Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recepcionó el pasado 18 de diciembre la demanda en contra del Estado de Honduras por la no inscripción de la candidatura independiente por la alcaldía de San Pedro Sula, del abogado Víctor Fernández.
La información fue confirmada por Fernández, quien detalló a través de un video en redes sociales que la CIDH brindó tres meses al Estado hondureño para pronunciarse y que rinda explicaciones sobre la demanda.
Cabe destacar que meses atrás al jurista, junto a otros candidatos independientes, se le negó la posibilidad de participar en la contienda electoral general, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara su no inscripción. Según denunciaron los aspirantes, la decisión se basó en un informe emitido por el Registro Nacional de las Personas.
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CONTEXTO SOBRE LA NO INSCRIPCIÓN
Lestter Castro, uno de los asesores legales en el proceso, explicó que el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que la Corte Suprema de Justicia permaneciera sin dar respuesta a la acción de amparo interpuesta.
Castro relató a Criterio.hn que el órgano electoral actuó de manera arbitraria al desestimar la candidatura independiente a la alcaldía de San Pedro Sula, pese a que aseguró, se cumplieron todos los requisitos establecidos en la ley electoral, tanto en la presentación de la candidatura como en la nómina de respaldo. No obstante, la postulación fue rechazada con base en un informe remitido por el Registro Nacional de las Personas.
El jurista afirmó que desde un inicio se cuestionó que se estaba tratando de una ventana arbitraria por parte del órgano electoral para excluir del proceso tanto al aspirante a la alcaldía sampedrana como a las otras candidaturas independientes de los distintos municipios del país.
Castro señaló que, tras la resolución del CNE, se interpuso un recurso que no fue resuelto en los plazos establecidos por la ley, debido, según indicó, al caos generado por el conflicto entre los consejeros. Ante esta situación, se vieron obligados a acudir a la Corte Suprema de Justicia para interponer una acción de amparo, alegando que se habían violado diferentes derechos, entre ellos el debido proceso legal y sobre todo el derecho a la participación en política.
El profesional del derecho recalcó que a la fecha el amparo no ha sido admitido ni inadmitido por parte de la Sala de lo Constitucional, por lo que consideran que se trata de una evidente táctica dilatoria y en ese sentido optaron por peticionar ante la CIDH por violación a las garantías judiciales y a los derechos de los afectados.
“Nosotros presentamos esto desde el 1 de noviembre indicando la violación de estos derechos por comportamiento comisivo por parte del Estado, esperando de que la comisión pudiese ordenar al Estado de Honduras la inscripción de la candidatura” dijo Castro.
Tras la recepción de la petición y luego que el Estado hondureño brinde respuesta, Castro detalló que la CIDH tendrá que hacer un análisis para saber si admitirá o no la petición y pueda conocer de fondo el caso.
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UN PROYECTO IMPOSIBILITADO A PARTICIPAR
El abogado y exfiscal del Ministerio Público, Víctor Fernández, recalcó que la candidatura independiente que lideran en San Pedro Sula es la expresión de un conglomerado social de organizaciones del campo que, ante la frustración por la oferta política electoral, decidieron incursionar de manera colectiva.
Fernández señaló que la iniciativa surgió del deseo de conocer las entrañas de la política electoral a través de un juego limpio y siendo un espacio de defensa y de promoción del derecho en materia de derechos humanos.
El jurista explicó que comparecieron a reuniones con el Consejo Nacional Electoral para que dicho ente promoviera y estimulara la participación política, por lo que existe suficiente documentación para afirmar que la autoridad electoral de este periodo fue negligente y que ha tenido un comportamiento intencional de limitar la participación de actores políticos no coherentes con los intereses partidarios que representan.
Fernández detalló que, al agotar instancias con las autoridades hondureñas, era previsible el tener que acudir a una instancia internacional que tutela el derecho a la participación política.
El profesional del derecho informó que este proceso no solo beneficiará al proyecto sociopolítico, sino al país en general, pues servirá para desvestir las dinámicas que concentran y vuelven antidemocrático al sistema electoral hondureño.
“Y aquí esperamos que al final de todo este procedimiento la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca a través de estas resoluciones los elementos estructurales que transformen el sistema electoral hondureño antidemocrático, por antonomasia elitista, a un sistema electoral más abierto, más participativo y más amigable con la ciudadanía”, manifestó.
