Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Albio Sires, presidente del subcomité para el Emisferio Oeste y Gregory W. Meeks presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos junto a los congresistas Norma Torres, Joaquín Castro, Juan Vargas y Adriano Espaillat enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rolando Argueta pidiendo justiciar en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
Albio Sires
Los funcionarios estadounidenses piden que se haga justicia para la familia de Berta Cáceres e instan a Argueta a garantizar el debido proceso en este caso y le piden que haga todo lo posible para asegurarse que el juicio sea transparente y rápido.
Los congresistas señalan que les preocupa que nos preocupa que Castillo pueda ser puesto en libertad bajo arresto domiciliario el 2 de mayo, cuando finalice el límite legal para la detención preventiva.
Apuntan que la muerte en febrero de Keyla Martínez, bajo custodia policial, sirve como un recordatorio devastador de las formas en que violente se ejerce de manera desproporcionada sobre las mujeres en Honduras.
“Ahora más que nunca es vital que la justicia hondureña demuestre que los delitos contra las mujeres son tratados con la seriedad que merecen”, reza la carta.
El mundo está observando estos casos muy de cerca. Si los perpetradores del asesinato de Berta Cáceres —así como los responsables de los asesinatos de Keyla Martínez, Juan Carlos Cerros Escalante, Alberth Snider Centeno Tomás y demasiados otros— son llevados ante la justicia, será visto como un barómetro de lo que el sistema de justicia hondureño está avanzando en la erradicación de la impunidad.
Rolando Argueta
Presidente de la Corte Suprema de Honduras
Estimado Sr. Argueta:
Escribimos para expresar nuestra preocupación por los reiterados retrasos en el juicio de David Castillo, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres hace cinco años. Reiteramos nuestro antiguo llamado a que se haga justicia para la familia de Berta Cáceres. Lo instamos a garantizar el debido proceso en este caso y le pedimos que haga todo lo posible para asegurarse de que el juicio programado para comenzar el 60 de abril sea transparente y rápido.
Hemos observado con alarma cómo la defensa de David Castillo ha planteado en repetidas ocasiones objeciones legales cuestionables para retrasar los procedimientos judiciales en este caso. La última apelación de la defensa del señor Castillo busca evitar una vez más que el juicio comience en abril.
Además, nos preocupa que el señor Castillo pueda ser puesto en libertad bajo arresto domiciliario el 2 de mayo, cuando finalice el límite legal para la detención preventiva.
Ha demostrado ser un riesgo de fuga y le instamos a mantenerlo en prisión preventiva durante el tiempo que dure la detención preventiva. juicio hasta que se emita un veredicto en el caso.
Como saben, el gobierno de Biden ha señalado que está comprometido con la lucha contra la corrupción y la impunidad y con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en Honduras.
El Congreso de los Estados Unidos también aprobó una ley el año pasado que requiere que el Departamento de Estado y USAID desarrollen una estrategia de cinco años para combatir la corrupción y la impunidad y mejorar los sistemas judiciales en el Triángulo del Norte. Reconocemos la firme postura del presidente Biden sobre la lucha contra la impunidad y estamos comprometidos a trabajar con su administración para fortalecer el estado de derecho.
La muerte en febrero de Keyla Martínez bajo custodia policial sirve como un recordatorio devastador de las formas en que violente se ejerce de manera desproporcionada sobre las mujeres en Honduras. Ahora más que nunca es vital que la justicia hondureña demuestre que los delitos contra las mujeres son tratados con la seriedad que merecen. Además, el atroz asesinato el mes pasado del activista ambiental Juan Carlos Cerros Escalante muestra una vez más que la poderosa actora seguirá apuntando a activistas que sean lo suficientemente valientes como para defender los derechos humanos hasta que el estado hondureño deje en claro que los perpetradores enfrentarán consecuencias legales.
El mundo está observando estos casos muy de cerca. Si los perpetradores del asesinato de Berta Cáceres —así como los responsables de los asesinatos de Keyla Martínez, Juan Carlos Cerros Escalante, Alberth Snider Centeno Tomás y demasiados otros— son llevados ante la justicia, será visto como un barómetro de lo que el sistema de justicia hondureño está avanzando en la erradicación de la impunidad.Lo instamos a hacer todo lo posible para garantizar que el juicio oral y público de David Castillo se desarrolle sin más interrupciones. Solo asegurando que este caso avance y que todos los autores intelectuales detrás del asesinato de Berta Cáceres sean llevados ante la justicia, la ley hondureña podrá afirmar que no se permitirá que el asesinato de hacer quede impune.
Respetuosamente,
Albio Sires Gregory W. Meeks
Norma Torres Joaquín Castro Juan Vargas Adriano Espaillat
