Por: Redacción CRITERIO
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La bancada hispana de la Cámara de representantes cuestionó la decisión del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, de perseguir y enjuiciar a padres indocumentados que buscan llevar a sus hijos a Estados Unidos.
La administración de Donald Trump confirmó el inicio de una iniciativa para desmantelar las redes de tráfico de personas, persiguiendo por primera vez a los “patrocinadores” -padres o familiares- que paguen por el traslado ilegal de sus hijos a Estados Unidos desde el extranjero.
“Aplaudimos los esfuerzos para singularizar, arrestar y desmantelar a estas organizaciones criminales de tráfico de humanos”, señaló en una misiva el Concilio Legislativo Hispano (CHC).
“Sin embargo, es completamente inaceptable enfocarse en familiares patrocinadores que buscan proteger a los niños de la violencia y el abuso, reprensible y crea una cultura de miedo y de falta de cooperación entre esta comunidad vulnerable”, señalaron.
Pero en una entrevista con The Washington Post al final de una visita de tres días a México, Kelly defendió la nueva política, argumentando que el gobierno de Estados Unidos finalmente está haciendo cumplir la ley contra la inmigración ilegal.
“Si la familia está ilegal en Estados Unidos y podemos presentar un caso, que creo es muy fácil de hacer, de que eran parte del proceso de contrabando humano, entonces violaron la ley y tomaremos las medidas apropiadas”, dijo.
Aunque señaló que las autoridades no realizan redadas o retenes migratorios, admitió que en el curso del arresto de algún indocumentado, los agentes tienen instrucciones de detener a otras personas en la vecindad que se encuentren de manera ilegal en el país.
A raíz de la nueva política, organizaciones de defensa de refugiados y migrantes acusaron a la administración Trump de usar a los niños indocumentados como “carnada” para atrapar a sus padres y familiares.
Los legisladores dijeron en su carta que la misión del Departamento de Seguridad Nacional es asegurar la seguridad de los estadunidenses y consideraron como contraproducente lanzarse contra padres y familiares de niños vulnerables.
“Sin duda, esta política sólo creará intranquilidad y pánico, y separará a familias por largos periodos de tiempo”, lamentaron.
Los legisladores emplazaron por ello a Kelly a clarificar desde cuando se inició la política, si es formal o informal, cuáles protocolos existen para la percepción de padres y familiares de niños y que acusaciones han sido presentadas en contra de los padres indocumentados.
Asimismo pidieron información sobre el número de padres o familiares que han sido arrestados, cuántos se encuentran bajo custodia del gobierno federal y cuantos han sido deportados desde el inicio de la nueva política.
Se estima que más de 150 mil niños no acompañados, la mayoría procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, han sido liberados a sus patrocinadores desde octubre de 2013, de acuerdo con la oficina federal de Reubicación de Refugiados.
La carta a Kelly fue firmada por la presidenta del CHC, Michelle Lujan Grisham y por sus colegas demócratas Joaquín Castro, Rubén Gallego, Pete Aguilar, Adriano Espaillat, Luis V. Gutiérrez y Norma Torres.
