Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras se encamina a la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos conocida como Ley de Secretos aprobada en 2013 y que blindó al menos 16 instituciones estatales a ocultar información de carácter público generando corrupción e impunidad.
En 2013, el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández aprobó el Decreto Legislativo 418-2013 que contempla la referida ley que declara la información de 16 instituciones estatales como reservada, confidencial, secreta, ultra secreta, con periodos entre 5, 10, 15 y 25 años, respectivamente, pudiendo ser ampliada por el doble del tiempo fijado.
El Poder Legislativo nombró una comisión especial conformada por los congresistas Rasel Tomé, Ligia Ramos, Fátima Mena, Ramón Barrios, Suyapa Figueroa, Silvia Ayala y Rafael Sarmiento quienes presentaron ante el pleno el dictamen que contempla la derogatoria de la normativa.
No obstante, fueron los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon y la diputada del Partido Liberal, Kritza Pérez, quienes presentaron el decreto de ley que finalmente fue unificado, corregido y elaboró en un solo dictamen por parte de la comisión especial.
Con la implementación de la Ley de Secretos se violentó el Convenio Americano de Derechos Humanos, en su artículo 13; la Convención Internacional Contra la Corrupción en su articulado 10 y la propia Ley de Acceso a la Información Pública al duplicarse leyes debido que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tiene la facultad de declarar como información clasificada aquella que ponga en riesgo o perjudique la seguridad del Estado.
Bajo la Ley de Secretos, la administración del exgobernante Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un proceso de extradición hacia los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, mucha información fue declarada como reservada o clasificada sin cumplir los requisitos para ser considerada bajo esa figura evidenciando un claro abuso al ocultar información y violentando el derecho al acceso de esta.
“Es histórico, derogar una ley tan nefasta como la Ley de Secretos, debería llenarnos de mucho orgullo. Sé que nos han estado criticando por diferentes cuestiones en este Congreso, pero los grandes temas, los grandes proyectos de ley que cambiarán la vida de los hondureños y hondureñas están aquí. La derogación era casi imposible en otros congresos que no fuera este”, expresó el diputado Dixon.
Cabe señalar que en el periodo 2014-2018 y 2018-2022 se presentaron los derechos de ley para su derogatoria, sin embargo, el conservador Partido Nacional que controlaba el Poder Legislativo, en contubernio con la mayoría de los diputados del Partido Liberal, votaron en contra.
Noticia destacada Ministro de salud revela calamidad del sistema sanitario y corrupción en contratación de personal
Dixon solicitó dispensar su revocatoria en dos debates y aprobarse en uno solo, bajo la misma forma en que fue aprobada, siendo aprobado por los congresistas, no obstante, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, detuvo su aprobación debido a la presencia del titular de la Secretaría de Salud quien brindó un informe sobre la calamidad del sistema sanitario de la nación dejando su aprobación pendiente.
A consideración del diputado Juan Barahona, esta ley nunca tuvo razón de ser en la administración pública por el hecho de ser público clasificando información como la compra de la vacuna contra la COVID-19que fue puesta en secreto, asimismo la Tasa de Seguridad conocida como el Tazón de Seguridad.
“Tenemos derecho a saber en qué se gasta, cuánto se gasta y para dónde se va ese dinero”, dijo.
El dictamen de ley fue elaborado con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Coalición Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
La titular del IAIP, Ivonne Ardón, alabó la derogación de la Ley de Secretos y aclaró que la Ley de Acceso a la Información Pública no está siendo parte de la supresión o reformas, por el contrario, se está reforzando el ente y acceso a información declarada clasificada ilegalmente.
El dictamen establece que se debe desclasificar la información que se mantuvo en secreto por más de doce años y será el IAIP quien deberá declarar clasificada y secreta solo aquella información que ponga en riesgo la seguridad del Estado de Honduras.
