Aunque el presidente del Congreso Nacional no ha confirmado la creación de esta comisión, dos de sus vicepresidente la consideran una necesidad

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes 20 de enero de 2023, la Junta Nominadora de proposición de candidatas y candidatos a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia trazó como objetivo remitir al Congreso Nacional la nómina final de 23 mujeres y 22 hombres.

La secretaría general de la Junta Nominadora entregará a la Comisión Permanente, encabezada por Luis Redondo, una nómina que contendrá los expedientes de los postulantes mejor evaluados. Un mínimo de 45 abogadas y abogados deberán incluirse en la lista.

Esta lista derivará de una matriz de evaluación, que puntuará criterios de integridad, ética e idoneidad, y a la cual se sometieron 82 postulantes, de los cuales 52 son hombres y 30 son mujeres. Hasta el cierre de edición de este 19 de enero de 2023, la Junta Nominadora continuaba aplicando la matriz de evaluación a los 82 expedientes activos.

Una vez que la Junta Nominadora concluya con la nómina, también se cerrará el primer filtro, que le corresponde a los nominadores, y el proceso pasará al aspecto político. Los 128 legisladores del Congreso Nacional deberán definir, a través de una votación de segundo grado, quiénes serán las 15 personas que integrarán el Supremo hondureño entre 2023 y 2030.

La mayor limitante radica en el poco tiempo que dispondrá el Congreso para evaluar a los aspirantes y, además, para alcanzar los consensos que se requerirán al momento de la elección, que se efectuará el 25 de enero de 2023.

Sin lugar a dudas, esta será una elección atípica debido a que por primera vez Libertad y Refundación (Libre), un partido ajeno al Partido Liberal y al Partido Nacional, controla los poderes Legislativo y Ejecutivo, una ventaja que históricamente le ha permitido al partido gobernante obtener ocho magistrados afines. De cara a esta nueva elección, el panorama no se vislumbra de la misma manera, debido al interés de los partidos tradicionales por conservar sus cuotas de poder dentro de la Corte.

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Elegir a los 15 profesionales del derecho que se desempeñarán como magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia requiere de 86 votos y, por ende, de intensivas negociaciones entre, al menos, las cuatro bancadas más importantes: Libre (50 votos), Partido Nacional (44 votos), Partido Liberal (22 votos) y Partido Salvador de Honduras (10 votos).

El propio vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, manifestó que “para elegir a los magistrados de la Corte Suprema no hay ninguna posibilidad de que se pueda hacer sin el apoyo y la participación del Partido Nacional”.

Sin embargo, también declaró que esos consensos deben derivar de una revisión exhaustiva y argumentada de los 45 perfiles que les enviará la Junta Nominadora.

“Una de las alternativas que se puedan dar en la dinámica de la discusión en el Congreso es que conforme una comisión, que se hagan entrevistas, pero todo va a depender del tiempo efectivo que el Congreso tenga desde que reciba la lista hasta el 25 de enero, día en que tiene que hacerse la elección”, añadió el vicepresidente del Legislativo.

A pesar de lo anterior, el Congreso Nacional continúa sin oficializar que se constituya esta comisión especial y sin convocar a una sesión legislativa, que, en todo caso, debería celebrarse entre el 21 y el 24 de enero de 2023, los días previos a la elección final.

Fátima Mena, también vicepresidenta del Congreso, coincidió con Hugo Noé Pino en la necesidad de conformar una comisión que, a su criterio, deberá ser multipartidaria.

“Veo necesario que en los próximos días se introduzca por lectura y correspondencia la nómina, y que el presidente Luis Redondo proceda a convocar a una comisión especial para entregar a todas las bancadas los expedientes correspondientes. De momento solo ha existido un dialogo informal entre las bancadas, por lo que es difícil hablar de consensos cuando se desconoce el nombre de las personas”, declaró la diputada Mena.

A su criterio, esta comisión especial, dentro de los tiempos que establece la Constitución, deberá realizar un proceso de evaluación a lo interno del congreso nacional, con el propósito de construir los acuerdos y los consensos. Además, debe ser multipartidaria, permitiéndole a las seis bancadas incorporar a sus representantes y a sus voceros.

JUNTA NOMINADORA ARGUMENTARÁ SUS DECISIONES

Además de la lista de 45, la Junta Nominadora enviará un informe que explicará la evaluación de méritos profesionales y personales de las candidatas y los candidatos que se incluirán en la lista final, así como las descalificaciones, inhabilidades e incompatibilidades de quienes no fueron incorporados en la nómina.

“La Junta Nominadora explicará claramente las razones por las cuales se nominó a cada candidato de la lista, de acuerdo con la calificación obtenida; acreditando también los motivos por los que no fueron incorporados los otros postulantes, incluyendo, en su caso, los procedimientos seguidos por denuncias y tachas”, reza el artículo 22 de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.

A la fase de denuncias y tachas, que concluyó el 27 de diciembre de 2022, se presentaron 101 postulantes.

Sin embargo, 19 de ellos no fueron capaces de refutar las acusaciones que se presentaron en su contra, y, por ende, quedaron descalificados del proceso. Entre ellos figuraron los seis magistrados supremos que aspiraban a reelegirse: Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Jorge Abilio Serrano Villanueva, Edwin Francisco Ortez Cruz, Edgardo Cáceres Castellanos, María Fernanda Castro Mendoza y Rafael Bustillo Romero.

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Otros postulantes con importantes cargos dentro del Poder Judicial, como Conan Rafael Argueta Bourdett e Ingrid Ebelinda Monzón López, ambos magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, también fueron apartados. Asimismo, la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, y el director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Fredis Alonso Cerrato Valladares.

CUENTA REGRESIVA

El 25 de enero de 2023, los 128 legisladores del Congreso Nacional escogerán a los 15 profesionales del derecho que conformarán el pleno de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una vez instalado, con al menos ocho votos, elegirán a una magistrada o magistrado presidente, cargo que ratificará, a más tardar 24 horas, la Junta Directiva del Legislativo.

Una vez juramentada por el Congreso, esta persona tendrá la responsabilidad de determinar qué magistradas y magistrados integrarán la Sala de lo Constitucional, que deberá contar con cinco togadas y togados. El resto de las salas, Penal, Civil y Contencioso Administrativo, únicamente requerirán de tres magistradas y magistrados. Las cuatro salas tendrán un magistrado o una magistrada presidenta.

El período constitucional de la Corte será 2023-2030 y sustituirá al polémico alto Tribunal que actuó entre 2016 y 2030, cuyos magistrados que buscaban reelegirse, seis en total, quedaron descalificados por la Junta Nominadora.