Por: Redacción CRITERIO.HN
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados de la región a promover un cambio cultural y estructural, reconociendo la memoria histórica afrodescendiente y adoptando medidas de satisfacción, restitución de derechos, garantías de no repetición, rehabilitación, e indemnización, como forma de reparación integral para combatir todas las diferentes formas de discriminación racial que enfrentan las personas afrodescendientes y comunidades tribales en las Américas.
La Comisión reafirma que la discriminación étnico-racial en las Américas no puede ser entendida sin los factores históricos de su conformación, como la dominación colonial y la esclavitud. Estas prácticas de lesa humanidad situaron a las personas africanas y sus descendientes en una posición de inferioridad, contribuyendo al contexto actual de graves violaciones de derechos humanos a que siguen expuestas las personas y colectivos afrodescendientes en todos los Estados de la región.
Como consecuencia de ese racismo estructural e institucional, la CIDH subraya la persistencia de un ciclo histórico de violencia y de exclusión socioeconómica, cultural y política. Además, destaca que, estas violaciones pueden verse agravadas debido a la intersección con condiciones como la edad, el género, el estatus migratorio, la discapacidad, la orientación sexual e identidad y/o expresión de género, entre otros.
En ese sentido, la Comisión viene recibiendo información sobre actos de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad de los Estados, así como de distintos episodios de perfilamiento racial y violencia racial policial. Adicionalmente, se destaca la impunidad en los sistemas de justicia en cuanto a la investigación de esos crímenes, su respectiva sanción y la reparación a las víctimas y sus familiares.
La CIDH reitera la persistencia de obstáculos en la realización de los derechos económicos y sociales en las personas afrodescendientes. De acuerdo con la matriz de la desigualdad social en América Latina, los varones afrodescendientes perciben ingresos laborales 4,3 veces sobre el límite de la línea de pobreza en comparación con el 7,1 de los no afrodescendientes ni indígenas. Igualmente, en cuanto al promedio de escolaridad, las mujeres afrodescendientes registran el 7,7 años, mientras que las mujeres no afrodescendientes ni indígenas reportan el 9,7 años.
A su vez, el Banco Mundial ha destacado que de 13 países en Latinoamérica, en 10 de ellos las personas afrodescendientes representan el porcentaje más alto de la población urbana que vive en barrios en situación de pobreza o favelas -áreas geográficas que coinciden con zonas de violencia armada-, en comparación con personas de otro origen étnico-racial no indígena. Asimismo, señala que, en 9 países de la región, personas afrodescendientes reportan porcentajes más bajos en relación al acceso al agua y otros servicios básicos en comparación con personas no afrodescendientes.
En cuanto al contexto cultural, la CIDH toma nota de políticas educacionales en los Estados que niegan directa o indirectamente los legados históricos de las personas africanas esclavizadas y sus descendientes. Muchas de estas utilizan la apropiación cultural, la negación de las lenguas tradicionales, así como avanzan con proyectos de asimilación cultural. Por otra parte, la Comisión recibió información reiterada sobre la transgresión a la libertad religiosa de origen africana que incluyen agresiones a sitios sagrados y persecuciones a sus practicantes.
La CIDH recuerda que todas personas tienen el derecho fundamental a no ser víctimas de discriminación por su origen étnico-racial. En este sentido, los Estados están obligados a prohibir, prevenir y sancionar todos los actos de discriminación racial, así como proveer justa reparación cuando corresponda. Asimismo, resalta que todas las formas de discriminación, en específico por motivos de origen etnico-racial, constituyen un atentado a la igualdad y dignidad esencial de todos los seres humanos. Como consecuencia, la manifestación específica del derecho a la igualdad es el derecho de toda persona a no ser víctima de discriminación racial, que tiene implicación directa en su propio desarrollo.
Al respecto, la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH ha señalado que “garantizar reparaciones adecuadas a las personas afrodescendientes, es un paso indispensable para combatir la discriminación racial en la región”. Por su parte el presidente de la Comisión, Joel Hernández, recordó a los Estados “aunar esfuerzos para prohibir y sancionar las diferentes formas de violencia, discriminación e intolerancia contra las personas afrodescendientes”.
La Comisión hace un llamado a los Estados del hemisferio a impulsar un cambio estructural que garantice la igualdad formal y material para todos los grupos étnico-raciales. En esa medida, otorgar reparaciones integrales, con miras a lograr lavisibilización y divulgación de la memoria histórica afrodescendiente. Además, adoptar medidas de satisfacción, restitución de derechos, garantías de no repetición, rehabilitación, e indemnización por violaciones sufridas, integrando una perspectiva interseccional e intercultural, en consonancia con los estándares del Sistema Interamericano, y los lineamientos del Plan de Acción del Decenio de las personas Afrodescendientes en las Américas (2016-2025).
Por todo lo expuesto, la Comisión saluda la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia por parte de 5 Estados de la región, y urge a los Estados a continuar aunando esfuerzos para ratificar este tratado, así como la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
