Tegucigalpa.- El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), y el Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC-sj), han realizado una acción de solidaridad con los defensores de Guapinol a la espera que la resolución del tribunal que conoce el caso, sea dejarlos que se defiendan en libertad.
Las organizaciones se plantaron desde la mañana de este miércoles frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, denunciamos públicamente ante la comunidad nacional e internacional que la Sala de lo Constitucional, continúa negando la justicia a los ocho defensores.
Los defensores de Guapinol son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez.
Denuncian también que la defensa técnica legal de los defensores presentó ante este máximo órgano jurisdiccional el pasado 11 de agosto de 2021 la petición de resolución de los amparos interpuestos el 24 de agosto de 2020, y el 07 de abril 2021, en reclamo de tutela ante la gravedad manifiesta en ambos recursos del ejercicio indebido de la administración de justicia, vulnerando el derecho de los defensores a un juicio justo sin dilaciones indebidas y con apego al principio de legalidad.
Hasta hoy 27 de octubre de 2021, los magistrados de la Sala Constitucional continúan negándose a resolver las acciones de amparos interpuestos.
Sin embargo, el Estado de Honduras en cumplimiento a sus obligaciones de Alta Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo pedido por el Consejo de Derechos Humanos en la Resolución A/HRC/WGAD/2020/85 debe: adoptar sin dilación las medidas necesarias para remediar la situación de privación de libertad arbitraria en la que se encuentran los ocho defensores, lo cual significaría ponerlos inmediatamente en libertad.
Las organizaciones señalan además que la Sala de lo Constitucional es responsable de no prolongar la tortura judicial emanada de este poder del Estado contra los 8 defensores detenidos arbitrariamente y sus familias.
Por lo tanto, en este contexto de incertidumbre judicial, se espera que la resolución de la audiencia de revisión de medidas celebrada el martes 26 de octubre, sea favorable para que los defensores criminalizados por más de dos años se defiendan en libertad, que en derecho corresponde y que significaría el comienzo para avanzar hacia la justicia en el caso de los defensores severamente violentados por el Estado.
Exigen que el Juicio Oral y Público citado para el mes de diciembre, permita la presencia de observadores nacionales e Internacionales en el proceso judicial, con el fin de garantizar la transparencia y el cumplimiento de otras obligaciones en materia de derechos humanos.
Finalmente piden que la Corte Suprema debe garantizar a los familiares y demás defensores de derechos humanos, una transmisión simultánea en video y audio, con el fin de hacer transparente un proceso judicial propio de un país miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
