Durante dos semanas la Comisión Especial de Congreso Nacional estará realizando audiencias con diferentes actores sociales y políticos, para que estos conozcan el contenido del proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
Tegucigalpa, Honduras. -La Comisión Especial presidida por el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) Hugo Noé Pino ha iniciado la agenda para socialización de la Ley de Justicia Tributaria.
La primera reunión de la Comisión Especial contó con la presencia del director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR) Marlon Ochoa y autoridades de la Administración Aduanera (Aduanas), quienes se encargaron de explicar en qué consiste el proyecto de Ley Tributaria.
En ese sentido, el presidente de la Comisión Especial Hugo Noé Pino explicó que los directores del SAR y de Aduanas, los han ilustrado los diferentes aspectos de la Ley de Justicia Tributaria. Además, han iniciado un diálogo amplio con los diputados que integran la comisión.
El legislador precisó que, durante dos semanas estarán realizando audiencias y estas van a ser televisadas y también se trasmitirá a través de las redes sociales, de tal forma que los hondureños puedan conocer de qué se habla en la comisión.
“Son bastante obvios los abusos que se han dado, no solamente en la concesión, sino también en el manejo de las exoneraciones en el país; y estos abusos se incorporaron en el diseño de las leyes legalizando así la corrupción y por eso es necesario establecer un mecanismo que simplifique a través de dos regímenes especiales, un registro único y otras buenas medidas que contiene la ley”, dijo.
Precisó que, la Comisión Especial espera aclarar mucha de la desinformación que hemos podido ver en diferentes ámbitos sobre el contenido y el alcance de esta ley.
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La socialización comenzará este próximo lunes 8 de mayo por la mañana y finaliza el 19 de mayo, es decir, dos semanas continuas la comisión socializará y escuchará la opinión del sector empresarial, obrero, y la población en general.
Desde las redes sociales del Congreso Nacional compartió la agenda de la Comisión Especial con diferentes actores sociales y de diputados de las diferentes bancadas.
Lunes 8 de mayo:
• 9-11 am: Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh)
• 2-4 pm: Colegio Hondureño de Economistas
Martes 9 de mayo:
• 9-11 am: Centro Estudio para la Democracia (Cespad)
• 2-4 pm: Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba)
Miércoles 10 de mayo:
• 9-11 am: Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca
• 2-4 pm: Cámara de Comercio e Industrias de Islas de la Bahía
Jueves 11 de mayo
• 9-11 am: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNAH
• 2-4 pm: Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)
Viernes 12 de mayo
• 9-11 am: Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras (ANAPROFARH)
• 2-4 pm: Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa
Lunes 15 de mayo
• 9-11 am: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)
• 2-4 pm: Cámara de Comercio e Industrias de Cortés
Martes 16 de mayo:
• 9-11am: Centrales Obreras
• 2-4 pm: Bancada Partido Nacional
Miércoles 17 mayo:
• 9-11am: Bancada Partido Salvador de Honduras (PSH)
• 2-4 pm: Bancada Liberal
Jueves 18 mayo:
• 9-11: Bancada Partido Libertad y Refundación (Libre)
• 2-4 pm: Pendiente
Viernes 19 de mayo:
• 9-11: Pendiente de programar
• 2-4: pm: Pendiente de programar
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PUNTOS IMPORTANTES DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA
A juicio del presidente de la Comisión Especial que dictaminará este proyecto de ley, Hugo Noé Pino, los puntos principales de esta normativa son el ordenamiento y racionalización de las exoneraciones fiscales y la eliminación de 11 regímenes especiales.
Además, se plantea la creación rea dos nuevos regímenes fiscales, Zonas Francas y el Régimen de Incentivos de las Inversiones para el Desarrollo (Rinde), estos priorizan 15 rubros productivos para las inversiones públicas, privadas y mixtas.
Además, el director del SAR Marlon Ochoa señaló que son 10 los aspectos más destacados de este proyecto de ley que fue remitido al Congreso Nacional, para que sea dictaminada y posteriormente aprobada.
Entre los puntos más importantes esta reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana. Adicionalmente, se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años. Esta reforma constitucional busca evitar que los abusos de estos últimos 13 años puedan volver a ocurrir.
Además, se deben derogar los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias. La derogación de los beneficios evitará que se incorporen nuevas empresas en regímenes que han legalizado e institucionalizado los abusos.
Brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente, según constate en sus resoluciones de inscripción al régimen; esto sin perjuicio de que se pueda cancelar el beneficio en caso de constatar abusos o incumplimiento de los objetivos contenidos en las leyes.
Establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas. Con la reforma, la Secretaría de Finanzas, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Administración Aduanera (Aduanas) realizarán auditorías para cancelar exoneraciones a empresas que han abusado de estas y a empresas cuyo monto exonerado exceda el beneficio retribuido a la sociedad.
También, contempla la creación de dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales. Los regímenes vigentes exoneran todos los impuestos existentes, por amplios períodos de tiempo e incluyen otro tipo de beneficios más allá de los tributarios, lo que ha promovido la competencia desleal en los sectores económicos. Los dos nuevos regímenes se otorgarán a impuestos específicos, por un máximo de 10 años y con controles para vigilar que los beneficios obtenidos por la sociedad correspondan con la exoneración otorgada.
Cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por esta reforma introducida a través del Nuevo Código Tributario. Al aprobarse el cambio de principio de renta, 503 empresas y personas naturales iniciarán a pagar impuestos por los ingresos percibidos del exterior.
Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal. Al eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias, las empresas no tendrán más opción que presentar y pagar sus declaraciones, ajustes y multas en tiempo y forma, elevando la percepción de riesgo de impago y consecuentemente la recaudación de impuestos.
Eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario. El Código Tributario vigente, en su artículo 72 numeral 4, establece requisitos de información que en la práctica impiden al SAR, en el desarrollo de sus controles, acceder a información bancaria para constatar la evasión de impuestos. Si a esto se suma que el país no intercambia información bancaria ni tributaria con el resto de países del mundo y la existencia de regímenes fiscales considerados perniciosos por la OCDE, Honduras se encuentra a las puertas de ser declarado formalmente paraíso fiscal.
Intercambiar información con el resto de los países del mundo mediante la ratificación de la
Convención MAAC de la OCDE. Con la ratificación por parte del Congreso Nacional de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC) promovida por la OCDE el país da pasos importantes en transparencia fiscal y evitar caer en el riesgo de ser declarado paraíso fiscal.
Aprobar la figura de Beneficiario Final para evitar que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad. En 2022, el impuesto sobre la renta pagado por personas naturales fue el equivalente al 7% del pagado por las empresas, lo que evidencia las facilidades que se les han otorgado a los dueños de las empresas para evadir. Con la aprobación de la figura de Beneficiario Final los grandes patrimonios comenzarán a pagar los impuestos que les corresponde.
