El artículo 79 de la Ley de Ministerio Público (MP), ordena la creación del Consejo Ciudadano el cual tendrá funciones consultivas y de apoyo a la gestión de las autoridades del ente, esté ha permanecido deshabitado en las las anteriores gestiones a excepción del primer mandato
Tegucigalpa, Honduras.- Luego de la polémica elección del fiscal general y fiscal general adjunto de manera interina, la Coalición Contra la Impunidad de Honduras, emitió un pronunciamiento público en el que insta a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) a que reactiven de manera inmediata el Consejo Ciudadano.
El ente conformado por 55 organizaciones de la sociedad civil pidió, entre otras acciones, que el nuevo fiscal, Johel Zelaya y su adjunto Mario Morazán, se apeguen a la legalidad constitucional e interinstitucional. De manera específica señalan el artículo 79 de la Ley de Ministerio Público que refiere a la creación de la medida antes mencionada.
Del mismo modo, se sugiere que se convoque a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos en Honduras (OACNUDH), para que en conjunto, puedan crear un plan de emergencia que dejé como resultado un diagnóstico el cual servirá como base para fortalecer el ente y de esta manera recuperar la confianza de la población hondureña.
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¿QUÉ DICE LA LEY DEL MP SOBRE LOS CONSEJOS CIUDADANOS?
El artículo 79 de la Ley del Ministerio Público (MP) manda la creación del Consejo Ciudadano el cual tendrá funciones consultivas y de apoyo a la gestión del Ministerio Público.
Este será integrado por: El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el presidente de la Asociación de Medios de Comunicación, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un representante de los Colegios Profesionales, un representante del sector obrero organizado.
Además, un representante del sector campesino organizado y un representante del sector femenino organizado. Finalmente dicta que un reglamento especial definirá los demás aspectos del funcionamiento de dicho Consejo.
Sobre el tema, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, reiteró la importancia de reactivar el Consejo Ciudadano, por la urgencia de realizar una veeduría social, mismo que hasta la fecha no ha sido activado con excepción de la primera gestión en la fiscalía, pese a que es un mandato de la Ley del Ministerio Público.
“En conjunto con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, puedan crear un plan de emergencia, que vaya en dos sentidos, diagnosticar la situación del Ministerio Público y en segundo lugar adoptar un plan de emergencia para fortalecer el Ministerio Público, mientras nombran a fiscales permanentes”, expresó Mejía en entrevista con Criterio.hn
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CONDENAN FALTA DE CONSENSOS, VIOLENCIA Y PROLONGACIÓN DE INTERINATO
En el pronunciamiento, además, se lamentó que el Congreso Nacional, haya sido incapaz de llegar a consensos para elegir a las autoridades permanente del Ministerio Público.
Como consecuencia generó que el ente haya quedado acéfalo, bajo un fiscal de facto, refiriéndose a Daniel Sibrian, el cual señalan como promotor de instrumento de la impunidad en Honduras, en el cual criminalizó a defensores de la tierra y derechos humanos.
De igual forma, criticaron que la elección de los fiscales interinos no haya seguido con la recomendación del relator de Naciones Unidas, que refiere a la independencia de fiscales y magistrados de revisar el nombramiento de dichas autoridades.
Por lo que se considera que el proceso actual no ofrece garantías suficientes para la no injerencia de los partidos políticos. Lo anterior quedó demostrado con la elección de Óscar Fernando Chinchilla.
El texto también condena los actos de violencia surgidos al interior del hemiciclo, al tiempo que rechaza cualquier tipo de maniobra para buscar protección e impunidad mediante el secuestro al Ministerio Público.
Se recuerda que el artículo 208, numeral 11, le permite a la comisión permanente del Congreso faculta a elegir de manera interina a fiscales, lo anterior justificado en un ambiente de crispación, conflicto y polarización, ven con suma preocupación que dicha acción se prolongue.
Ante todo este panorama hacen el llamado a cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que refieren a crear espacios de diálogos para llegar a consensos, investigar y castigar a responsables de violaciones a los derechos humanos y fortalecer la institucionalidad
SE CERRÓ ETAPA DE INCONSTITUCIONALIDAD
En este sentido Mejía señaló que con la elección, aunque interina, se cerró una situación de inconstitucionalidad que ha venido arrastrado por cinco años en el Ministerio Público.
“El proceso que fue elegido Sibrián estaba viciado de inconstitucionalidad porque Chinchilla fue elegido sin estar dentro de la nómina, ahora está activa de legalidad, pero en el proceso en el que participó se violó el artículo 232 y se llamó al silencio”.
Recordó la urgencia de crear los puentes de diálogos necesarios para lograr que el interinato, no estén más allá del tiempo indebido ya que la constitución no dicta un periodo de cuando puede permanecer.
Lo que generaría un vacío legal, porque quiere decir que la situación puede durar hasta dos años, lo cual significa que siempre va continuar en debilidad al no realizar acciones de largo plazo.
De su lado, integrante de la Articulación Ciudadana Transparencia y Justicia (ACTJ), Jimena García Merino, dijo a Criterio.hn que desde la creación del consejo sólo ha quedado en papel, pese a tener un rol clave ya que insta a la veeduría y a participación e involucramiento de la población.
“El consejo es sin duda uno de los elementos que se debe retomar y darle la importancia que debió haber tenido y que prácticamente ningún gobierno se lo ha dado”, expresó García.
Por otro lado, aclaró que pese a que se hicieron las peticiones considera no fue correcta la elección ya que debilita la aplicación de los procesos democráticos y pone además en tela de duda la aplicación de la constitución.
“Más allá de la legalidad, está el tema de la legitimidad, porque es un proceso que no obedeció a los principios de participación democráticos, porque no todos los diputados fueron parte de la elección” , criticó García Merino.
