Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió este martes sobre la probabilidad de una pretensión del Congreso Nacional de ratificar constitucionalmente las reformas a la ley de privación de dominio, aprobadas por el Parlamento el pasado 20 de marzo y vetadas el 3 de abril por el Poder Ejecutivo.
En virtud del veto presidencial, el nuevo mecanismo que se estaría aplicando sería la ratificación constitucional, para lo cual se requiere del voto de la mayoría calificada, es decir, el voto de 86 congresistas.
Noticia Relacionada: Conozca las razones por las que JOH vetó las reformas a la Ley de Privación de Dominio
Mediante un pronunciamiento, el CNA hace una recapitulación de las reformas que se introdujeron a la cámara legislativa a iniciativa del diputado del Partido Alianza Patriótica, Dennis Castro Bobadilla y señala que los diputados promotores de la reforma han cometido un abuso de autoridad y un irrespeto al equilibrio e independencia de poderes.
“Exhortamos al Ministerio Público, (MP) como responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, al pueblo hondureño, para que permanezcamos vigilantes y denunciemos las acciones de los legisladores que osen en promover, la ratificación constitucional de dicha reforma. Es importante que evitemos toda pretensión de los diputados en aprobar leyes o reformas que sean parte del pacto de impunidad”, dice el texto.
Para la organización de sociedad civil la reforma a la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, es parte del pacto de impunidad promovido por sectores que se quieren blindar ante los actos de corrupción en detrimento del Estado y la sociedad hondureña.
A continuación el pronunciamiento del CNA:
PRONUNCIAMIENTO
El 20 de marzo del año 2018, un total de 74 diputados del Congreso Nacional de la República, (CN) aprobaron una Reforma a la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; por consiguiente, lo calificamos como un fraude Constitucional, por haber utilizado como principal argumento una inconstitucionalidad no declarada sobre dicha ley por el órgano competente; los promotores de la misma, en respeto al Estado de Derecho y principio de legalidad, debieron recurrir ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), para promover la respectiva demanda de inconstitucionalidad, argumentando los motivos que dan lugar a tal solicitud.
A sabiendas de los procedimientos a seguir, la Junta Directiva del Congreso Nacional, bajo motivaciones hasta este momento dudosas, sometió ante la Cámara Legislativa el proyecto para su aprobación, evidenciándose como su principal objetivo, blindar la posesión de bienes muebles e inmuebles que son propiedad de personas señaladas como corruptas; presentando una desfigurada exposición y débil argumentación sobre la violación al derecho de defensa y al debido proceso, lesión a los principios de razonabilidad e irretroactividad de la ley, que dicho cuerpo normativo representa.
Por lo anterior, el Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), concluye que los diputados promotores del proyecto de reforma, han cometido un abuso de autoridad y un irrespeto al equilibrio de poderes y el ejercicio independiente de las facultades de cada uno; aprobando reformas mediante acciones que consideramos fraudulentas, al alegar una fundamentación para dicha reforma en calificaciones sobre la ley en cuestión cuya emisión le compete única y exclusivamente a la Sala de lo Constitucional, en donde los magistrados, deben determinar cuándo una norma contraviene preceptos constitucionales y no los diputados al Congreso Nacional que se adjudicaron dicha facultad y atribución.
El Poder Ejecutivo notificó el 3 de abril del presente año, que dentro del proceso constitucional de aprobación de ley, se vetó la reforma a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, acción que es congruente en el combate a la corrupción; extremo que satisface al CNA por considerarlo un respaldo a la institucionalidad y el correcto, prudente y constitucional ejercicio de facultades de cada poder del Estado, que tanta necesidad de fortalecimiento presenta en nuestro país.
A los diputados del Congreso Nacional nos dirigimos con vehemencia, bajo la seguridad de que, en la correcta aplicación de nuestra Constitución, se les ha otorgado una nueva oportunidad de reflexión y patriotismo, que reivindique su juramento de lealtad y respeto a Honduras, abandonando la idea de persistir en dar valor y efecto a reformas promotoras de impunidad y preservadoras de las condiciones de aliento a la corrupción, que con tan poco acierto fueron aprobadas en el mes de marzo.
Exhortamos al Ministerio Público, (MP) como responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, al pueblo hondureño, para que permanezcamos vigilantes y denunciemos las acciones de los legisladores que osen en promover, la ratificación constitucional de dicha reforma. Es importante que evitemos toda pretensión de los diputados en aprobar leyes o reformas que sean parte del pacto de impunidad.
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de abril de 2018.
2 respuestas
Quien podría impedírselo? Tienen el billete para comprar conciencia de los diputados de la oposición en su mayoria
Es q eso se ba a dar caso q Juan saqueo es papo y los de su bancada pensar lo contrario es ser ingenuo