Responsabilizan al presidente de la Comisión, Rafael Sarmiento, de haber engavetado el proyecto de decreto
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. – Por varios años los campesinos han solicitado a los gobiernos la entrega de tierras para producir y potenciar al sector agroindustrial, combatir el desempleo en la zona rural y contribuir con la soberanía alimentaria del país.
Las constantes batallas y lo costoso que resulta la obtención de un predio ha dejado varios conflictos, entre ellos, la zona del Bajo Aguán que ha sido escenario de disputa de tierras mismo que ha cobrado la vida de 147 personas y cientos de denuncias por violación de derechos humanos, durante los últimos años, según el Instituto Nacional Agrario (INA).
TIERRAS INCAUTADAS
En respuesta a la solicitud de los campesinos el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, presentó un proyecto de ley encaminado a otorgar las tierras que fueron incautadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautadas (OABI), a organizaciones criminales y que ya tienen sentencia firme.
Dicho proyecto fue presentado ante el pleno del Congreso Nacional el 17 de marzo del 2022 para que las organizaciones de campesinos y campesinas puedan beneficiarse de este proyecto.
El decreto señala que estas personas deberán estar legalmente constituidos en grupos de campesinos, además las tierras a las que pudieran acceder deberán ser de uso colectivo y no podrán usarse para transacciones comerciales.
Durante la exposición del proyecto, Herrera dijo que las tierras en poder de la OABI, “están en riesgo de quedar en manos de políticos y empresarios corruptos”.
Agregó que Honduras tiene una gran deuda con el sector campesino, pese a que en el pasado se haya efectuado diversas reformas agrarias, pues estas no han tenido ningún beneficio.
Lea también: Campesinos del Aguán exigen al gobierno cumplimiento de acuerdo firmado y un alto a la violencia
PROYECTO HA SIDO ENGAVETADO
En una conversación con Criterio.hn, el legislador del oficialista Partido Libre comentó que este proyecto se encuentra estancado, en virtud de que el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional, Rafael Sarmiento, no ha emitido el dictamen.
Aclaró que las tierras que todavía están en medio de un proceso jurídico entre sus propietarios y la justicia no pueden ser tocadas, pues le acarrearía problemas al Estado.
Según lo manifestado por Herrera, a Criterio.hn, se debe seguir presionando porque es un proyecto justo, correcto y necesario, que pretende que aquellas tierras que ya pasaron a manos del Estado sean otorgadas a los campesinos que no poseen ninguna parcela donde cultivar.
“Ese proyecto si está estancado, no hay dictamen, no hay ninguna voluntad por parte de la Comisión que dirige el diputado, Rafael Sarmiento, de emitir el dictamen”, lamentó.
Al ser consultado sobre cuántas manzanas o en qué departamentos están las tierras incautadas, respondió que desde la OABI no se ha dado la información, pese a que sus autoridades prometieron hacer un inventario, pero lastimosamente a más de once meses de esa promesa aún no han entregado los datos al Congreso Nacional.
El martes 7 de enero tomó el control de la OABI una Junta Interventora, integrada por los abogados Roger Mendoza, Rigoberto Portillo y Hugo Suazo, este último viceministro de Seguridad.
Este medio intentó entrevistar a los miembros de la Junta Interventora, pero no se obtuvo respuesta.
La OABI venía siendo dirigida por Jorge Gonzales desde el 25 de febrero de 2023. Desde un inicio Gonzales denunció que las administraciones pasadas dejaron un desorden administrativo y un perjuicio en la institución que calculó en más de mil millones de lempiras.
La Interventora deberá presentar un informe de resultados en un periodo de 90 días.
Entérese: Gobierno nombra nueva comisión ante fallido intento en conflicto agrario en el Bajo Aguán
Herrera refirió que las tierras están diseminadas en varios departamentos del país entre los que mencionó Olancho y Colón, que es donde se hicieron varias capturas y procesamiento de personas involucradas en el crimen organizado.
Entre tanto, el subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría, comentó a Criterio.hn que se han encontrado con múltiples dificultades en virtud de que la Oficina Administradora de Bienes Incautados no ha brindado un inventario real de esas tierras.
Seguidamente, dijo que otro problema es la falta de información de las sentencias emitidas sobre tierras que han pasado o que deberían estar en poder del Estado de Honduras.
Señaló que la propuesta del diputado, Jari Dixon Herrera, fue discutida al menos dos veces con la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional, el INA y con federaciones de campesinos, pero “ese proceso se estancó y solo quedó engavetado en el Legislativo”.
Detalló que desde el Instituto Nacional Agrario hicieron otra propuesta más amplia que la presentada por el congresista, Jari Dixon Herrera.
“Nosotros venimos proponiendo que se deben trasladar -sin demora- esas tierras para hacerlas producir y generar empleo, cultivarlas y contribuir a la soberanía alimentaria y a la reducción de la extrema pobreza que hay en el campo”, sostuvo Alegría.
Asimismo, lamentó que no se tenga un conteo fidedigno de cuánto es la cantidad y donde están ubicadas las tierras incautadas.
“El otro problema es que aun esas tierras que ya tienen sentencia firme a favor del Estado no han podido ser trasladas al Instituto Nacional Agrario, que es lo que nosotros proponemos para ser distribuidas a los grupos campesinos, los pueblos indígenas y a las mujeres”, precisó el funcionario.
No obstante, se mostró optimista con el anuncio de la Comisión Interventora de la OABI que puede “darnos luces” y soluciones a todos los problemas que se han venido enfrentando en la OABI y que podrían recomendar que esas tierras con sentencia firme pasen al INA.
