Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en un comunicado emitido este miércoles pide al Ministerio Público que se judicialice en Honduras a los funcionarios que han sido incorporados en listas internacionales por vínculos con actos de corrupción y narcotráfico.
La excitativa del CNA abarcaría la judicialización del expresidente Juan Orlando Hernández quien ha sido señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por actos de corrupción y narcotráfico, por lo que la nación del norte le ha cancelado la visa y lo ha incluido en la lista Engels.
El inciso e de su comunicado dice textualmente: “Exigimos que desde el Ministerio Público se judicialicen las causas en contra de las y los hondureños incorporados en listas internacionales por vínculos con actos de corrupción y narcotráfico; asimismo, le exhortamos ( a Oscar Chinchilla) para que -en el caso de no sentirse capaz- dé un paso al costado y permita que otros asuman el cargo para hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Abogados penalistas advierten que de abrirse a un proceso judicial contra Hernández la extradición en su contra, quedaría en suspenso. Sin embargo, consideran que dada la situación en la que se encuentra Honduras ninguna autoridad se arriesgaría a abrir un juicio doméstico ante el temor de una sanción por parte de Estados Unidos.
Además, señalan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala de lo Constitucional, en las últimas fechas se ha dedicado a sobreseer y absolver causas judicializadas en contra de diversos actores que participaron en el latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Y citan como ejemplo lo ocurrido en las últimas horas, en donde se exime de responsabilidad a uno de los involucrados en el caso denominado «Calderas», que fue denunciado por el CNA al evidenciar sobrevaloraciones en la adquisición de los equipos.
El comunicado también advierte que la Sala de lo Constitucional, aprovechando los eventos políticos que se presentan en el país, pretende resolver favorable un amparo promovido por la defensa de uno de los involucrados en el caso de los hospitales móviles, con el fin de evitar que se evidencie cómo operó la corrupción para esfumar del erario casi 1,200 millones de lempiras.
Denuncian también que los Magistrados de la CSJ, ante el temor de un eventual juicio político promovido desde el Congreso Nacional, pretenden absolver todos los casos de corrupción que se están ventilando dentro de su jurisdicción, con el fin de evitar que en un futuro los mismos sean abiertos nuevamente y así mantenerlos en impunidad.
El CNA hace un llamado al Fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, para que ejerza acciones penales en contra de exfuncionarios involucrados en la adquisición de los hospitales móviles, tal como lo expresó uno de los imputados durante el desarrollo del juicio y que, pese a la trascendencia de las declaraciones, no ha habido mayor interés por indagar y constatar tales aseveraciones.
Marco Bográn, principal señalado en la compra de los hospitales móviles ha señalado como corresponsables a la ministra de finanzas Rocío Tábora y a la coordinadora del gobierno saliente Martha Doblado entre otras funcionarias.
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