Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este viernes ante el Ministerio Público a miembros de Mesas Receptoras Electorales (MER) por el supuesto delito de falsificación de documentos electorales durante las elecciones primarias del pasado 14 de marzo.
La denuncia abarca a los miembros propietarios y suplentes que fueron designados en las MER a nivel nacional y que inflaron los votos, con mayor incidencia en los Partidos Liberal y Partido Libertad y Refundación (Libre), según los hallazgos de una investigación del organismo anticorrupción.
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Fueron constatadas casi seis mil actas de cierre, lo cual permitió identificar “un aumento desproporcionado de votos, acrecentando irracionalmente la carga electoral en diferentes sectores del país”, señala la investigación que fue presentada previo a la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales.
Según el CNA, miembros de las MER alteraron el documento oficial en beneficio de determinados candidatos en los diferentes niveles electivos, al grado que hay candidatos con más votos que votantes en los centros de votación.
La alteración maliciosa se realizó al momento de llenar las actas de cierre para favorecer candidatos de los tres partidos que participaron en la contienda.
Se detectó así mismo la duplicidad de datos en las actas electorales de cierre final, “comportamiento predominante en los partidos políticos Libre y Liberal” en las que se identificó que los datos consignados son similares respecto al número de papeleta recibida, cantidad de votantes, distribución de votos y mismos nombres y firmas de miembros MER.
Lo anterior “podría significar que estas actas son falsas o están adulteradas dolosamente por los miembros de ambas MER, lo que refleja que no se respetó el escrutinio correspondiente”.
De las casi seis mil actas auditadas, que incluyen el nivel presidencial y de diputados en los 18 departamentos, un número considerable presentaba irregularidades, señala la investigación.
Entre estas irregularidades están la alteración de datos, actas sin firmas de los miembros MER, números sobrepuestos, borrones y tachaduras en el conteo de los votos, y que en muchos casos la cantidad de miembros en las mesas no coincidía con la cantidad de firmas de las actas de cierre final, lo cual le quita validez legal a ese documento electoral.
“Se pudo determinar que mediante el fenómeno de inflación de votos se buscó beneficiar directamente a los precandidatos de los partidos políticos”, situación que genera una erogación económica perjudicial por concepto de la deuda política.
Por cada voto obtenido, el Estado paga 39 lempiras y al haber una inflación de votos, el desembolso es mayor.
Las inconsistencias fueron detectadas en los niveles presidencial y de diputados, “cuyas cifras contenidas en las actas de cierre no coinciden con la carga electoral establecida”, es decir, que los votos adjudicados a los aspirantes de los diferentes movimientos de cada partido político son mayores al monto que fue determinado para cada MER.
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Por lo anterior, se puede concluir que la negativa del Congreso Nacional en aprobar las reformas electorales se debe a que la actual legislación permite a los tradicionales partidos políticos “alterar dolosamente los resultados primarios, subsecuentemente, las elecciones generales, permitiéndoles mantenerse en el poder para evitar que la voluntad del pueblo hondureño se cumpla”, apunta el CNA.
Entre las recomendaciones del organismo de la sociedad civil están la despolitización de las MER y que los partidos ejecuten “buenas prácticas, honestas y transparentes en los procesos electorales, capacitando adecuadamente a los miembros” de estas.
Ante los hallazgos el CNA exhorta al Consejo Nacional Electoral a depurar las actas que presentan inconsistencias en la contabilización de votos oficiales y utilizar un sistema informático inteligente que identifique inconsistencias de cualquier naturaleza.
Mientras que, al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, se le llama a actuar de oficio para identificar a los miembros MER que adulteraron “la voluntad soberana, situación que es conducente a un delito electoral de acuerdo con la legislación penal vigente”.
