Tegucigalpa.- Cinco años después, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sigue esperando justicia por la compra sobrevalorada de un sistema informático en la Secretaría de Salud que involucra a siete funcionarios públicos.
La investigación data de 2015, cuando el CNA recibió la denuncia de esta irregularidad y procedió a solicitar información a través del Instituto de Acceso a la Información Público (IAIP).
El equipo en cuestión funcionaría en la Dirección de Regulación Sanitaria, ahora Dirección de Vigilancia de la Salud.
Un año antes, la Secretaría de Salud firmó en febrero un contrato de consultoría con una persona natural, para la elaboración de un documento de requisitos técnicos.
Según el CNA, en esa contratación se manipularon los términos de referencia para que el consultor seleccionado fuera una persona “de preferencia de la exdirectora de Regulación Sanitaria”
En marzo, Salud suscribió otro contrato de consultoría con una persona natural, para la elaboración de documento de diseño de pantallas del sistema. “Bajo el mismo mecanismo fraudulento, se contrató a la misma persona natural”, señala el ente anticorrupción.
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Según la investigación para no sobrepasar los límites permitidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto, “se fraccionaron los contratos para favorecer a la misma persona natural”.
En mayo se celebró otro contrato con una empresa para la creación de bases de datos. Aparentemente, entre las empresas participantes, según el CNA, hay algunas sin dirección física y otras legalmente constituidas, y “presentaron ofertas más arriba del límite permitido” por las Disposiciones Generales del Presupuesto para “orientar la contratación” a una empresa en particular.
Ese mismo mes, Salud suscribió un nuevo contrato, esta vez para el acompañamiento técnico en sesiones de coordinación. También en este caso el valor estuvo cerca del límite permitido para contrataciones privadas.
“Cabe resaltar que todas las empresas oferentes en este contrato son familiares entre sí, por lo que independientemente la que se eligiera, siempre serían favorecidas las mismas personas”, señala el CNA, lo cual evidencia la colusión de los funcionarios que integran la comisión evaluadora y la funcionaria requirente del contrato.
En junio, Salud celebró un nuevo contrato, esta vez con una empresa para la programación de web por un valor desproporcionado en comparación con los del mercado.
Una de las empresas que aparece entre las ofertantes en este proceso aclaró al CNA que no tuvo ninguna participación en el mismo, por lo que se concluyó que toda documentación que apareciese sobre esta era “totalmente falsa”.
La Secretaría de Salud firmó otros contratos en junio, julio, septiembre y octubre en los que el denominador común fue también la sobrevaloración y la manipulación para orientar el otorgamiento a una empresa determinada, entre otras irregularidades.
El CNA presentó la denuncia contra la exministra de Salud Yolani Batres y siete funcionarios.
Pero “después de cinco años, seguimos exigiendo justicia”, informó el ente anticorrupción.
Aunque la denuncia contra los funcionarios por el caso que ha sido denominado Omega 5 fue presentada en 2016, fue hasta esta semana que el Ministerio Público a través de su portavoz Carlos Morazán informó a medios de comunicación el inicio de investigaciones por la compras supuestamente irregular del sistema por el que se habrían pagado 9 millones de lempiras cuando su precio real era de dos millones.
Además de Batres, el otro investigado fue identificado como Benelio Alvarado.
