del asesinato de la Sra. Cáceres no hayan sido detenidos y de que las autoridades no hayan incautado evidencia relevante durante las inspecciones de la sede de DESA. El 21 de junio el periódico The Guardian reportó que un ex-soldado de una unidad de fuerzas especiales financiada por Estados Unidos relató que había visto el nombre de la Sra. Cáceres en una lista de “objetivos a eliminar”, presuntamente perteneciente al ejército hondureño. Esto, junto a las identidades de aquellos previamente arrestados, sugiere la participación de militares de alto rango del ejército hondureño en el asesinato de la Sra. Cáceres.

Damos la bienvenida al anuncio del 14 de noviembre de 2016 sobre la creación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), el cual fue conformado por solicitud de la familia Cáceres con el apoyo de COPINH y varias organizaciones de la sociedad civil. Esperamos que el GAIPE pueda contribuir a una revisión independiente e imparcial de la investigación criminal pendiente. Sin embargo, el GAIPE no tiene acceso a más información de la que ha estado a disposición de la familia. En nuestra carta de marzo de 2016, solicitamos su ayuda para presionar al gobierno hondureño para apoyar una investigación internacional independiente del caso de la Sra. Cáceres, la cual estuviese liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de las ofertas de ayuda de la CIDH, el Gobierno de Honduras no ha permitido que proceda esta investigación y el Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha tomado una postura pública clara en apoyo a la investigación de la CIDH. Solicitamos que haga esto inmediatamente.

Adicionalmente, continúa la violencia en contra de los activistas de derechos humanos. Nelson García, activista del COPINH, fue asesinado en marzo de 2016 y su familia ha sido forzada a huir de Honduras dadas las amenazas que han recibido. En octubre de 2016, Tomás Gómez Membreño, sucesor de la Sra. Cáceres como coordinador de la COPINH, y Alexander García, líder local de COPINH en Llano Grande, sobrevivieron atentados contra sus vidas. Más recientemente, el 18 de octubre de 2016, cuatro hombres enmascarados asesinaron a tiros a dos defensores de reforma agraria de la cooperativa MUCA en el Valle de Aguán — una región en donde más de 150 defensores del derecho a la tierra han sido asesinados desde el 2009. Los miembros de MUCA están protegidos por la CIDH, como lo estaba la Sra. Cáceres, pero el Gobierno hondureño todavía no ha cumplido la orden de protección emitida por la Comisión.

Finalmente, el dinero de los impuestos de los estadounidenses no debería ser otorgado a un gobierno que está siendo acusado de operar fuera del estado de derecho y que está colaborando en asesinatos planificados. Solicitamos que el gobierno de Estados Unidos suspenda inmediatamente toda ayuda policial y militar a Honduras hasta que estas crecientes preocupaciones sobre los derechos humanos sean atendidas. Es alarmante que el 30 de septiembre de 2016, el Departamento de Estado haya certificado que el Gobierno hondureño ha cumplido con las condiciones sobre los derechos humanos requeridas para las ayudas en la Ley de Asignaciones para el año fiscal 2016, a pesar de existir abrumadora evidencia de lo contrario. Los requisitos de la mencionada ley para la ayuda incluían la protección de los defensores de los derechos humanos y otros activistas políticos, el enjuiciamiento de fuerzas de seguridad que cometieran abusos de derechos humanos y el cese del involucramiento del ejército en ejército en actividades policiales a nivel interno. Las violaciones de estos y otros requisitos para recibir las ayudas no ha sido examinadas adecuadamente. Solicitamos al Departamento de Estado reconsiderar inmediatamente su decisión. Adicionalmente, reiteramos las preocupaciones mencionadas en nuestra carta de marzo de 2016 con respecto a la paralización de la construcción de la represa de Agua Zarca así como la reconsideración del apoyo que le da Estados Unidos para la aprobación de préstamos a Honduras por parte de los bancos multilaterales de desarrollo.

Tenemos esperanza de que la muerte de la Sra. Cáceres traiga más justicia al pueblo hondureño. Apreciamos su ayuda para alcanzar esta meta y por la consideración de las solicitudes antes mencionadas.

Sinceramente,

Keith Ellison, Congresista.

Henry C. “Hank” Johnson, Jr. Congresista.

Y 27 Congresistas adicionales