Tegucigalpa.- Mañana viernes 25 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH revisará la situación de riesgo que enfrentan las comunidades del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), así como las y los representantes del equipo legal, y familiares de la lideresa indígena y defensora de derechos humanos Berta Cáceres.
La CIDH revisará también el cumplimiento por parte del Estado de Honduras de las medidas cautelares de protección otorgadas desde marzo de 2016 y posteriormente ampliadas a favor del equipo jurídico.
Estas medidas fueron otorgadas tras el asesinato de la lideresa Berta Cáceres Flores, al considerar que las comunidades que integran el COPINH; el núcleo familiar de la defensora; y las personas que componen su equipo legal se encontraban en una situación de grave riesgo y posible daño irreparable a sus derechos a la integridad y vida.
Entre otros, la CIDH requirió al Estado de Honduras: a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias, así como b) adoptar las medidas necesarias para que los miembros de COPINH puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos; y c) investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas para evitar su repetición.
En noviembre de 2021, la Comisión, además, manifestó su interés de realizar una visita in situ a Honduras, con el fin de verificar de primera mano la situación de las personas beneficiarias de estas medidas.
A 6 años del asesinato de Berta Cáceres, en la reunión de trabajo de este viernes, el COPINH, junto al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expondrán las razones por las que el riesgo persiste para las comunidades, el equipo legal y la familia de la lideresa.
Asimismo, presentarán los obstáculos que enfrentan para el cumplimiento de las medidas y la falta de acciones estructurales para abordar las problemáticas que dieron origen al riesgo. El Estado también presentará información sobre el cumplimiento de lo ordenado por la Comisión.
Después de la reunión, la Comisión deberá valorar el estado de cumplimiento de las medidas y emitirá las resoluciones que considere pertinentes.
