Tomado de: Conexhion.hn
Tegucigalpa.- Poco más de un año ha pasado después de que un grupo de altos mandos militares rodearon la comunidad indígena de Reitoca, al sur de Francisco Morazán, montando un fuerte operativo de represión de los pobladores, que se oponen a la puesta en marcha de la represa hidroeléctrica de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (PROGELSA), una obra construida sin la consulta de la comunidad.
Tras una serie de agresiones los pobladores interpusieron las denunciadas ante la Fiscalía Especial de las Etnias y el Patrimonio, pero la Secretaría de Defensa inició proceso de ocultamiento y protección de las identidades de altos mandos militares responsables del operativo efectuado el 30 de enero de 2018.
Amparados en la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con Seguridad y Defensa Nacional conocida como “Ley de Secretos” y la resolución 73-2009 otorgada a la Secretaría de Defensa, por el Instituto de Acceso a la Información Pública, dicha institución mantiene reservada la información no solamente al público en general, sino que además interfiere con el acceso a la justicia de las comunidades indígenas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, retrasando las investigaciones entre instituciones gubernamentales.
“Dicha información se encuentra supeditada a una solicitud y orden de desclasificación autorizada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad solicitada por el ente requirente, esto con miras a salvaguardar la responsabilidad penal, civil o administrativa que conllevaría la infracción de las normas supra relacionadas”, indica textualmente el oficio AJMFFAA-2121-018 del 16 de octubre de 2018, firmado por el Auditor Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, José Estanislao Martínez López y recibido por el Ministerio Público el 19 de octubre de 2018.
Los defensores del ambiente del municipio de Reitoca del departamento de Francisco Morazán, han ejercido una lucha de defensa del Río Petacón desde el año 2016, donde la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (PROGELSA) construyó una represa hidroeléctrica, fue en el mes de enero del 2018 cuando los pobladores montaron su campamento de defensa en el lugar 15 días después fueron reprimidos por fuerzas policiales donde resultaron heridos dos defensores indígenas.
Como procedimiento de la investigación el Ministerio Público solicitó a la Secretaría de Defensa los nombres de los agentes de la Policía Militar que participaron en el operativo militar donde resultaron agredidos los defensores del ambiente, en respuesta a dicho caso la Secretaría de Defensa invoca la Ley de Secretos al negar información.
El Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) tuvo acceso a la nota que giró la secretaría de Defensa sobre información que solicitó el Ministerio Público en el caso del río Petacón en el municipio de Reitoca.
Documentos que textualmente expresa: “el MP solicita mediante oficio N0. 1430-2018 “A la brevedad posible proceda remitir un informe detallado sobre los hechos ocurridos en Reitoca y Lepaterique… específicamente donde la Empresa PROGELSA se encuentra ejecutando el proyecto Hidroeléctrico de nombre “El Petacón” … debiendo de acompañar específicamente el listado con nombres y apellidos de todo personal militar que participó en dicha actividad”.
Empantanados y sin justicia
“En la Ley del Ministerio Público hay una reforma del 2014 que impide a los funcionarios del MP a dar información salvo que sea autorizada por el fiscal general, eso es sumamente grave sobre todo por ser fuentes periodísticas y no sólo en el MP hay muchas instituciones que está pasando lo mismo”, enfatizó Tábora.
“Si bien es cierto uno de los problemas que tiene nuestra Ley de Transparencia es que no tiene de seguridad nacional, ninguno de los conceptos sobre lo que se puede restringir no está en la ley entonces aquí hay una violación a los principios de legalidad porque lo deja a la interrelación de los funcionarios”, finalizó Tábora.
En declaraciones para Conexihon.hn el defensor del río Petacón, Magdaleno Flores García, sostuvo que “desde los últimos meses del año 2016, iniciaron con la gente nos unirnos a esta lucha desde que nos dimos cuenta que esta empresa PROGELSA, cuyo el gerente Jack Arévalo Fuentes, estaba desmontando los cerros, la aldea La Guadalupe, Guacamaya hasta un caserío El Limón eso equivale a 4 kilómetros lo que ellos nos arruinaron en Reitoca y por eso iniciamos en este proceso de lucha para tratar de evitar la destrucción que estaban haciendo iniciamos el control territorial, desde el inicio del 2017 hicimos una acción en la carretera de la Venta comunicamos a toda la población y a las autoridades”.
Magdaleno agregó, que luego se presentaron ante el Ministerio Público presentando denuncia en contra de la empresa PROGELSA, eso fue en marzo 2017, pero hasta el momento tal denuncia no procedió. “No hicieron ninguna investigación estamos ahora en 2019 terminando el año y todavía no avanzado esta demanda que hicimos”.
“Continuamos con las reuniones sobre que poder hacer visitamos las oficinas de Medio Ambiente al Congreso Nacional, MACCIH, Ministerio Público, visitamos todos los entes que son los encargados, pero han hecho oído omiso a nuestras demandas nuestras peticiones y por tal razón la población de Reitoca inicio con el control territorial y la empresa tuvo que pararse”.
