Foto portada: La comunidad garifuna en una de sus manifestaciones, exigiendo sus derechos frente al Ministerio Publico en Tegucigalpa. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa.- La población garífuna de San Juan en Tela, ubicada en la costa norte de Honduras, anunció que ninguno de sus integrantes participará en la visita in situ que realizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) entre el lunes 29 y miércoles 31 de mayo.
El motivo de la decisión fue expuesto a través de un comunicado en el que señalaron los antecedentes que tuvo ese mismo tipo de giras en los casos de las comunidades de Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, y Punta Piedra en Iriona, Colón, en los que se reconoció a los terceros un derecho.
Acción que “agravó la conflictividad, amenazas, y hasta la desaparición de garífunas, lo anterior en vista de que los terceros invasores se sintieron legitimados y reconocidos por la Corte Interamericana”, lee el documento que fue firmado por integrantes del patronato de la comunidad de Durugubuty Bey Bey, como se llama la comunidad en lengua garífuna.
La población estableció que ante los antecedentes de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, se suman los ataques, amenazas y campañas de odio por parte de los terceros en contra de los liderazgos, dirigentes y comunidad en general.
Agregaron que la decisión fue tomada en una asamblea, celebrada el pasado 20 de abril de 2023, donde la población habría determinado por unanimidad no aceptar la visita in situ por lo que, durante la diligencia, ellas y ellos se mantendrán en sus hogares y centros de trabajo.
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Entre los considerandos del comunicado del patronato firmado y fechado el 25 de mayo, se incluye que la decisión del Tribunal regional de incluir en su agenda la participación “de los invasores de nuestros territorios”, así como “alegatos”, es improcedente puesto que no forman parte del juicio.
Al respecto, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) mediante un tuit señaló que la decisión se basaba en la inclusión de lo que la Procuraduría General de la República llama “terceros de buena fe”, así como la intromisión del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
LA SOLICITUD DEL COHEP A LA CORTE-IDH
El pasado 9 de mayo, según un documento publicado por la Ofraneh, el Cohep se dirigió al secretario ejecutivo de la Corte-IDH, Pablo Saavedra Alessandri, a quien solicitaron que “en virtud de la próxima visita in situ de la Corte Interamericana a Honduras, que trae por objeto visitar las tierras o territorios en disputa, el COHEP se ve en la necesidad de solicitar a este Tribunal ceder un espacio para que las personas que se verían afectadas con dicha resolución puedan ser escuchadas y poder acompañar la documentación que consideren oportuna, por conducto del COHEP”.
Señalaron su “preocupación” que como representantes de la empresa privada en Honduras no hubiesen recibido comunicación por parte del Estado sobre la visita in situ, alegando que existe preocupación entre “los terceros poseedores de buena fe” de no ser escuchados y que la resolución afecte sus intereses.
Lo cierto es que, desde julio de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una serie de medidas cautelares a favor de la comunidad garífuna de San Juan, en la que solicitó al Estado de Honduras proteger la vida y la integridad de los liderazgos y el derecho de propiedad de la comunidad sobre estas tierras.
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Así como: “evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que pueda afectar los derechos que se desprenden de la propiedad ancestral de la comunidad beneficiaria, hasta tanto los órganos del sistema interamericano adopten una decisión definitiva con respecto al presente caso”.
LAS CONTINUAS Y DESATENDIDAS DENUNCIAS DE LOS GARÍIFUNAS DE SAN JUAN
La población garífuna de San Juan se ha pronunciado constantemente denunciando que los terceros no han respetado y el Estado no ha hecho cumplir las medidas cautelares dictadas por la CIDH en 2006. Una de estas últimas movilizaciones de la comunidad sobre el tema fue realizada el pasado 10 de mayo, cuando se trasladaron hasta las oficinas en la capital hondureña de la Procuraduría General de la República donde exigieron nuevamente el respeto de las medidas cautelares en tanto no exista una resolución de la Corte.
Durante esta movilización, el integrante de la Ofraneh, Rony Castillo, remarcó que contrario a la “campaña de odio” que ha sido impulsada, la comunidad garífuna no está en disputa con los habitantes de los barrios que se establecieron, sino con quienes han tomado los terrenos para construir complejos habitacionales y turísticos, a la vez que afirman que “esos negros no tienen derecho”, mientras levantan “guetos” y procuran un “apartheid” en el territorio ancestral de los garífunas.
En diciembre de 2022, la coordinadora de la Ofraneh, Miriam Miranda, denunció una campaña de odio racial impulsada supuestamente por empresarios contra la comunidad garífuna de San Juan, en la Bahía de Tela, en el Caribe hondureño. Desde Twitter, la lideresa señaló que el propósito de la misma era desestimar el caso de la comunidad de San Juan ante la Corte Interamericana.
Previamente, en julio del mismo año, Miranda también denunció la intensificación del ecocidio en la Bahía de Tela mediante el relleno de la laguna de Los Micos para la construcción de complejos habitacionales.
De interés: Alertan sobre campaña que instiga al odio racial contra Garífunas de San Juan, Tela Actualmente, la Corte-IDH conoce el caso de la comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras, la cual se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé, así como las amenazas contra varios de sus líderes y lideresas.
