Tegucigalpa.- Nuevamente la comunidad de Punta Gorda, primer asentamiento Garífuna en el Caribe hondureño, fue el epicentro de un violento desalojo que incluyó golpes, incendios, y la detención arbitraria de seis de sus habitantes.
La condena por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y del territorio fue inmediata y la respuesta por parte del Estado de Honduras ante las acciones de integrantes de la policía y militares fue tardía.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras condenó las agresiones y detención de los seis integrantes de la comunidad Garífuna de Punta Gorda, realizado durante un desalojo ejecutado “en contravención a obligaciones de #DDHH”.
La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) calificó el desalojo del territorio ancestral de Punta Gorda como “ilegal, violenta, cobarde y racista”. La comunidad fue fundada por Garífunas el 12 de abril de 1797, antes de la firma del acta de independencia de Centroamérica en 1821.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos publicó desde redes sociales que las y los defensores Garífunas solicitaron tanto a la policía como al ejercito sacar sus pertenencias y documentación de sus casas, solicitud que les fue negada.
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La lideresa Garífuna, Karla García, destacó que para el Estado de Honduras quienes defienden sus territorios son “invasores”, mientras los extranjeros son “terceros de buena fe”, en referencia a cómo la Procuraduría General de la República se refiere a quienes han invadido los territorios Garífunas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
NO HAY REFUNDACIÓN SIN JUSTICIA PARA PUEBLOS NEGROS E INDÍGENAS
La Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza) señaló: “No hay refundación de ningún tipo sino hay justicia para los pueblos negros e indígenas”. Agregaron que los desalojos violentos realizados en comunidades Garífunas es una muestra del racismo institucional del Estado hondureño.
Desde la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (Conaminh) exigieron un alto a los despojos, y no mas persecución y judicialización de las defensoras.
Por parte del Centro de Derechos de Mujeres se condenó el desalojo violento y racista a la comunidad Garífuna de Punta Gorda a manos de la policía y el ejercito. Además, exigieron la liberación inmediata de Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Armando Martínez, Abad Gómez, Keyder Tishany Gonzáles y Luis Moíses Dolmo.
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El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) emitió un comunicado repudiando las acciones del Poder Judicial a través del Juzgado de Islas de la Bahía y las fuerzas policiales y militares.
“Las comunidades indígenas y garífunas en Honduras tenemos el derecho a que se reconozcan nuestros territorios ancestrales. Terceras personas que se digan dueñas de nuestros territorios fueron engañadas o adquirieron tierras ilegal ligítimamente”, lee el documento del Copinh.
EL DIVORCIO ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
La presidenta Xiomara Castro reaccionó tarde al desalojo argumentando que no fue informada del mismo y anunció que solicito un informe del desalojo ordenado desde el Poder Judicial. A la vez que proclamaba los derechos del pueblo Garífuna a sus tierras ancestrales.
Por su parte, la periodista Sandra Marybel Sánchez dejó claro que si bien el desalojo fue ordenado por “un juez herencia de la dictadura”, se mantienen en el “Código de la Impunidad” figuras penales como la usurpación, las que son usadas para criminalizar luchas sociales, cuya reforma o derogación es potestad del Poder Legislativo.
En la misma línea el sacerdote jesuita e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Ismael Moreno, expresó “con el debido respeto, sugerimos a la presidenta que asuma la responsabilidad de realizar remociones oportunas para contar con funcionarios competentes y cumplan con eficacia con sus funciones”.
Al medio día de hoy, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, anunció la creación de una comisión interinstitucional que visitará Punta Gorda entre el 9 y el 11 de noviembre para “la verificación de títulos de dominios plenos y útiles”. Además, instó a la liberación de las y los defensores detenidos”.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) cuestionó hasta cuando se permitirán las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones indígenas y recordó que este no es el único hecho violento que ha sufrido en los últimos años el pueblo Garífuna.
El 18 julio de 2020 fueron desaparecidos durante un operativo y en medio de un toque de queda, cuatro jóvenes Garífunas, entre ellos el presidente del patronato de la comunidad del Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida. A la fecha, se desconoce el paradero de Albert Snaider Centeno Thomas, Suami Aparicio Mejía García, y Gerardo Misael Trochez Cálix.
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En el marco del cierre de la XII edición del Foro Centroamericano de Donantes, Ofraneh denunció la amenaza de muerte contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierras del Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, en caso que no abandone dicha comunidad y cese en la lucha para la restitución del derecho del pueblo Garífuna.
