Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. La mañana de este sábado se ha confirmado un caso positivo de Covid-19 en la Penitenciaría Nacional del Valle de Támara, departamento de Francisco Morazán.
La noticia fue confirmada por la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central a través de un informe que notificó sobre las colonias y barrios capitalinos con Covid-19. En ese caso, esa dependencia ha confirmado que una privado de libertad ha dado positivo contabilizándolo como el número 140 entre el resto de los casos.
“Venia procedente de San Pedro Sula. Lamentablemente tuvo contacto con otros privados”, aseguró la presidente de familiares de Privados de Libertad, Delma Ordoñez.
Según la información trascendida, una vez que el ahora contagiado llego de San Pedro Sula, comenzó a presentar los síntomas de fiebre, tos seca y falta de dificultad para respirar, ante lo cual, las autoridades efectuaron la prueba de Covid-19 que resultó positiva.
Por lo que fue llevado a un módulo de aislamiento, posteriormente fue trasladado a un centro asistencial debido al avance de las afecciones de la enfermedad en su organismo.
Ordoñez hizo un llamado a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que proceda a otorgar las preliberaciones en peligro de ser contagiados, sobre todo, aquellos que tienen una enfermedad de base.
El nuevo caso se suma a los 2,460 que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), registró ayer viernes en un contexto de relajamiento de las medidas sanitarias del gobernante hondureño, Juan Hernández, quien en los últimos días ha concedido a sectores privilegiados de la economía la reapertura de sus actividades.
Es de contextualizar que el pasado 24 de abril, el Congreso Nacional reformó el artículo 184 de Código Procesal Penal como una medida para otorgar prisión domiciliaria a los privados de libertad en riesgo de contraer el Covid-19.
Sin embargo, la decisión legislativa plantea que esa reforma no es aplicable a personas encarceladas por delitos cometidos en grupos delictivos organizados.
En ese caso, el Legislativo ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INP) el acondicionamiento de espacios especiales con las medidas de protección adecuadas para evitar los contagios.
Cuatro días después que el Legislativo aprobara esa ordenanza de excarcelación, se presentó un deceso por Covid-19 en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, ubicada en el departamento de Santa Bárbara.
Desde entonces, los familiares de los reclusos han venido demando al Estado hondureño protocolos de convivencia carcelaria para garantizar la vida de la población privada de libertad.
