A pesar de las amenazas, comunidades de Tocoa se mantienen firmes en su oposición a la termoeléctrica Ecotek, pidiendo ser escuchadas en el periodo de prueba judicial
Tegucigalpa, Honduras. – En un contexto marcado por la defensa del Parque Nacional “Carlos Escaleras” y el reciente asesinato del defensor ambiental Juan López, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa ha solicitado formalmente que el periodo de prueba abierto por la Sala de lo Constitucional, que culmina el 8 de noviembre de 2024, no se considere cerrado hasta que se hayan escuchado las declaraciones ofrecidas por los miembros del Comité en calidad de prueba testimonial
“Hemos solicitado como Comité la presentación de pruebas testimoniales, y hasta ahora no hemos logrado que se escuchen los testimonios de quienes son directamente afectados”, afirmó Limbor Velásquez, miembro del Comité de los Bienes Comunes de Tocoa. La situación es crítica, ya que la planta termoeléctrica Ecotek, a base de coque de petróleo, no está operando aún, pero su construcción ha tenido repercusiones negativas en el medio ambiente.
El CMBCPT resaltó las condiciones a las que están sometidos al convivir con un complejo industrial cuyas emisiones de coque de petróleo son altamente contaminantes. Esta situación se agrava por los efectos acumulativos no medidos ni controlados por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), lo que ha llevado a que sus hogares ya se vean afectados por la ilegal Planta Peletizadora de Óxido de Hierro del grupo EMCO.
Además, señalaron el grave deterioro de su entorno natural, evidenciado por el secado del Río Guapinol en casi dos kilómetros durante los últimos dos años, lo que ha impactado tanto a la comunidad local como a la biodiversidad que depende de este recurso vital, que ha sido atribuido a la perforación de pozos realizada por el grupo EMCO. “Se han perforado al menos siete pozos para abastecer a la planta, lo que ha causado que el río Guapinol se seque completamente”, denunció Velásquez.
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DICOTOMÍA ENTRE EL DISCURSO Y LAS ACCIONES ESTATALES
A pesar de las declaraciones oficiales que abogan por la prohibición de la minería a cielo abierto y la defensa de un medio ambiente saludable, las acciones del Estado parecen contradecir estos principios al promover una planta eléctrica que utiliza coque de petróleo como solución a la problemática energética de Tocoa. Su principal promotor ha sido el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina.
Este proyecto, lejos de abordar las necesidades energéticas de manera sostenible, se alinea más con intereses corporativos que priorizan el beneficio económico sobre la salud y el bienestar de las comunidades afectadas.
Para Rita Romero, representante legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, este proyecto –uno de los siete componentes del Grupo Emco, hasta hace muy poco presidido por Lenir Pérez— se presenta como una “solución” a la problemática energética de la región, pero que en realidad está diseñado para abastecer la planta de peletizado de óxido de hierro, cuyo producto será exportado a mercados internacionales bajo un régimen de zonas libres. Es decir, lejos de abordar las necesidades energéticas de manera sostenible, se alinea más con intereses corporativos que priorizan el beneficio económico sobre la salud y el bienestar de las comunidades afectadas.
En ese sentido, la abogada Romero denunció que, a pesar de los riesgos evidentes, el Estado continúa promoviendo el proyecto, mientras se criminaliza a quienes defienden los derechos ambientales en la zona.
Bajo este panorama, la abogada cuestionó la dicotomía en el discurso estatal sobre la protección de los derechos humanos y la participación ciudadana, señalando que mientras se proclama un compromiso con estas causas, en la práctica las autoridades permiten que proyectos destructivos avancen sin las licencias ambientales necesarias.
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IMPOSICIÓN DE TERMOELÉCTRICA
El alcalde de Tocoa, Adán Fúnez ha recurrido en reiteradas ocasiones a la utilización de la figura del cabildo abierto en un intento por imponer el proyecto de la termoeléctrica Ecotek. Fúnez en lugar de promover un diálogo genuino y una consulta inclusiva, ha manipulado el proceso para favorecer los intereses del Grupo EMCO y su proyecto basado en coque de petróleo.
El último intento lo realizó el 13 de junio de 2024, cuando Fúnez impuso el controvertido proyecto termoeléctrico, ubicado a escasos metros del río Guapinol, a través de un cabildo abierto que ha sido catalogado como ilegal y arbitrario sin dar cabida a la protección del medio ambiente ni a la democracia participativa.
Un día antes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de junio de 2024, decretó la suspensión cautelar del cabildo abierto ante un recurso de amparo presentado por el CMDBCPT para evitar el desarrollo del cabildo abierto, sin embargo, debido a la notificación tardía, dicha consulta se llevó a cabo el 13 de junio.
Debido a la resolución de la Sala de lo Constitucional las decisiones impuestas en el referido cabildo quedaron en suspenso.
La oposición a los proyectos extractivos en Tocoa, ha cobrado un alto precio en vidas humanas, con varios defensores ambientales asesinados en los últimos años. El caso más reciente es el de Juan López, coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCPT), asesinado hace 52 días, el 14 de septiembre de 2024.
López, reconocido por su lucha contra la minería a cielo abierto y en defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos, se suma a una lista trágica que incluye a Aly Domínguez, Jairo Bonilla y Oquelí Domínguez
Estos crímenes, que permanecen en gran medida impunes, subrayan el peligro extremo que enfrentan los activistas ambientales en Honduras, considerada una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente.
