Pobladores de El Achiotal, con apoyo del Copinh, interpusieron denuncias ante la CSJ y el Ministerio Público contra tres jueces acusados de emitir fallos contrarios a la ley, afectando a 38 miembros de la comunidad
La comunidad indígena arrastra desde 2014 un proceso de criminalización y judicialización que fue reactivado en 2019
Tegucigalpa, Honduras. – La comunidad indígena lenca de El Achiotal interpuso este viernes denuncias ante el Poder Judicial y el Ministerio Público contra tres jueces del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, por supuestos abusos de poder en sus resoluciones.
La jornada inició con un plantón a las 10:00 de la mañana frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se interpuso una denuncia formal ante la Supervisión General del Poder Judicial contra los jueces Marell Alejandro Suazo Avilés, Carlos Rolando Alemán Rodríguez y Víctor Antonio Calix Ponce.
Francisco Lemus, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), explicó que mediante las resoluciones de los togados se habría cometido abuso de poder dejando en la indefensión a 38 miembros de la comunidad, acusados bajo las figuras de usurpación y roturación de terreno de vocación forestal.
Después de la 1:00 de la tarde, los pobladores de El Achiotal, en compañía del Copinh, se trasladaron a las oficinas del Ministerio Público para presentar otra denuncia contra estos tres jueces por prevaricato judicial y discriminación.
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“El prevaricato es un delito cometido por autoridades judiciales que dictan resoluciones injustas, sabiendo que son contrarias a la ley. Esta práctica es una forma grave de abuso de autoridad, porque implica que quienes deben garantizar justicia, la manipulan para favorecer intereses particulares”, explicaron desde el Copinh.
Dunia Sánchez, integrante del Copinh, señaló que la comunidad de El Achiotal tiene años de sufrir el despojo de su territorio, y que los jueces señalados estarían favoreciendo intereses empresariales, a la vez que violentan los derechos de las comunidades.
Sánchez manifestó que los procesos de criminalización contra los integrantes de El Achiotal datan desde 2014, el cual fue cerrado y posteriormente, en 2019, fue reabierto, acciones que han perjudicado y violentando los derechos de la comunidad.
PIE DE FOTO: Dunia Sánchez, integrante del Copinh, manifestó que existe una discriminación sistemática ejercida por operadores de justicia contra la población indígena.
A través de un comunicado, el Copinh exigió que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sancione a quienes, desde el Poder Judicial, violan derechos, despojan y discriminan.
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El Achiotal, junto a las comunidades lencas de Potrerillos y La Tigra en Siguatepeque, Comayagua, presentaron en junio de 2025 el noveno recurso de inconstitucionalidad ante la CSJ contra el uso de cuatro artículos contenidos en el Decreto-93-2021, mediante los cuales se criminaliza la defensa del territorio a través de la figura de “usurpación”.