Entre el 15 de enero del 2018 y el 30 de enero hubo una fuerte represión por parte del coronel a quienes los pobladores identifican con el apellido de Salgado, “llegó sin ninguna orden de desalojo llego a golpear a la gente a mi persona me agredió por quererme quitar mi cámara, me dejó dislocada la mano izquierda e hirió de bala a la compañera Mirian [Osorto] y a Abelino [Gutiérrez]”.
“Por tal razón, nos presentamos el 2 de febrero al Ministerio Público a presentar la denuncia contra dos tenientes, esta no ha procedido a causa de que el general encargado de la Secretaría de Defensa dice que el dar los nombres de las personas que participaron en la agresión es información reservada y por tal razón no la pueden entregar razón por la cuál los investigadores del Ministerio Público no pueden avanzar en la investigación”, enfatizó Magdaleno.
La defensora de Reitoca, Miriam Osorto, recuerda que han transcurrido “más de tres años en lucha en Reitoca, el 15 de enero se hizo el campamento y el 30 de ese mes fuimos agredidos por lo militares, ese día yo llegué al campamento tenía 15 minutos de haber llegado estaban tirando bombas lacrimógenas y después disparando, los militares estaban desde la mañana yo llegue como a las fue cuando me dispararon en mi pierna izquierda luego fui llevada al Hospital Escuela con dos compañeros allí me atendieron”.
Osorto agregó, “Después como al mes quince días me hicieron una cirugía en un hospital privado y así me ido recuperando no del todo lo que pasa que no me queda de otra que aguantarme, pero yo sé que con Dios he tenido y voy a tener la recompensa, dicen los de la empresa que somos vándalos pero tampoco me interesa porque Dios me conoce soy un mujer de trabajo tengo dos hijos y pues allí vamos pero siempre en la lucha nada para atrás porque Dios siempre nos da la fuerza”.
“He tenido dificultades en mi pierna es algo que no es normal pero allí vamos en la lucha siempre, en esta lucha me ha tocado dejar a mis dos hijos vivo con una tía con 88 años algunas compañeras me dicen que no ande en la lucha por lo que me pasó yo les digo que confío en Dios, dejamos los quehaceres de la casa yo vendo pan nacatamales tamalitos no me da pena decirlo yo sé que con eso me honro, con eso llevo los alimentos a mi casa, tanto para mis hijos como para mi tía, invito a las demás mujeres les digo vamos a las reuniones vamos apoyemos que es algo muy justo, en Reitoca hay bastantes mujeres que apoyan, claro que en algunas participan unas en otras van otras mujeres como una de mujer tiene que hacer todo en la casa”, enfatizó.
Además, exigió que los militares que nos agredieron es que vayan presos. “porque nos agredieron injustamente y con los compañeros judicializados me duele porque yo sé que son inocentes, y los militares que han ido a hacer y deshacer allá en Reitoca y nos han agredido ellos si bien gracias, en Honduras así estamos y el Ministerio Publico solo es paja igual los de medicina forense, yo he ido a medicina forense y no da respuesta en un año y medio”.
Otro de los agredidos en defensa del río Petacón es el defensor Andrés Sabino Gutiérrez, recuerda que estába en el pueblo, cuando le llamaron los compañeros, para advertir que había llegado la policía militar a desalojar, sin ninguna orden, “acudimos al cerro, cuando llegamos ya los habían gaseado, el coronel Salgado agarró al compañero Magdaleno del cuello, queriéndole quitar la cámara, entonces le dije que no lo fuera a tocar pues entonces me dijo él pues con vos entonces le dije yo -que nosotros no veníamos a pelear, entonces, dispararon y fue cuando vi a la compañera herida de bala, entonces le dije yo -¡mira te cagaste en una mujer!- y él respondió pues con vos… Después se abalanzó y me quiso agarrar del cuello, yo me hice para atrás y me disparó en la mano derecha. Ahora sí venite, venite, -expresó el militar burlonamente-, porque me vio tirado, de ahí me llevaron al Hospital Escuela” detalló.
“Pusimos denuncia en el Ministerio Público, pero en nada ha quedado. Nosotros hemos sentido que el gobierno no está haciendo nada, pero si hubiéramos sido nosotros que hubiéramos agredido a los policías ya estuviéramos presos, pero como fueron los policías que nos agredieron no han hecho nada. Ahora nos anda persiguiendo el Gobierno, entonces no es justo que solo a los descalzos anden judicializando. Exijo justicia en nuestro caso y que los policías que nos agredieron paguen”.
Recurso de amparo por denegatoria de información
Ante la negativa de acceso a información por parte de la Secretaría de Defensa los dos defensores y una defensora agredidos en dicha represión en conjunto con Mario Rojas, abogado de C-Libre, presentaron el reciente mes de septiembre un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para exigir les brinden los nombres de los integrantes de la Policía Militar que participaron y agredieron a los y la defensora del ambiente de Reitoca.
