Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) pide al Estado de Honduras la desmilitarización de las comunidades del sector del Guapinol en el municipio de Tocoa en el departamento de Colón.
Piden además respeto para los pobladores de la zona y para los defensores de los derechos humanos que están siendo criminalizados por defender los derechos de quienes defienden los bienes comunes.
Piden que pongan un alto a los grupos paramilitares de la empresa minera quienes actúan a vista y paciencia de los policías y militares destacados en la zona sin que estos intervengan para frenar esas actividades delictivas.
Relato de lo sucedido durante el fin de semana recién pasado
Es de nuestra consideración informarles de manera urgente en nombre del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que el sábado 27 de octubre del 2018, se efectuó la orden de desalojo No.148-2018 del Campamento por la Vida El Guapinol, ubicado en la comunidad de Ceibita, Tocoa, Colón, realizado después de permanecer en resistencia continua por 88 días para proteger sus bienes naturales ante la amenaza de explotación de sus recursos de la Empresa Minera Inversiones Los Pinares .
El desalojo fue realizado por aproximadamente 1500 elementos del Ejército Nacional, Cobras, efectivos de la Policía Nacional Preventiva y otros, quienes llegaron de forma violenta y fuertemente armados con fusiles, escudos, toletes y bombas lacrimógenas para enfrentar a una población indefensa y pacífica. Como consecuencia de esta acción sumamente violenta, resultaron personas desmayadas, golpeadas, heridas; 3 personas detenidas (posteriormente liberadas) y tres personas muertas, dos de ellos miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. De igual forma una mujer en estado de embarazo resultó con serias complicaciones a su salud producto el uso desproporcionado de gases lacrimógenos.
Asimismo, atacaron a comunicadores sociales que cubrían la acción violenta, decomisándoles sus cámaras, borraron su información, y les retuvieron por cierto tiempo sus objetos y documentos personales.
El domingo 28 de octubre del 2018, los pobladores de las Comunidades de El Guapinol, intentaron retomar pacíficamente el Campamento; fueron atacados por un grupo de paramilitares; aproximadamente 20 hombres vestidos de civil, fuertemente armados, quienes iniciaron una tenaz persecución en contra de los líderes de las comunidades en protesta pacífica, en presencia de miembros el ejército y la policía nacional. Producto de la acción resultaron varias personas heridas y gravemente herido el señor Alex Bonilla, quien fue trasladado al Hospital San Isidro en Tocoa, Colón.
Este grupo armado ha cometido actos vandálicos, como el incendio de la vivienda de la señora Irma Serrano, una reconocida líder del sector de quien actualmente no se conoce su paradero, ni el de sus dos hijas. De igual manera incendiaron una unidad de transporte Interurbano de la Empresa Mirna que hace el recorrido entre Bonito Oriental y San Pedro Sula, de quien es socio propietario el señor Adán Fúnez, actual Alcalde Municipal de Tocoa, Colón.
La noche del lunes 29 de octubre del 2018, la Comunidad de La Ceibita, vivió horas de zozobra por los operativos militares y cateos realizados en las casas de habitación de la comunidad, donde mujeres y niños fueron sacados de sus viviendas y a los hombres se los llevaron detenidos sin orden de captura, bajo la mirada expectante y atemorizada de la comunidad, sin poder ser auxiliados.
Producto de la crisis e inestabilidad que se vive en la zona, los y las defensores y defensoras de derechos humanos; los liderazgos sociales; los defensores ambientales; los defensores de tierra y territorio, y los defensores comunales están sometidos a campañas de desprestigio y odio, persecución, seguimiento y judicialización. Entre ellos y ellas podemos mencionar a Esly Banegas, Presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), beneficiaria de la Medida Cautelar MC-5014, emitida por la CDH; Juana Esquivel, Coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), Isela Juárez, Presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Tocoa y miembro de COPA; Irma Serrano y sus hijas, líder comunitaria de la Comunidad de Ceibita; Miriam Yaneth Mejía Cruz y Lourdes Elizabeth Gómez Rosas, líderes comunales del Guapinol; Juan López, Subcoordinador de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR); Leonel George, defensor de derechos humanos, comunicador social, miembro de las redes de Derechos Humanos y miembro Directivo de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguán (COPA), beneficiario de la Medida Cautelar MC-5014, emitida por la CDH y Eugenio Esquivel, líder comunitario de La comunidad de Ceibita.
