La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reprocha la falta de respuesta del gobierno hondureño ante los persistentes conflictos por la tierra en el Bajo Aguán, que en 2023 resultaron en numerosos asesinatos y desalojos, perpetuando la vulnerabilidad de las comunidades campesinas
Tegucigalpa, Honduras. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que Honduras se enfrenta a una serie de conflictos sociales, ambientales y agrarios de larga data, derivados de problemas estructurales como la distribución inequitativa de la tierra y los recursos que han resultado en altos niveles de violencia principalmente en el Bajo Aguán.
De acuerdo con Andrea Pochak, Comisionada relatora para Honduras de la CIDH, estos conflictos se encuentran íntimamente asociados con una economía vinculada a la manufactura, a la industria extractiva privatizada y a la agricultura a gran escala como el cultivo de banano o palmas africana.
En ese sentido, remarcó que ese uso de la tierra “ha negado las reivindicaciones territoriales históricas de comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes, provocando la concentración de riqueza en una minoría de la población”.
Para Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), la persistente violencia que enfrentan los movimientos campesinos se debe a que el Estado de Honduras y el gobierno “no acabó de asumir con fuerza y determinación el abordaje de esta problemática que haga un equilibrio frente a la injusticia que se vive en el campo, que la sufre el campo y las familias campesinas, indígenas, negras, garífunas”.
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DEBILIDAD INSTITUCIONAL
Peace Brigades International Honduras (PBI), refiere que, en 2020 aproximadamente el 80% de las tierras de propiedad privada carecían de título o éste era inadecuado.
Una de las razones de la persistencia del conflicto territorial y agrario en el Bajo Aguán donde existe una disputa de tierras de larga data entre campesinos y empresarios, lo que ha provocado muertes violentas, amenazas, hostigamientos, intimidaciones, desplazamiento forzado, desalojos violentos e incluso desapariciones de campesinos que reclaman sus territorios y defienden el derecho a la tierra.
A razón de ello, la CIDH señaló que el conflicto agrario se ha incrementado debido a: la debilidad de la institucionalidad encargada del registro y la titulación de las tierras; la corrupción; irregularidades en la autorización y concesión de proyectos de desarrollo, así como una falta de respuesta efectiva de las autoridades estatales.
Esta situación de vulnerabilidad en la que se ha puesto al movimiento campesino de honduras, a criterio de la CIDH, ha impedido avanzar en una justicia redistributiva que mejore la vida de las comunidades afectadas y derivado en altos niveles de violencia.
En ese sentido, Víctor Fernández, expresó a Criterio.hn que “el 2023 fue un año muy violento para para los movimientos campesinos y territoriales”. De acuerdo con el abogado defensor de derechos humanos, se produjeron más de 10 asesinatos particularmente en el valle del Aguán.
Además, enfatizó que hubo una renovación de los procesos de criminalización en el país, y reprochó que no se revirtieron las reformas penales que permiten la criminalización y agravamiento de la criminalización en la zona.
Víctor Fernández, además denunció que los recursos que presentó el BED en representación del movimiento campesino “orientados a desmontar todo el proceso de ataque a lo poco que hay de la reforma agraria”, no se les ha dado respuesta y siguen vigentes.
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SIN INSTALARSE COMISIÓN TRIPARTITA
En febrero de 2022 se realizó la firma de un acuerdo celebrado entre el gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), con la intención de investigar asesinatos de campesinos, legalidad y origen de las tierras, entre otras cosas. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido instalada pese al llamado de diversos organismos internacionales
De acuerdo con la CIDH, luego de la firma, los actos de violencia perpetrados por estructuras criminales en contra de las familias campesinas, se reactivaron, así como desalojos extrajudiciales, amenazas, hostigamientos e intimidación en contra de miembros de las cooperativas.
Sólo en 2023, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh) documentó 15 asesinatos de personas defensoras y 2 periodistas. De estas víctimas, 13 estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Bajo este contexto de violencia el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía señaló que los ataques han sido mayores que en el 2021 y 2022. “han sido más más en el 2023 con este nuevo gobierno que el último gobierno de Juan Orlando Hernández”, remarcó.
Sobre la instalación de la Comisión Tripartita el abogado Mejía, lamentó que a más de dos años la misma no se ha instalado y agregó “más allá de la firma de un convenio, yo no veo nada en concreto que haya hecho este gobierno y que realmente tenga un impacto para reducir la violencia en el Aguán debido a la conflictividad agraria”.
En junio de 2023 se instaló la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, establecida en el marco del Consejo de Seguridad y Defensa con el supuesto de dar respuesta a la conflictividad vinculada a la tierra, que por su desarrollo, para Joaquín Mejía es “una comisión de desalojos”.
En 2023, la Oacnudh documentó la ejecución de al menos 37 desalojos, la mayoría en perjuicio de empresas campesinas y cooperativas agrarias.
