Por: Redacción CRITERIO
Los empresarios también admiten que en Honduras hay una crisis institucional porque no existe el pleno funcionamiento de los tres poderes del Estado.
Tegucigalpa.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) admitió este miércoles que a raíz de la no elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) existe una crisis institucional que está afectando la seguridad jurídica y por ende las inversiones.
Mediante un comunicado lamenta que la clase política haya sido incapaz de elegir a los 15 magistrados que integran la CSJ y le exige buscar consensos en el Congreso Nacional para elegir a los siete magistrados que aún restan.
En su exposición los empresarios no cuestionan el papel de injerencia que ha tenido en el proceso el presidente Juan Hernández y la confabulación de los partidos tradicionales (Liberal y Nacional) en cuanto a la repartición de cuotas en el Poder Judicial, pues únicamente basa su señalamiento a la no elección de los magistrados y a la supuesta falta de consensos por parte de la clase política en general.
A continuación el comunicado:
EL Consejo Hondureño de la Empresa Privada-COHEP, ante los acontecimientos de orden público, relacionado con la dilación del proceso de nombramiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia (CSJ), se pronuncia en los términos siguientes:
- La Constitución de la República en su artículo 311 establece el procedimiento para la elección de la Corte Suprema de Justicia. El Sector Privado apoyó de manera decidida a la Junta Nominadora para la selección de los candidatos a Magistrados, la que cumplió satisfactoriamente su cometido.
- Como de todos es conocido, el Congreso Nacional de la República y la misma clase política, después de varias rondas, ha sido incapaz de elegir a los 15 magistrados que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia, factor fundamental para garantizar la plena institucionalidad con el normal y pleno funcionamiento de los tres Poderes del Estado.
- El incumplimiento por el Congreso Nacional de esa obligación que impone la Constitución, afecta sin lugar a dudas la seguridad jurídica y su consecuente efecto sobre el clima de inversiones, pone en precario la credibilidad internacional y retrasa las importantes inversiones nacionales y extranjeras, que demanda la nación para fomentar la creación de empleo y empresas, único camino para mejorar la calidad de vida de los hondureños.
- Por las razones expuestas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, exige a la clase política, a los partidos políticos y sus diputados, poner los intereses colectivos y sociales de Honduras, sobre los intereses partidarios y particulares; en consecuencia, pedimos agotar las instancias de diálogo para alcanzar los consensos necesarios para lograr a la mayor brevedad posible la elección de los 7 magistrados que restan por nombrar respetando así el juego democrático.
- Una vez logrado el consenso para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, se devolverá la tranquilidad necesaria a la población y permitirá continuar los procesos de consolidación de un Poder tan importante, que garantizará la impartición de justicia, combate a la impunidad y la seguridad ciudadana y jurídica esencial.