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PETICION:
Por la situación de gravedad imperante que se vive en el Campamento por La Vida, El Guapinol, solicitan a todos los organismos defensores de derechos humanos las siguientes acciones urgentes:
1.- Comunicarse de manera urgente ante el Gobierno del Estado de Honduras, expresando su preocupación por la situación de militarización que viven estas 14 comunidades aglutinadas en el Campamento por la Vida El Guapinol y la zona en general.
2.- Solicitar al Estado de Honduras se garantice la libertad, la vida y el derecho a la defensa que tienen los pueblos y las comunidades para proteger su territorio y sus bienes comunes.
3.- Que se ordene de inmediato la desmilitarización de la zona para proteger la integridad física y psicológica de las familias y las comunidades afectadas por la muerte de sus seres queridos.
4.- Demandar del Fiscal General de la República, cesen los requerimientos fiscales, utilizándolos como medios de persecución para obtener órdenes de captura en los tribunales nacionales, justificar y legalizar la persecución y muerte de los liderazgos sociales.
5.- Exhortar a las autoridades en general para que garanticen el derecho a defender derechos.
6.- Solicitar al Ministerio Público, al Poder Legislativo y Poder Judicial, revisar las leyes aprobadas en el marco del golpe militar de Estado del 2009, que restringen derechos a los pueblos y otorgan derecho a las empresas privadas para que se lleven a cabo proyectos extractivos, bajo una legalidad inexistente, que despojan a las comunidades y a los pueblos de sus territorios.
Sus comunicaciones pueden dirigirlas a:
Abogado
ROLANDO ARGUETA
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
E-mail: presidencia@poderjudicial.gob.hn
Fax: (504) 2275-7670
Tel: (504) 2275-3101
Abogado
OSCAR CHINCHILLA
Fiscal General de la República
Ministerio Público
E-mail: ngosorto@gmail.com
Tel(fax): (504) 2221-5670
Abogado
JACOBO SANTOS
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Ministerio Público
E-mail: jacobsantos2004@yahoo.com
Abogada
KARLA CUEVA
Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos
Tel(fax): 2231-0204
E-mail: karlacueva144@gmail.com
MARIA SOLEDAD PAZO
Country Representative
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Col. Castaño Sur, Ave. Castaño Sur, Casa #2911, Tegucigalpa, Honduras
E-mail: mpazo@ohchr.org
Tel: +504 2269. 1864
Web: www.oacnudh.hn
Agradecemos enviar copia de sus acciones a:
COFADEH
E-mail: berthacofadeh@yahoo.com
Tel(fax): (504) 2220-5280
Tegucigalpa, MDC., 30 de octubre de 2018.
BERTHA OLIVA DE NATIVI
Coordinadora General
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Me encanta desafiar el poder y escudriñar lo oculto para encender las luces en la oscuridad y mostrar la realidad. Desde ese escenario realizo el periodismo junto a un extraordinario equipo que conforma el medio de comunicación referente de Honduras para el mundo Ver todas las entradas
4 respuestas
Para eso son vergones esos militares de mierda. Con la gente desarmada son machitos
Que lucha la del pobre …
El Congreso ya se sabe hacia dónde se inclinara, esa minera no provee empleos suficientes ni impuestos suficientes.
Contaminación ambiental sí….
#FUERA JOH
Ese es un grito en el desierto en la Honduras de aca