Tegucigalpa.- Con la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Honduras está a las puertas de una crisis de derechos humanos y territoriales con implicaciones humanitarias y proporciones épicas, más grande que la del golpe de Estado de 2009 y la postelectoral de 2017, advirtió este martes la Coalición Contra la Impunidad (CCI).

Esta crisis a la que se avecina el país es promovida por sectores de una élite política y económica vinculados al narcotráfico, a la corrupción y que son “responsables de promover la política de despojo territorial y privatización de los bienes”, señalaron dirigentes de las organizaciones que conforman la CCI en conferencia de prensa.

El mega proyecto de las ZEDE que impulsa esa élite política y económica vinculada al Partido Nacional atenta contra la soberanía nacional y pone en peligro a las poblaciones vulnerables, alertaron.

Además, agudizará “significativamente” la crisis estructural, con la mercantilización y privatización de bienes comunes y públicos; la crisis histórica, con el fortalecimiento de un Estado oligárquico; y la crisis ecosocial, con la destrucción y contaminación del medio ambiente.

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Según la CCI, estas crisis se profundizarán en cinco vías, entre ellas el sistema  de recaudación fiscal autónomo, que impactará en la recaudación de fondos para el financiamiento de la política pública; y en el sistema judicial autónomo, “que servirá como zona de refugio a sectores de la élite económica y política señalados por sus nexos a la economía del narcotráfico y corrupción”.

Además, impactará en el sistema policial autónomo y en el sistema propio de registro de tierras, que despojará de estas y de bienes comunes naturales “a cientos de comunidades indígenas, garífunas y agrarias que por siglos y décadas han ocupado esos espacios”. Y finalmente, en un sistema político que desconoce las leyes nacionales y tratados internacionales en materia ambiental, género, laboral, LGTBIQ, niñez, familia, entre otros”.

La CCI expresó su indignación de que “el Estado siga promoviendo planes de desarrollo que priorizan formas de concesionamiento territorial y expropiación forzada de tierras, que estarán en manos del capital extranjero que además tendrá “el control a gran escala sobre los principales medios de vida de las comunidades: tierra, agua, bosque, mar y playa”, por lo que “se profundizará la migración interna, externa y desplazamiento forzados en un contexto territorial marcado por la pobreza y el desempleo”.

El mayor impacto de la ZEDE lo recibirán “sectores históricamente excluidos de las políticas neoliberales y extractivistas, que a lo largo de las últimas décadas han posicionado una serie de alternativas y salidas para que el Estado gestione procesos de desarrollo incluyentes desde un enfoque de derechos”.

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De allí que les preocupa la violencia que puedan sufrir las personas que defienden el territorio y las que luchan contra la trata de personas y explotación sexual de mujeres y niñas “en territorios cercados por el capital, la discriminación y explotación hacia personas de la diversidad sexual, la falta de reconocimiento de los derechos laborales (sindicalización) y el cercenamiento de los derechos de la familia y la niñez con relación al acceso a la educación, salud y convivencia sana”.

Las ZEDE no son el instrumento para generar empleo y combatir la pobreza, enfatizó la Coalición, pues estos proyectos se instalarán en zonas menos pobres y con bajos niveles de desempleo.

“En ese sentido, preocupa que sean instaladas en las regiones con mayores capacidades económicas, abundancia de bienes comunes naturales, zonas turísticas, presencia de pueblos indígenas, principales zonas de reserva y áreas protegidas y, zonas territoriales controladas por el narcotráfico y el crimen organizado”, añadieron.

Consideran que, en definitiva, el proyecto de las ZEDE será instalado en zonas donde el Estado no tiene una alta presencia económica y política, lo que significará “en el corto y mediano plazo, nuevos enclaves y políticas neocoloniales en el territorio hondureño”.

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Por lo tanto exigieron al sistema de justicia declarar inconstitucional la Ley Orgánica de las ZEDE y al Congreso Nacional derogarla.

“Las principales fuerzas populares contra las ZEDES debemos emprender un fuerte proceso de lucha nacional y territorial” de forma “estratégica y articulada”, además de desarrollar alternativas políticas y económicas para la generación de empleo y combate a la pobreza, “desde la mirada de las comunidades y organizaciones, sin poner al servicio del capital extranjero los principales medios de vida de las personas”, puntualizaron.