Estados tienen obligaciones bajo el derecho internacional para mitigar el cambio climático y podrían ser responsabilizados por daños causados por su inacción, abriendo las puertas a futuras demandas por reparaciones
Diseño de portada: Ruth Moncada
Tegucigalpa, Honduras. – Una nueva opinión consultiva refuerza el reconocimiento del derecho a un ambiente saludable, las obligaciones jurídicas de los Estados para mitigar, adaptar y cooperar internacionalmente, a la vez que abre las puertas para futuros litigios por reparaciones ante inacción climática.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ,) el miércoles 23 de julio emitió una opinión consultiva en la que declaró que el cambio climático es un “riesgo universal existencial”, causado por la actividad humana y cuyos efectos traspasan fronteras.
“Las consecuencias del cambio climático son severas y de gran alcance, afectan tanto a ecosistemas naturales, como a poblaciones humanas. Estas consecuencias subrayan la amenaza urgente y existencial que supone el cambio climático”, afirmó Yuji Iwasawa, presidente de la CIJ.
En conclusión, la Corte internacional estableció que los Estados tienen la obligación, bajo el derecho internacional, de prevenir daños significativos al ambiente con la debida diligencia, usando todos los medios a su alcance y cooperando de buena fe para evitar que actividades bajo su jurisdicción afecten el sistema climático.
Además, pese a ser una resolución no vinculante, establece que las naciones más afectadas podrían tener derecho a reparaciones por daños sufridos. Ana Barreira, abogada y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, dijo a DW News que si bien este punto será complicado alcanzar y deberá ser analizado caso por caso, abre las puertas a que los países más afectados reciban reparaciones.
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La opinión consultiva de la CIJ, emitida este miércoles, se origina en 2019, cuando jóvenes del Pacífico organizados en el grupo Pacific Islands Students Fighting Climate Change impulsaron una petición para que la Corte se pronunciara sobre la crisis climática. De la mano del Estado insular Vanuatu, ubicado en el océano Pacífico sur y con alta vulnerabilidad climática, junto a una coalición de países se redactó y promovió la resolución, que fue promovida y adoptada por la Asamblea General de la ONU en marzo de 2023 para solicitar una opinión consultiva por parte de la CIJ.
PRECEDENTE EN LA CORTE IDH
La CIJ no es el primer tribunal internacional en emitir una resolución vinculada al cambio climático y la responsabilidad de los Estados. El pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la opinión consultiva OC-32-2025 en la que afirma que los Estados y las empresas tienen obligaciones vinculantes, conforme al derecho internacional, para enfrentar la crisis climática como una emergencia de derechos humanos.
La Corte IDH afirmó que los derechos humanos, entre estos el derecho a un clima seguro, deben estar en el centro de toda respuesta climática, reconociendo deberes estatales de prevenir, reducir y remediar daños, proteger a las generaciones presentes y futuras, y regular la actividad empresarial con base en la ciencia y la equidad.
Ambas opiniones consultivas han sido calificadas como históricas al reconocer el derecho a un clima saludable, establecer obligaciones jurídicas de los Estados y el sector privado, enfatizan la atención a los derechos de poblaciones vulnerabilizadas y futuras generaciones.
En el caso de la Corte IDH, la opinión consultiva fue solicitada por Chile y Colombia, con el respaldo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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