Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras.- La aprobación de Honduras a la Cuenta del Milenio en 2024, pasaría una vez que en el Congreso Nacional se deroguen una serie de decretos que impiden una lucha frontal contra la corrupción y que, en consecuencia, han permitido que algunos exfuncionarios que cometieron ilícitos se mantengan en la impunidad, dijeron diputados a Criterio.hn.
“Sí o sí, se deben derogar estos decretos de corrupción que promueven que la Fiscalía no pueda secuestrar información para presentar requerimientos fiscales, y sostienen un Fondo Departamental que en el pasado fue despilfarrado”, dijo Ramón Barrios, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre).
El congresista, del departamento de Cortés, hizo hincapié a los decretos legislativos 116-2019, 93-2020 y 57-2020, que, en síntesis, impiden que el Ministerio Público (MP) secuestre información sin previa autorización de un juez, amplían el secreto bancario en el caso de lavado de activos e incluyen delitos comunes como lo es la malversación de caudales públicos.
Por ejemplo, el decreto 93-2021, es el que blinda a los narcotraficantes y políticos vinculados con la corrupción para mantener bajo la opacidad su fortuna obtenida de manera ilícita y, para que sean procesados, la Fiscalía del Ministerio Público debe demostrar que esos recursos provienen de actos delictivos.
En tanto, el decreto 116-2019 es el pacto de impunidad que legalizó el Fondo Departamental y generó un mecanismo paralelo que bloquea a los fiscales del MP para investigar grandes casos de corrupción.
Gracias a estas normativas que promueven la impunidad, aprobadas por el entonces presidente del Congreso Mauricio Oliva (2014-2022), varios de los actuales diputados señalados por corrupción fueron absueltos.
“Desde el Congreso Nacional, la clase política tenemos la obligación de tener la madurez para entender que más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, estos decretos que están faltando por consensos son de obligatoria necesidad para tener la oportunidad de pasar a la Cuenta del Milenio”, consideró Barrios.
Aseguró que su bancada está lista para votar a favor de la derogación de estos decretos, mientras espera que las otras líneas políticas mayoritarias en el Congreso estén con la misma disposición, para que Honduras acceda a la Cuenta del Milenio por primera vez en la década pasada.
“Lo que me preocupa es el mensaje que damos la clase política, al demostrar que somos incapaces de llegar a acuerdos y consensos para derogar tres decretos que efectivamente hacen un combate a la corrupción, pero si logramos eso, al regresar de las vacaciones se podrá pensar en acceder a fondos del Milenio”, expresó.
“De lo contrario, si seguimos sin llegar a acuerdos, continuaremos promoviendo la incapacidad de los diputados en el Congreso, pero tenemos que exponer quiénes son los diputados que se oponen a estas derogaciones y revelar el por qué, porque podrían estar obedeciendo a intereses políticos o personales”, agregó.
Pese a que cada gobierno se ha propuesto acceder a esos fondos, el país centroamericano no ha cumplido con los requisitos necesarios para obtener este reconocimiento, lo que ha generado interrogantes sobre las razones detrás de esta situación.
La Cuenta del Milenio es un programa impulsado por Estados Unidos, que se enfoca en ayudar a los países en desarrollo a alcanzar metas específicas relacionadas con la reducción de la pobreza, la promoción de la educación, la salud y otros indicadores claves.
Para clasificar en la lista, los países deben demostrar un progreso significativo en áreas como la libertad económica, la aplicación de la justicia en materia de corrupción y la inversión en la población.
Honduras, sin embargo, ha enfrentado desafíos persistentes en estos ámbitos. En términos de libertad económica, el país ha luchado con problemas como la corrupción, la falta de transparencia en los procesos comerciales y las dificultades para hacer negocios.
La presidenta hondureña Xiomara Castro viajó en septiembre de 2022 a Estados Unidos, en donde se reunió con ejecutivos de la Cooperación del Desafío del Milenio para mostrar el plan anticorrupción que elaboró, con la finalidad de que el país centroamericano se vuelva a ver beneficiado con estos fondos.
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CORRUPCIÓN SE REDUJO, AFIRMA EL GOBIERNO
A finales de mayo, el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, afirmó que la corrupción en Honduras se redujo de un 70% a un 32%, debido a las políticas que ha establecido el gobierno presidido por Castro, en comparación con la pasada administración de Juan Orlando Hernández.
“En el indicador de corrupción se representa un 50% de posibilidades para clasificar a la Cuenta del Milenio. Ustedes han podido ver cómo estaba la corrupción el gobierno anterior, donde en noviembre teníamos 70% de corrupción y, viendo los indicadores, la corrupción ha bajado en 32%”, argumentó.
Para Adolfo Facussé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que la pobreza haya sido reducida, según el gobierno, significa que Honduras aprobará los 20 indicadores para acceder a la Cuenta del Milenio.
“Una buena noticia le espera a Honduras por la reducción del 70% al 32% en el índice de corrupción gracias al gobierno de doña Xiomara. Los funcionarios corruptos que son detectados, como acaba de suceder con la exdirectora de DINAF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia)”, puntualizó.
“Portarse bien tiene su recompensa. Honduras puede beneficiarse con un premio consistente en el regalo de aproximadamente $250 millones anuales que el Gobierno de los Estados Unidos le concede a los países que cumplen con la Iniciativa de la Cuenta del Desafío del Milenio”, posteó en su perfil de Twitter, el 31 de mayo.
El antecedente más reciente, en marzo de 2022, Honduras reprobó en su intento de ingresar a la Cuenta del Milenio obtener números rojos en nueve de los 20 indicadores.
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SIN CICIH Y EN PELIGRO DE ENTRAR EN LISTA GRIS
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, advirtió que si el Congreso no deroga ese grupo de decretos que promueven la corrupción e impunidad, no se instalará la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y, además, se corre el peligro de ingresar a la lista gris de del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), lo que representaría un enorme fracaso para el gobierno de turno.
“Estos decretos son importantes para la lucha contra la corrupción. Mientras un país está sumido en actos de corrupción que están legalizados, no es candidato para la Cuenta del Milenio, y peor para que se instale una comisión anticorrupción porque no para ello específicamente se piden estas derogaciones”, analizó.
Para que la CICIH se instale en el país, el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmaron un memorándum de entendimiento en el que acuerdan específicamente la derogación del decreto 116-2019 y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, cuyos dictámenes permanecen archivados en el Congreso.
“También, con la no derogación entramos a la lista gris de la norma Gafi y, como consecuencia, no vamos a poder hacer negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, lo que representaría un enorme retroceso y fracaso. Desde el PSH estamos con el compromiso para derogarlos”, enfatizó.
El Grupo de Acción Financiera es un organismo intergubernamental y tiene la responsabilidad principal de elaborar normas de alcance mundial en materia de lavado de activos, y en el caso de Honduras, al mantener vigentes decretos que impiden las investigaciones contra ese delito, se corre el peligro de ser incluido en la “lista gris”.