Al respecto, Rojas explicó que el amparo es a favor de tres víctimas que sufrieron violación a los derechos humanos en la comunidad de Reitoca, este amparo tiene que ver porque el Ministerio Público solicitó al Estado Mayor Conjunto que le facilitara los nombres y apellidos de los militares que participaron en ese desalojo violento en Reitoca en el 2018, el Estado Mayor Conjunto respondió que no podía facilitar la información de los agentes militares porque se amparaba en la Ley de Secretos es en ese sentido que la investigación del Ministerio Público no ha podido avanzar más allá de las diligencias previas”.
“Es por eso que al ser notificadas las víctimas hemos decidido presentar un amparo por el derecho al acceso a la información pública y también por el acceso a la justicia porque al no entregar el Estado Mayor Conjunto la información solicitada por el Ministerio Público se violentó primero el derecho a acceso a información pública porque esa es información pública”, puntualizó Rojas.
Rojas, añadió “la Sala tiene que responder a favor a nuestro recurso y ordenar al Estado Mayor Conjunto que entregue la información solicitada por el Ministerio Público. Este amparo es determinante en un caso emblemático si la sala no resuelve a favor de nosotros para presentar un precedente para que los militares y los entes represores puedan seguir violentando los derechos de las personas sin ninguna responsabilidad”.
Por otra parte, Magdaleno, enfatizó en que espera que con ese recurso de amparo se dé la orden para puedan facilitarla documentación y así la investigación pueda avanzar. En octubre del 2018 la empresa PROGELSA presentó una demanda en contra de, Wilmer Otoniel Alonso y José Orlando Rodas, ellos la presentaron en octubre 2018 y en el mes de noviembre ya tenían orden de captura es decir “para los ricos que tienen el poder no hay una ley que pueda mandarlos a la cárcel más bien se ordena esconder la documentación para que la investigación no siga, pero para la gente que defiende su propio derecho para ellos hay una completa injusticia y hay violentan los derechos humanos de los Pueblos Indígenas Lencas”.
El Instituto de Acceso de la Información Pública ha otorgado cerca de 40 resoluciones donde beneficia a instituciones gubernamentales para reservar información como clasificada, entre las cuales se encuentra la Secretaría de Defensa.
El Contrato
En 2015, el Congreso Nacional aprobó más de una docena de proyectos energéticos con muchos incentivos y sin tomar en cuenta las condiciones financieras de la estatal de energía como comprador y de las comunidades donde se realizarían.
Uno de esos proyectos, fue a la empresa Promotora de Energía Limpia (Progelsa), autorizada para construir la Planta Hidroeléctrica Río Petacón, localizada en la aldea de Guadalupe, municipios de Reitoca y Lepaterique, departamento de Francisco Morazán.
Petacón tendría la capacidad de generar 14.80 megavatios (4.800 kilovatios de potencia), para vender a la ENEE y a los países vecinos a través del sistema de interconexión eléctrica regional.
El contrato, aprobado con 55 votos legislativos, tiene una duración de “50 años” y no establece un precio base de la venta de la energía. “Su duración (contrato) será de cincuenta (50) años contados a partir de la entrada en vigencia del presente contrato, pudiendo ser renovado o prorrogado a su vencimiento”, señala el decreto No. 73-2016.
El contrato, que inicialmente fue negociado en 2014 por las autoridades de la ENEE y Progelsa, permite la cesión de la represa y la posible venta al gobierno al término del mismo. El proyecto está semiparalizado por las protestas de la comunidad, que estiman que no aprobaron la construcción de la represa.
El contrato también agrega 14 cláusulas y condiciones. La Cuarta reza: “La Secretaría, concede al CONTRATISTA el derecho de explotación de las aguas del Río Petacón, con la condición de que éste respete el caudal ecológico del mismo, para llevar a cabo el Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón”.
La Quinta cláusula destaca que “este Proyecto Hidroeléctrico se considera para ser operado con presa de regulación, ya que el Río Petacón mantiene un caudal constante en la época de invierno y verano se considera que condicionando el Proyecto Hidroeléctrico a mantener un caudal ecológico y demás usos no afectará su efectividad operativa”.
De acuerdo con los pobladores, que incluye una población lenca en Reitoca, la empresa Progelsa ha desviado el cauce del río, en la zona donde empezaron la construcción de las cortinas de concreto, con efectos directo al medio ambiente y la salud.
La empresa Progelsa asegura que cumple con todos los requisitos técnicos y legales y no afectan a las comunidades. También tienen el respaldo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que pide el apoyo estatal de seguridad pública al proyecto y el respeto al contrato.
El contrato fue firmado por José Antonio Galdámez Fuentes, Secretario de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, y Jack Arévalo Fuentes, presidente del Consejo Administrativo de la Sociedad Mercantil Promotora de Generación de Energía Limpia, S.A. (PROGELSA).
