Tegucigalpa.- La Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional de Honduras recomendó al pleno del Poder Legislativo someter a juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general por implicaciones en la criminalidad e interpelar a la comisionada de los derechos humanos por acciones parcializadas.
La comitiva al mando del diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios y conformada por los congresistas Jari Dixon Herrera, Silvia Ayala, Maribel Espinoza, Netzer Mejía, Mauricio Villeda y David Manaiza Ramírez, investigaron las labores de los operadores de justicia involucrados en el tema de extradiciones.
Según los principales hallazgos, concernientes a la Corte Suprema, existen un total de 97 solicitudes de extradición de las cuales, 35 han sido concluidas, 6 se encuentran con tradición diferida hasta que cumplan sentencia en la nación, 19 se les retiró la solicitud y 5 se negaron, información que fue entregada incompleta a la comisión.
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El documento resalta que Rolando Argueta, presidente del Poder Judicial, realizó “varias actuaciones inoportunas” como anunciar a través de redes sociales que ya tenía el informe detallado con el listado que se solicitó en un sobre lacrado para evitar su filtración.
También durante la audiencia de evacuación de la prueba en la solicitud de extradición contra el expresidente Juan Orlando Hernández, “le dio acceso al reo a una sala de uso exclusivo de los y las magistradas de la Corte y desde la propia silla del presidente de ese poder del Estado se le brindó la oportunidad y medios para transmitir un mensaje a la nación”.
En relación al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, la comitiva recibió información y testimonios de detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC) quienes entregaron supuesta documentación con órdenes ilegales, obstrucción a su labor, relevos irregulares por parte de la actual directora Soraya Carolina Cálix.
“Denunciaron actos de intimidación y amenazas en su contra, la alteración de informes de investigaciones que realizaron sobre personas vinculadas con el narcotráfico y varios extraditables, también la falsificación de la firma de uno de los detectives de esa dirección”, expone el informe.
Además, se detalla que un fiscal del Ministerio Público que no se reveló su nombre, laboró directamente con Argueta y mantiene conversaciones frecuentes quien aseguró que el titular del Poder Ejecutivo le consultó “¿Qué haría si le ofrecieran una fuerte suma de dinero, si la hubiera recibido dónde la guardaría?”.
Asimismo, develaron que tienen un informe presentado a Chinchilla por un detective de la DLCN sobre las acciones de Cálix en protección a la actividad criminal del cártel de los hermanos Juan Orlando Hernández y Juan Antonio “Tony” Hernández.
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IMPLICACIONES DIRECTAS
Concerniente a las implicaciones directas en delitos, la comitiva resalta que Argueta no sancionó ni administrativamente, penal o civilmente a jueces y magistrados que otorgaron libertad a Fredy Donaldo Marmol quien posteriormente fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
Igualmente, los magistrados que conocieron solicitudes de antejuicio promovidos por el Ministerio Público contra jueves que dejaron en libertad a narcotraficantes se mantienen en sus cargos mientras que a la fecha no se ha deducido responsabilidad alguna contra los responsables de otorgar trato preferencial a Hernández durante su proceso de extradición.
Sobre el accionar del fiscal general y el fiscal adjunto, manifiestan que se abstuvieron de promover la acción de responsabilidad civil contra jueces y magistrados que dejaron en libertad al narcotraficante Fredy Marmol.
Tampoco se promovió un antejuicio contra magistrados que declararon sin lugar los antejuicios contra jueces que sobreseyeron las causas penales contra Marmol.
En el caso particular de la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Blanca Izaguirre, denunciaron que violentó el principio de igualdad ante la ley al realizar “gestiones especiales a favor de Hernández”, es especial, por solicitar la copia íntegra del plan para ejecutar la extradición denominado “Plan Delta”.
“Las acciones demuestran un interés y diligencia desmedido por parte de la señora comisionada nacional de los derechos humanos, quien nunca ha realizado las mismas acciones a favor de los miles de privados de libertad que se encuentran en los diferentes centros de reclusión del país y la solicitud del plan Delta de Seguridad, constituye una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, que deja claro el interés en el caso particular que le ocupaba”, indican.
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Por todo lo anterior expuesto, la Comisión Especial de Extradición recomendó someter a juicio político a Chinchilla y Argueta mientras que a Izaguirre pidieron interpelarla al tiempo que piden al Poder Ejecutivo incorporar al Tratado de Extradición otros tipos penales y al Congreso la aprobación de la Ley de Extradición.
“Lo que estamos recomendando es que el pleno dé lugar al juicio político, luego viene el juicio donde funcionario se presenta, nosotros temeos que demostrarle la culpabilidad o inocencia con respecto a una condena administrativa”, detalló Barrios.
Para la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, declaró que todos los que cometieron delitos y fueron cómplices de la estructura criminal que dirigió Hernández “deben pagar”.
“No podemos olvidarnos y no va a quedar impune, pero esto se va a traer al Congreso Nacional porque es una deuda que tenemos, tenemos la responsabilidad de traer a los culpables de tanto descalabro de este país y llevarlos a la justicia. El que no esté a favor del juicio político está en contra del pueblo hondureño”, añadió.
La Ley de Juicio Político determina que se requieren 96 votos de los 128 congresistas para iniciar un juicio político contra un presidente, sin embargo, en el caso de magistrados de la corte y al fiscal general u otros funcionarios solo se requiere 86, según el artículo 7.
Las causas que permiten un juicio son: por denuncia grave en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución de la República o intereses nacionales y negligencia, incapacidad o incompetencia para desempeñar el cargo.
