Por: Luis Escalante
Tegucigalpa. – A través de una conferencia, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó este viernes a las siete organizaciones que conforman la Junta Nominadora para la elección de candidatos a magistrados de la Corte, a que remitan los nombres de sus representantes ante el proceso de nominación y elección. Las siete organizaciones, según la ley, deberán acreditarlos a más tardar el 31 de agosto del año en curso.
Por primera vez en la historia, a iniciativa del propio Redondo, estas agrupaciones podrán ser representadas por hondureños que, internacionalmente, han destacado en distintas áreas del conocimiento. La medida, que algunos sectores han cuestionado a pesar de su legalidad, brindaría mayor transparencia e independencia a la Junta Nominadora, que históricamente se ha caracterizado por haber manipulado los procesos de nominación y elección, de manera notoria el que se desarrolló entre 2015 y 2016.
La Junta Nominadora existe desde 2001 y la conforman las siguientes organizaciones: Corte Suprema de Justicia (CSJ), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Claustro de Profesores de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sociedad civil y centrales obreras.
Cuando se le consultó sobre la participación de la ombudswoman Blanca Izaguirre dentro de la Junta Nominadora, el titular del Legislativo se limitó a responder que “el Conadeh no tiene ningún problema para la integración de la Junta Nominadora, lo único que se ha desarrollado es una investigación que ha determinado la forma en que fue nombrada”.
Dos días atrás, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el diputado Jari Dixon Herrera –Libre–, sugirió la repetición de todo el proceso de elección del Defensor del Pueblo. Según los hallazgos presentados, la elección de Izaguirre, el 21 de diciembre de 2021, se realizó de forma arbitraria por parte del Congreso que presidía el nacionalista Mauricio Oliva.
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PROPUESTA DE NOTABLES
El pasado 26 de marzo, durante sesión legislativa, Redondo explicó que dos de estas agrupaciones –Cohep y CAH– habían tomado a bien la propuesta de incluir a los notables y que a través de una carta le habían indicado que sería sometida a discusión dentro de sus respectivas asambleas. Este viernes, el presidente del Legislativo reiteró que todo quedará a voluntad de las organizaciones.
“Si los representantes de las instituciones no desean elegir a sus representantes mediante sus asambleas o procedimientos establecidos, podrán hacer efectivo el último párrafo del artículo 5 de la ley”, expresó Redondo a los medios de comunicación desde el Salón Ramón Sosa del palacio legislativo, disipando las dudas que se habían generado en torno a su propuesta, que algunos sectores de la oposición, entre ellos la bancada del Partido Nacional, habían catalogado como “impositiva e inconstitucional”.
El último párrafo del artículo 5 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se aprobó el pasado 19 de julio con la votación de los partidos de Gobierno –Libre y PSH– y del Partido Liberal, establece que “las instituciones y organizaciones podrán acreditar en la Junta Nominadora a hondureños notables a nivel internacional”.
PROCESO TRANSPARENTE
Una vez que las siete organizaciones acrediten a sus catorces representantes –siete titulares y siete suplentes–, sean los notables o no, deberán proceder a instalar la Junta Nominadora. El proceso de nominación y elección de los 45 candidatos finales, se prevé, iniciará durante la primera quincena de septiembre. La ley establece, por primera vez, una serie de prohibiciones contra los aspirantes a la Junta Nominadora. De igual modo, incluye un procedimiento de impugnación contra la designación de los catorce representantes de la Junta Nominadora.
A diferencia de procesos anteriores, citó Redondo, “la nueva ley permite tanta transparencia”. Antes, agregó, “desde la Junta Nominadora se armonizaba la distribución de los 15 magistrados entre los partidos Nacional y Liberal. Ahora no hay forma de que los políticos metan sus manos dentro de la integración de la Junta Nominadora”.
A más tardar el 23 de enero de 2023, la Junta Nominadora deberá enviar al Congreso Nacional un listado con no menos de 45 candidatas y candidatos –23 mujeres y 22 hombres– a las más altas magistratura del Poder Judicial. La ley establece, además, que también se deberá remitir un informe sobre la evaluación de méritos personales y profesionales de los candidatos incluidos y no incluidos en el listado final. La votación se realizará el 25 de enero y la elección de los 15 magistrados pasará por la aprobación de 86 congresistas.
Aunque algunos sectores han intentado deslegitimar la nueva normativa, ahora las siete organizaciones no podrán postular candidatos y, al momento de la evaluación de perfiles, deberán aplicar una matriz que elaboró la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados. Los parámetros a evaluar serán integridad, ética e idoneidad.
