Por: Redaccion CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El pasado lunes ocho de junio de 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó a la Red de Trabajadoras Domésticas Remuneradas, vía correo electrónico, la inadmisibilidad del recurso de amparo a favor de la protección del derecho a la salud y a la vida de su gremio.
De acuerdo con la abogada Kenia Oliva, el 22 de abril del presente año, la Red presentó un recurso de amparo para que se proteja el derecho a la salud y el derecho a la vida en relación con el derecho a realizar un trabajo en condiciones de higiene y seguridad y se garantice el derecho a la igualdad frente a los demás trabajadores.
En el mismo denunciaban que, la acción constitucional de amparo se interpuso frente a la falta de elaboración y aprobación de un protocolo de bioseguridad para el desarrollo del trabajo doméstico en el contexto de la actual pandemia nacional y global del COVID-19, por parte de la Secretaría en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS), la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER).
Al respecto Gabriela Pineda Bustillo, representante de la Red, denunció que la falta de protocolo en materia de bioseguridad afecta gravemente la prevención y contención de la pandemia en relación con las trabajadoras domésticas y sus empleadores.
“A la fecha no se ha elaborado ni está en construcción un protocolo de bioseguridad para las trabajadoras domésticas, ni siquiera se ha incluido en la lista de protocolos que se van a generar, siendo esto una evidente violación a nuestros derechos humanos además de una discriminación a nuestra profesión”, señalo Pineda.
Inadmisible: Hay que agotar la vía administrativa
El Recurso de Amparo presentado por la Red de Trabajadoras Domésticas el pasado 22 de abril, especifica que: “El presente caso versa sobre una tutela de justicia constitucional que peticiona que por vía judicial se establezca que las autoridades recurridas realicen los actos necesarios para brindar las medidas necesarias para incluir a las trabajadoras domésticas como un sector que actualmente está laborando y es necesario un protocolo de bioseguridad”.
Lo anterior, en vista que actualmente a raíz del PCM021-2020, se encuentran suspendidos los trámites administrativos, por lo tanto, es imposible agotar todos los recursos administrativos previos que se pudieran instar.
Para la abogada Kenia Oliva, la CSJ “sin motivar la resolución la moción envía a la Red de trabajadoras a agotar el recurso interno y a realizar una solicitud de protocolos de bioseguridad al SINAGER, Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Salud”.
Oliva aseguró, que el recurso interpuesto, se adelantó a esta respuesta, por eso se planteó detalladamente para facilitar una pronta respuesta positiva a las integrantes de la Red.
Según Oliva, existe jurisprudencia por parte de la propia CSJ que estipula que en materia de protección a derechos fundamentales como es el caso planteado por la Red, no es necesaria agotar la vía administrativa, “lo mismo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso pedimos a la Corte que reponga la motivación”.
“Por esta razón, nos encontramos elaborando un recurso de reposición, ya que debemos recordad que estamos bajo la suspensión de las garantías constitucionales, lo que inhabilita a las instituciones del Estado, siendo materialmente imposible agotar la vía administrativa”, detalló Oliva.
Por otra parte, según la abogada Oliva de someterse a la jerarquía del sistema administrativo, se estaría dando respuesta a la solicitud de la Red en un promedio de dos o tres años.
Al respecto, ya se ha anunciado el inicio del primer periodo de vacaciones para empleados y funcionarios Poder Judicial contemplado del primero al 20 de julio del presente año.
Un comentario
HDP pasarán a la historia como lo peor.