El Poder Legislativo hondureño tiene menos de 15 días para aprobar la reforma del decreto 93-2021 para reportar el cumplimiento de normas GAFI, de lo contrario Honduras caerá en la calificación de no cumplimiento lo que tiene graves repercusiones en el sistema financiero y bancario del país
Tegucigalpa, Honduras. -Ante la falta de voluntad de algunos legisladores, el Congreso Nacional ha venido posponiendo la derogación del decreto 93-2021 el cual contiene los delitos de Lavado de Activos.
La intentona de eliminar esta normativa que ha favorecido a personajes ligados al crimen organizado, ha sido detenida, ya que en las últimas semanas se ha puesto en la agenda la derogación de este polémico decreto.
Por medio de su cuenta de Twitter el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó para el martes 16 de mayo a los 128 diputados a votar a favor de suprimir varios decretos con los que se ha hecho corrupción y lavado de activos en Honduras, pero nada sucedió.
Según Redondo, más de 400 criminales (corruptos, narcos y lavadores de activos) han quedado en libertad y garantizando impunidad con los decretos 57-2020, 93-2021 y 116-2019.
También en Twitter, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, escribió que el Congreso Nacional puede dar un paso importante para que Honduras no sea incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), derogando los decretos que forman parte del Pacto de Impunidad.
No obstante, señaló que no se puede desconocer que, se deroguen o no, la impunidad derivada y el perjuicio causado, con dichos decretos, es irreparable.
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SIN PRIORIDAD EN EL LEGISLATIVO
La vicepresidenta y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, lamentó que en el Congreso Nacional se le de prioridad a otros temas y no a la reforma del decreto 93-2021 y la derogación de otras normativas, que han facilitado el camino para la corrupción.
La congresista detalló que la el jueves 11 de mayo el pleno había llegado a un acuerdo para lograr la tan exigida reforma al decreto 93-2021, que fue aprobada el 7 de octubre de 2021.
Sin embargo, los diputados liberales solicitaron que la discusión se agendara para el martes 16 y efectivamente se tomaron unas incorporaciones de las sugerencias que se habían hecho y ellos querían revisarlas.
“La sorpresa es que el martes que estábamos listos con las incorporaciones para hacer las reformas al decreto 93-2021 que lo limitamos al delito de lavado de activos”, comentó Mena.
Pero, la sesión del martes 16 de mayo se le dio prioridad a la ratificación de la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (Corporación Andina de Fomento CAF).
Minutos después el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, dio una exposición sobre la Ley de Justicia Tributaria, provocando la molestia de los diputados nacionalistas y liberales, quienes se levantaron de sus curules e intentaron agredir a Ochoa.
Tras este percance en el Legislativo y el conflicto entre oficialismo y oposición la discusión de la reforma al decreto 93-2021 quedo en el olvido.
“Como política y activista de la lucha anticorrupción no puedo más que indignarme por lo que pasó el martes en el Congreso Nacional, meten el tema del CAF que no era una prioridad para el país. Minutos después yo pido que se inicie la discusión para la reforma del delito de lavado de activos y llega el director del SAR a repetir la misma presentación que se ha dado de la Ley de Justicia Tributaria”, contó la legisladora.
Por su parte el director de Gobernabilidad y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, señala que el problema erradica en el control de la agenda por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
En una entrevista con Criterio.hn señala que la actitud confrontativa del oficialismo ha afectado la confianza que hay entre los diputados y eso repercute en la falta de consensos y diálogos, por ello las sesiones legislativas se basan en una disputa entre oposición y oficialismo.
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HONDURAS DEBE CUMPLIR CON NORMAS GAFI
Mena advirtió que, en este momento lo más peligroso es que Honduras no está cumpliendo con las normas GAFI y por eso se ha trabajado con la Unidad de Inteligencia Financiera que advirtieron la gravedad de esta reforma aprobada en 2021.
Además, recordó que en su momento la misma Ethel Díaz, que estaba a cargo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), remitió una comunicación al expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva (2014-2022), con copia al exsecretario de ese poder del Estado y actual diputado nacionalista, Tomás Zambrano, donde advertían la gravedad de la modificación al decreto 93-2021.
A principios de este mes Honduras debe reportar el cumplimiento, es decir, que el Poder Legislativo tiene menos de 15 días para aprobar esta reforma.
“Hay una normativa internacional que tenemos la urgencia de poder homologar, de lo contrario Honduras caerá en la calificación de no cumplimiento la cual tiene graves repercusiones en el sistema financiero y bancario del país. Realmente es una situación sumamente crítica y esa era la prioridad”, puntualizó.
El 24 de febrero el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, explicó que se debe buscar evitar repercusiones negativas para el Estado en aplicación a las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por las acciones irresponsables del gobierno anterior.
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REFORMA A LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS
El 7 de octubre de 2021, mientras los hondureños disfrutaban del feriado de la Semana Morazánica, en una sesión virtual y sin la presencia de los 128 diputados el Congreso Nacional dominado por el Partido Nacional reformó artículo 47 de la Ley de Lavado de Activos.
Esta modificación estableció que “el secreto bancario debe ser suspendido únicamente en las investigaciones por los delitos tipificados en los Títulos XXV y XXXII del Código Penal y supuestos de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, mediante orden emitida por el Órgano Jurisdiccional competente”.
Con lo anterior, el Congreso Nacional le quitó la facultad al Ministerio Público para investigar los delitos financieros, imponiéndose el secreto bancario.
También se reformó el artículo 26 que refiere que, para efectos de investigaciones penales o causas judiciales, la revisión de la información financiera de una persona natural o jurídica solo será autorizada por el juez competente.
