Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. – La empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras S.A. de C.V., ha sido beneficiada por el Congreso Nacional con la aprobación de un contrato para el diseño y construcción de una represa de agua potable.
La sociedad es una subsidiaria de Hidalgo Hidalgo, una transnacional de origen ecuatoriano que, en 2015, fue denunciada en Panamá por el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Economía de ese país para la adjudicación de un proyecto de riego por USD 155 millones.
El contrato a favor de la transnacional que, fue aprobado casi por unanimidad de los congresistas a excepción de los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), asciende a 1,083 millones de lempiras, el equivalente a unos USD 44.2 millones.
El contrato, firmado por el anterior gobierno municipal del Distrito Central y los representantes de Hidalgo e Hidalgo, contempla la construcción y diseño de la represa sobre los ríos San José y Jacaleapa que, en teoría, dotará de agua a varios barrios, colonias y caseríos del Municipio del Distrito Central.
La orden para el inicio de la obra se dio en junio de 2021 y pese a ello solo tiene un avance del 10%, según la diputada del PSH, Ligia Ramos.
Hidaldo e Hidalgo es una compañía que tiene ingresos anuales por USD 1.000 millones, con presencia en Ecuador, Perú, Honduras, Paraguay, Bolivia, Panamá y Colombia, y crecimientos anuales cercanos a 15%.
DENUNCIAS
La transnacional también ha sido denunciada por la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) ante el Ministerio Público de Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su pretensión privatizadora del agua.
Asimismo, por la corrupción alrededor del acuerdo firmado por el exalcalde capitalino Nasry Asfura (2014-2021), dijo a Criterio.hn el coordinador de ARCAH.
ARCAH también denunció a Hidalgo e Hidalgo ante el Ministerio Público por la firma, en mayo de 2018, de un contrato que estipula un pago de más de 238 millones de lempiras para la limpieza de tubería en el acueducto de la capital hondureña.
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“Aunque ese contrato haya sido otorgado por medio de una licitación pública, el mismo se celebró entre David Palma, que es el representante legal de la trasnacional y la Corporación Municipal”, comentó Castillo.
Por otro lado, lamentó que, a pesar de las constantes reuniones con los diputados del Congreso Nacional para la discusión del contrato, el mismo fue aprobado en la sesión del martes 28 de febrero.
No obstante, aseguró que el problema no es la construcción del embalse, sino con la trasnacional, ya que Hidalgo e Hidalgo está implicada en otros asuntos de privatización y ha sido denunciada ante organismos internacionales.
RECONOCEN QUE EXISTE UN PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Castillo dijo que antes de la aprobación de este contrato se reunió con diputados del oficialismo y representantes de la alcaldía capitalina, quienes reconocieron que existe un proceso de privatización del agua y que la trasnacional no es una empresa confiable. Sin embargo, que también le hicieron saber que no podían cancelar la aprobación del contrato, porque Hidalgo e Hidalgo podría demandar a la Alcaldía del Distrito Central.
Ante el argumento antes expuesto, Castillo recomendó a los diputados que lo mejor era votar en contra y que la Alcaldía del Distrito Central abriera un nuevo proceso de licitación pública para el mismo proyecto con la participación de empresas transparentes, que no tengan antecedentes de corrupción y que no estén ligadas a procesos de privatización.
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OPOSICIÓN AL CONTRATO
“Nos oponemos rotundamente a la privación del suministro y saneamiento del agua, nos oponemos a la política neoliberal que se está llevando a cabo mediante la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, que se aprobó en la administración pasada”, expresó por su parte la legisladora del PSH, Ligia Ramos.
Ramos compartió en sus redes sociales la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por ARCAH en contra de Hidalgo e Hidalgo.
Asimismo, instó a la cámara legislativa a derogar la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento porque busca privatizar el vital líquido.
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