La denuncia responsabiliza al expresidente Juan Orlando Hernández y a otros funcionarios del derroche de más de 307 millones de lempiras; en tanto el actual director de la OABI, es acusado de no cuidar el patrimonio del Estado, en un caso que involucra a Marcelo Chimirri.
Por: Kelly Ortez
Tegucigalpa. – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó este lunes ante el Ministerio Público (MP), dos denuncias que involucran actos de corrupción de la anterior administración encabezada por el expresidente Juan Orlando Hernández y del actual gobierno a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que rectora Jorge Gonzales.
La primera denuncia figura en el informe «Entre el despilfarro y una falsa percepción de seguridad», en el que se detalla el despilfarró de 307, 662,162.04 lempiras en diferentes gastos que se justificaron como necesarios para reducir los índices de violencia del país durante los dos gobiernos de Hernández 2014-2022.
Las operaciones fraudulentas beneficiaron a los integrantes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), precisa la denuncia.
La organización de sociedad civil identificó que las operaciones se ejecutaban mediante resoluciones emitidas por el Comité Técnico, quien giraba instrucciones al fiduciario (Banco Central de Honduras), por medio de la Secretaría de Finanzas para que hiciera los desembolsos.
Estos proyectos se solicitaban para beneficiar, supuestamente, a la Secretaría de Defensa, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras, Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, Fuerza Aérea Hondureña y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En total fueron 15 resoluciones del 2013 al 2018 sobre diferentes proyectos en beneficio de los miembros del CNDS.
De acuerdo a las pesquisas del CNA, los fondos se utilizaron para fines personales del exgobernante y los demás funcionarios, específicamente para la compra de pasajes aéreos y de vehículos blindados, compra de unidades de lujo, vuelos chárteres, de beneficios salariales, alimentación y logística, entre otros.
Incluso, se pagaron los gastos por viáticos internacionales de una integrante del CNDS, que ella misma solicitó y aprobó por 119 mil lempiras para el pago de una maestría en China, Taiwán.
Además del expresidente Hernández, el CNA identificó como responsables del delito de violación a los deberes de los funcionarios públicos al expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; al ex secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco; al fiscal general de la República, Óscar Chinchilla.
Asimismo, al exsecretario de Seguridad, Arturo Corrales; al exsecretario de Defensa, Samuel Reyes Rendón; al exdirector de la Dirección Nacional de investigación e Inteligencia (DNII), Carlos Roberto Aldana Zelaya y al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
Además, se interpuso denuncia por el supuesto delito de malversación de caudales públicos contra los integrantes del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional: Juan Ramón Molina, Lourdes Alejandra Hernández, Juan Carlos Sánchez, Reynaldo Sánchez y Rosa Adelina Pavón.
También se denunció ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a los directivos de dicho Comité por el mal manejo de los fondos de la Tasa de Seguridad.
“Deberán pagar por echar mano del dinero de los y las hondureñas. Los nuevos en el poder están a tiempo de evitar ese camino de ambición y perdición, si el actual Consejo de Defensa y Seguridad decide aprender de la historia es mejor que desde ya diga, de esta tasa no beberé”, dijo la directora del CNA, Gabriela Castellanos, en una comparecencia ante medios de comunicación.
PARA QUE LA HISTORIA NO SE REPITA SE REQUIERE MEDIDAS DE CONTROL
Sobre el tema el criminalista, Gustavo Sánchez, apuntó, en entrevista con Criterio.hn, que ahora lo que resta es que el Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes para luego deducir responsabilidades a los responsables de cometer los actos de corrupción identificados por el CNA.
Sánchez recomendó a los funcionarios del actual gobierno que para no incurrir en irregularidades se apeguen a la ley, al tiempo que mencionó la importancia de someter a los servidores públicos a controles y auditorías para saber en qué se están destinando los recursos públicos.
MALA CUSTODIA DE BIENES DEL ESTADO
En otra denuncia paralela, el CNA responsabilizó por el delito de violación a los deberes de los funcionarios al actual director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Gonzales por la devolución de una vivienda al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Antonio Chimirri, pese a que esta estaba en estado de comiso mediante una sentencia firme a favor del Estado.
El informe “Absoluto silencio”, revela que el actual director de la OABI incumplió con la custodia de los bienes que estaban bajo el resguardo de la oficina que él rectora, al permitir que el exfuncionario recuperara una vivienda -que le fue confiscada-, bajo intimidación y amenazas.
Según detalla el documento presentado por el CNA, Chimirri llegó a las instalaciones del bien inmueble acompañado por agentes policiales y, de manera violenta, exigió se le devolviera la vivienda que estaba siendo ocupada por la Cruz Roja, en el municipio de Valle de Ángeles.
El CNA dice en el informe que la OABI devolvió la casa a Chimirri, quien es primo de la presidenta Xiomara Castro, pese a no tener ninguna resolución del Juzgado de Privación de Dominio que autorizara la devolución.
Ante los actos de intimidación, la Cruz Roja envió dos oficios a la OABI notificando la situación, sin embargo, no se recibió ninguna respuesta, apuntó el CNA.
INTERVENCIÓN Y COMBATE A LA IMPUNIDAD
Sobre este hecho, el abogado y analista político, Raúl Pineda Alvarado dijo a Criterio.hn que la corrupción en la OABI siempre ha existido por lo que es urgente un proceso de intervención con resultados reales y no como se ha venido efectuando en el pasado y ahora en el actual gobierno.
En febrero pasado la presidenta Xiomara Castro anunció un proceso de intervención en la OABI. El 5 de febrero, día en que la mandataria hizo el anuncio, se precisó que en el transcurso de tres meses se brindaría un informe que detallará la situación en la institución, pero eso no ocurrió. Posteriormente, se publicó un decreto en el diario oficial La Gaceta que determinó que la intervención tendrá una duración de un año.
“La OABI ha sido un coto de caza de los corruptos de este país, todo el mundo sabe que se perdieron vehículos, que sólo en San Pedro Sula hay más de 500 inmuebles que fueron explotados con anuencia de autoridades”, expuso Raúl Pineda Alvarado.
A juicio del abogado, en Honduras se ha normalizado el abuso por parte de los funcionarios, por lo que advierte que si eso no se previene mediante controles será muy difícil recuperar los fondos dilapidados
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OTRAS INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN
El pasado 24 de mayo el Consejo Nacional Anticorrupción presentó una investigación que develó el nepotismo que existe en el aparato estatal hondureño mediante prácticas del gobierno anterior de Juan Orlando Hernández y que ahora se están repitiendo en la administración de Xiomara Castro.
El CNA cuestionó a Castro por tener como su asesor a su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya y a su hijo Héctor Zelaya como secretario privado.
Asimismo, a sus sobrinos políticos José Manuel Zelaya, quien funge como secretario de Defensa y a María Alejandra Zelaya, directora general de política exterior. Además, a Olga Doris Castro, su hermana, como ejecutiva en Covivienda.
