Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – De 2 mil 300 millones de lempiras que se aprobaron en el Fondo Departamental entre los años 2011 y 2018, sólo se ha logrado auditar 62 millones 280 mil lempiras por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Esta situación lleva a dos preguntas de rigor: ¿Es necesario un Fondo Departamental que ha servido para redes de poder con fines corruptos? ¿Dónde fue a parar el resto del dinero que pudo beneficiar a las mayorías en los últimos 15 años?,
Estas interrogantes surgen porque se desconoce el paradero de la cuantiosa cantidad de 2, 237 millones 200 mil lempiras que debieron utilizarse para apoyar a la población hondureña.
Según el director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, jamás podría conocerse quienes se quedaron con estos fondos, a los que tuvieron acceso más de 700 exdiputados y diputados.
Sin embargo, cabe la expectativa que una vez instalada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), está pueda realizar una investigación más profunda para que esos personajes no queden en la total impunidad, sin importar el partido político, tomando en cuenta que el movimiento de dinero ilícito debería haber dejado rastro.
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A medios nacionales, el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Roy Pineda, señaló que están dispuestos a entregar al Congreso Nacional (CN) todos los documentos para continuar con las indagaciones respecto a la corrupción con los Fondos Departamentales.
Pineda, del partido Libertad y Refundación (Libre), manifestó que así respaldará al Congreso en las investigaciones sobre el Fondo Departamental.
“Hice las gestiones y las instrucciones para que de inmediato se cumpla con los 15 días concebidos por el Congreso Nacional para la entrega de los documentos al Ministerio Público (MP) para que detenga las excusas y empiecen con los requerimientos fiscales”.
La reunión se llevó a cabo ayer 26 de abril de 2022 junto al fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, quien con dos mandatos no ha podido generar los resultados esperados ante sus funciones y ha sido fuertemente cuestionado.
La ASJ apuntó en un informe de indagación sobre los fondos que el TSC faltó a su labor de fiscalizar el uso del dinero, además la Secretaría de Finanzas (Sefin) desembolsó los recursos sin que las supuestas ONG que los recibieron contaran con los requisitos.
Los recursos nunca llegaron a cumplir su propósito, terminando en campañas políticas y para enriquecer a unos pocos, lo que deja ver el nivel de corrupción de los gobiernos de los últimos años.
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Actuales congresistas, estiman que esto es materia prima para que el MP proceda e impida que los saqueadores del Estado sigan gozando de impunidad, incluso, siendo llamados todavía “honorables diputados”.
Los casos “Red de Diputados” y “Caso Pandora” son algunos de los que investigó la extinta Misión Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH), donde se desviaron fondos públicos de proyectos sociales para las campañas políticas y gastos personales, sin que hasta ahora los imputados reciban castigo contundente.
En el “Caso Pandora” los fondos públicos mal ejecutados suman a 282,016,175 lempiras. Mientras que la “Red de Diputados” un total de 8 millones 300 mil lempiras.
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LA RED DE PODER SE RETROALIMENTA CON LOS FONDOS
La falla sistémica y negligencia de los controles institucionales del TSC fue evidente y falló en su labor de fiscalizar y revisar a las ONG y la gestión de los fondos.
También falló la Secretaría de Finanzas por entregar los fondos sin que la ONG contará con los requisitos y sin tener siquiera experiencia en la ejecución de obras de infraestructura.
En la misma acción cayó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) porque no tenía en su portal informes sobre los fondos y sus ejecuciones. Y el Poder Legislativo que simplemente no publicó el listado de quienes recibieron los fondos y en que serían supuestamente utilizados.
Sobre lo anterior, al analista y abogado Oliver Erazo, Explicó a Criterio.hn que se trata de toda un estructura y red de poder que se retroalimentaba de los fondos, siendo una de las formas de controlar los votos en el Legislativo.
“Es un mercado persa lo que había en el Poder Legislativo”, apuntó el togado, quien agregó que, en Honduras existe una clase privilegiada que ofrece, por ejemplo, hacer un proyecto de junta de agua, mientras hay otros ciudadanos que tienen un proyecto mejor, pero no el mismo poder económico, por lo que se les cierran las puertas para participar.
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El Congreso aprueba el presupuesto y la Secretaría de Finanzas lo desembolsa, mientras que el TSC “sigue estando pintado” al ser ajeno a su propósito de existir, explicó Erazo.
El Fondo Departamental, se ha utilizado como otro de los actos de estructura formal de corrupción dentro de la institucionalidad.
Entonces, señaló Erazo, los diputados no deberían estar involucrados en el desarrollo de proyectos. El Fondo Departamental o Social tiene el mismo objetivo, donde se ha demostrado que ha servido para financiar a los diputados del partido en el poder para control del electorado de cada departamento.
El manejo de estos fondos en lugar de generar bienestar crea parasitismo social, es decir, auspicia una sociedad parásita que espera a un diputado o alcalde para que le resuelva algún problema, propiciando que no se logre el desarrollo sostenible en las comunidades, cuando esa debería ser la obligación de las autoridades que terminan jugando con la dignidad de la población, agregó.
Es contraproducente cuando un político se toma la foto, por ejemplo, en la construcción de un pozo, una obra que pudo costar unos dos millones de lempiras, es decir, un proyecto sobrevalorado que genera un nicho de mercado de clientela política.
El proceso se resume en la acción de un diputado de obtener el dinero, colocar los proyectos y enfocarlos a una población con el fin de garantizar los votos que lo sostendrán en el poder.
