Tegucigalpa.- El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y la Asociación de Alcaldes y Alcaldesas de Honduras exigieron la derogación de los decretos que dieron vida a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); advirtiendo que la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de poderes constituidos son tipificados por la Constitución de la República como delitos de traición a la patria.
El reclamo fue realizado por medio de un comunicado de tres páginas que contiene siete numerales que explican al menos diez formas en que la Ley Orgánica de las ZEDE violentan la soberanía, la Constitución de la República, los derechos humanos y hasta un tratado internacional.
El documento comienza delineando que facultar a los miembros del Comité para la Adopción de Buenas Prácticas (CAMP) para que regulen competencias que corresponden al Poder Legislativo es inconstitucional. También subrayan que se están vulnerando el principio de aplicación territorial de la ley nacional y el tratado Wyke-Cruz suscrito entre Honduras y Gran Bretaña, por medio del cual Honduras se compromete a no ceder o vender los territorios que corresponden a los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios.
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En otro numeral, explican que las reformas que se realizaron en la Constitución de la República para imponer la Ley Orgánica de las ZEDE comprometen el principio de soberanía popular y nacional, y el principio de territorialidad de la ley.
Además, advierten que los diputados que facilitaron esta reestructuración están suplantando la soberanía popular, pues la Constitución de la República no les faculta a «deponer la soberanía unilateralmente ni para autorizar que para hechos que sucedan dentro del territorio hondureño se ejerzan funciones públicas con arreglo a sistemas o por organismos distintos de los que la propia Constitución establece».
En los numerales cuatro y cinco sostienen que las normas establecidas a partir de la Ley de las ZEDE obligan a los habitantes de las zonas donde se implanten estos proyectos a renunciar al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva y el derecho fundamental a la protección judicial; asimismo comprometen los principios de igualdad ante la ley y el derecho fundamental a la igualdad.
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De igual forma, califican como un «subterfugio o artificio jurídico» la decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar no ha lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra las reformas a los artículos 294, 304 y 329 constitucionales y a la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
A modo de cierre subrayan que «Honduras es de los hondureños, la patria no se alquila, ni se vende, y, ninguna oferta de empleo y desarrollo económico puede tener como condición renunciar a la independencia, la libertad, la soberanía territorial y silenciar la voz del pueblo que es el único soberano».
Este viernes, la Diócesis de La Ceiba hizo un enérgico llamado a su feligresía a la movilización y participación ciudadana en contra de la instalación de una ZEDE en el puerto de Satuyé, señalando que el proyecto «huele desde la raíz a ilegal e inconstitucional».
