Tegucigalpa. A la medianoche y violentando lo establecido en la Constitución de Honduras, el Congreso Nacional que encabeza el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, ungió al abogado José Manuel Díaz Galeas y a Tomás Emilio Andrade Rodas como nuevos procurador y subprocurador de la república, respectivamente.
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El congresista Redondo, que preside una de las dos facciones que se han erigido como autoridades del Poder Legislativo, juramentó al abogado, experto en relaciones internacionales y militante del Partido Libertad y Refundación (Libre) como procurador general y a Rodas, defensor de Derechos Humanos de la Coalición Contra la Impunidad y diputado suplente del doctor Carlos Umaña, diputado del (PSH).
La Constitución de la República establece en su artículo 229 que para ser procurador o subprocurador deben reunir las mismas condiciones y requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además solo podrán ejercer el cargo por cuatro años y no podrán ser reelectos.
El artículo 309 constitucional, indica que para ser magistrado de la CSJ debe ser hondureño por nacimiento, abogado debidamente colegiado, ser mayor de 35 años y haber sido titular de un organismo jurisdiccional durante cinco años o haber ejercido la profesión por 10 años.
Asimismo, una reforma establecida en el Decreto 237-2012 del 23 de enero de 2013, refiere que para ser magistrado de la CSJ se requiere, además de los requisitos antes expuestos, ser abogado y notario debidamente colegiado
Sin embargo, ambos candidatos juramentados por Redondo no son notarios, requisito establecido por el Congreso Nacional en el 2012, cuando este poder del Estado estaba bajo el mando del expresidente Juan Orlando Hernández.
Cabe señalar que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de Honduras no establece como requisito ser notario para ocupar el cargo. (Descargue aquí la hoja de vida de Manuel Díaz Galeas).
Para el abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, no se puede violentar lo establecido en la normativa constitucional, aunque cuestiona que pese más un nombramiento de un notario que cualquier maestría o doctorado.
“Reforma del artículo 309 constitucional que agrega requisito d ‘ser notario’ para ser magistrado, fue jugada de control de JOH (como popularmente se le nombra a Hernández) sobre quienes pueden integrar la Corte Suprema. Resulta que un título de doctorado o maestría dado por universidades vale menos que el título de notario dado por la Corte Suprema. Uno de los elementos esenciales de un Estado de derecho es el imperio de la ley, si la Constitución exige ciertos requisitos para ocupar un cargo, se debe cumplir, no hacerlo es violentarla”, expuso.
Otro hecho que se violentó es que el nombramiento de los actuales procuradores, Lidia Estela Cardona y Marcia Núñez Ennabe, vacan en su periodo hasta el 29 de junio del presente año.
Lo anterior refleja otra violación porque ni Cardona ni Núñez Ennabe se han enfrentado a un debido proceso para su destitución y que, de acuerdo con especialistas en derecho constitucional, pasa por la aplicación de un juicio político celebrado en el Congreso Nacional.
El joven analista político, Rafael Jerez, también señaló que se violentó el procedimiento de audiencias públicas y evaluaciones curriculares lo que se convierte en una arbitrariedad similar a las cometidas durante los 12 años de gobierno del conservador Partido Nacional.
A criterio del abogado y militante del Partido Libre, Fausto Cálix, el nuevo Congreso Nacional se debe abstener de repetir vicios del pasado, “recuerden que hay una ciudadanía cada vez más activa auditando la función pública”, señaló.
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LIBERALES Y NACIONALISTAS APROVECHAN COYUNTURA
En medio de la polémica, los conservadores Partido Liberal y Partido Nacional, que desde el golpe de Estado de 2009 han mantenido un maridaje en el Congreso Nacional aprobando leyes que fomentan la corrupción, han aprovechado la coyuntura para señalar las arbitrariedades de sus adversarios políticos.
Mediante un comunicado, rechazaron la juramentación en el cargo de procuradores de Galeas y Rodas, al tiempo que exigen solucionar la crisis política que tiene dividido y con dos Juntas Directivas al Poder Legislativo.
“Rechazamos que los partidos Libre y PSH hicieran esta elección inobservando que los elegidos no cumplen con uno de los requisitos que exige la Constitución de la República para el cargo. También, hacemos énfasis que esta elección se ha producido a la media noche, a espaldas del pueblo, una práctica que los hondureños siempre hemos rechazado y paradójicamente, los protagonistas que ahora tienen el poder político criticaron durante la campaña”, detalla parte del documento del Partido Liberal.
Por su parte, el Partido Nacional, que irónicamente implementó estas prácticas por 12 años, exhortó al Partido Libre “no continuar cometiendo arbitrariedades”.
El reconocido abogado y vicealcalde del Partido Libre de la ciudad de San Pedro Sula, Omar Menjívar, recomendó al Congreso que preside Redondo abstenerse de seguir aprobando leyes y nombramientos mientras no se resuelva la crisis política al interior de este poder del Estado.
“Mi recomendación respetuosa e impregnada del más profundo amor patrio, es que por ahora el Congreso Nacional se abstenga de aprobar decretos, en tanto no se resuelva la innegable crisis institucional que vive, indistintamente de cuál porción de diputados apoyemos, unos u otros”, apunto Menjívar en sus redes sociales.
Cabe indicar que el Poder Legislativo se encuentra al mando de dos facciones del Partido Libre, una que preside Redondo con el apoyo del PSH y la venia de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y otra por 17 diputados insurgentes que lidera el congresista Jorge Cálix, quien cuenta con el respaldo de los diputados del Partido Nacional y la mayoría del Partido Liberal.
