Tegucigalpa.- La conformación un nuevo Poder Legislativo está por asumir el cargo concluyendo así el periodo de cuatro años del actual Congreso Nacional dominado, en su mayoría, por diputados del conservador Partido Nacional aliado con diputados del Partido Liberal que los llevó a ser considerados el peor congreso en la era democrática de Honduras.
Tras el golpe de Estado de 2009, el Partido Nacional logró ganar las elecciones de 2010 a causa del resquebrajamiento del Partido Liberal, asumiendo el control del Congreso Nacional en ese entonces Juan Orlando Hernández. Para 2014 mediante un fraude de nuevo se impuso el Partido Nacional logrando alcanzar 43 diputados y siendo ungido presidente del Poder Legislativo Mauricio Oliva.
Para continuar con el plan de control del Partido Nacional, en 2017, de nuevo mediante un fraude electoral, lograron alcanzar 61 diputados mientras el Partido Liberal redujo a 26 y con el acompañamiento de diputados de la Alianza Patriótica, la Unificación Democrática (UD) y la Democracia Cristiana (DC) lograron superar la mayoría calificada que les permitió aprobar leyes y contratos lesivos a los intereses de nación.
Se concretó la puesta en marcha de las Ciudades Modelos que impulsó Hernández disfrazadas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), se aprobó el Código Penal que redujo las penas a delitos de corrupción y penaliza con prisión la protesta social, se votó por extinguir la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
En octubre de 2019, mediante Decreto Legislativo 116-2019 se aprobó la Ley Especial del Fondo Departamental esto blindó a diputados, funcionarios del gobierno, alcaldías, oenegés, fundaciones y organizaciones privadas, de ser acusados penalmente por drenar o malversar los recursos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no emita un informe administrativo otorgándole un plazo de tres años para presentarlo.
No satisfechos con la jugada política, se resucitó la inmunidad parlamentaria reformando el artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional impidiendo que un congresista sea acusado penal, civil o administrativamente por su función en el Poder Legislativo.
Con lo anterior y según el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), la mayoría de implicados por la fenecida MACCIH quedaron en libertad reflejando el aumento de la impunidad en el país.
Con la llegada de la pandemia de la COVID-19, se instauró las sesiones legislativas mediante la plataforma digital ZOOM que le permitió a los diputados del Partido Nacional aprobar, derogar, reformar cuanta ley y contrato se les antojó sin conocerse los diputados que participaron en cada sesión y si reunieron los requisitos que la ley establece.
En mayo de 2020, aprobaron el Decreto Legislativo 57-2020 en el que se contempló la interpretación a tres artículos del Código Procesal Penal (217,219 y 220) referente a las disposiciones de decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de un delito.
Este decreto restringió aún más las acciones de la fiscalía que ahora, para ejecutar un decomiso o secuestro de documentos, debe ser autorizado mediante orden de un juez, hecho que pudiera darle oportunidad a los implicados en ocultar, eliminar o modificar los documentos.
Asimismo, en noviembre, aprovechando un feriado nacional y un partido de futbol de interés nacional, los congresistas del Partido Nacional y Liberal se confabularon para aprobar el Decreto Legislativo 93-2021 para reformar varios artículos del reciente Código Penal concerniente a la Ley de Lavado de Activos y otras figuras jurídicas, catalogadas como la estocada final a la lucha contra la corrupción.
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EL PEOR CONGRESO DE LA HISTORIA
A consideración del diputado electo, Hugo Noé Pino, el Congreso Nacional saliente es catalogado como uno de los peores de la historia democrática de Honduras desde que se acabó los gobiernos militares en 1982.
“Desde que regresamos a los procesos democráticos nunca había visto un gobierno determinado a obstaculizar la labor de otro gobierno entrante. El Congreso Nacional actual, hasta el último día haciendo negocios en contra del pueblo hondureño para beneficiar a grupos económicos que tradicionalmente ha hecho negocio con los impuestos del pueblo”, sostuvo.
Igual valoración tiene el reconocido abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, quien considera no se podría cuantificar el daño que causó a la nación el Congreso saliente operado por el Partido Nacional.
“Ni siquiera tenemos idea exacta qué tanto daño le hizo el Congreso Nacional al país, ya podemos darle la calificación que es el peor Congreso Nacional. El partido oficialista que controlaba el congreso generó los años de peor legislatura de la historia de Honduras”, manifestó en entrevista a Criterio.hn.
Con la aprobación de contratos leoninos beneficiando a grupos de poder poderosos y las leyes que blindaron la lucha contra la corrupción, para Tábora no hay una idea exacta del perjuicio causado que incluso será pagado a largo plazo.
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INFORMES INTERNACIONALES LO CONFIRMAN
Si bien, no solo la aprobación e imposición ilegal de leyes y contratos ha empañado al Congreso Nacional saliente, en agosto de 2021, el informe Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa develó que el Poder Legislativo de Honduras se ubica en el penúltimo lugar de transparencia solo superado por la Asamblea Nacional de Venezuela.
El informe de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) que aglutina a 32 organizaciones de sociedad civil de 15 naciones de la región latinoamericana valora la existencia y efectividad de políticas y mecanismos de transparencia, así como la apertura en los poderes legislativos de Latinoamérica.
Lo anterior confirma que el Congreso Nacional, del periodo de enero 2018 a enero de 2022, es considerado como el peor Poder Legislativo de la historia de Honduras en los que se aprobó leyes que blindaron la impunidad además de aprobar la venta del territorio y la soberanía nacional a través de las ZEDE.
UN NACIONALISTA QUE SE CONVIRTIÓ EN CONTRARIO
El expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, afín al conservador Partido Nacional, se volvió adversario del gobierno de Juan Orlando Hernández y del control que este ejerció en el Congreso Nacional.
Lobo Sosa asegura que la peor catástrofe que le pasó a Honduras fue “JOH”, como popularmente se le conoce al gobernante y “sus 40” en referencia a los funcionarios directos del gobierno de Hernández sumado al nefasto papel de los diputados que respaldaron cada acción corruptiva.
“JOH+40 no aprende, le dan la derrota más grande de nuestra historia y sigue en el Congreso y en el Ejecutivo tomando medidas inmorales y algunas, además, ilegales para beneficiar a unos pocos en lugar de ayudar a nuestro pueblo a quien tanto ha hecho sufrir. ¡Vale que te vas!”, expresó.
Cabe señalar que Lobo Sosa ha sido sindicado por los Estados Unidos junto a su familia por corrupción, su hijo Fabio Lobo fue declarado culpable de delitos relacionados con la narcoactividad y su esposa enfrenta un juicio por corrupción cuando fungió como primera dama de la nación.
En la conformación del nuevo Poder Legislativo, el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) logró ser mayoría con 50 escaños, el Partido Nacional redujo a 44, el Partido Liberal menguó a 22, el Partido Salvador de Honduras (PSH) 10 y la DC con el Partido Anticorrupción 1 diputado.
La población hondureña confía que el nuevo Congreso Nacional derogue las leyes y contratos lesivos a los intereses de nación, aunque para eso necesitara el respaldo de los diputados del Partido Nacional y Nacional que han mantenido una alianza dañina.
