Tegucigalpa.- La comisión legislativa que preside la diputada Silvia Ayala aún no ha presentado un informe que detalle los actos de corrupción que presuntamente involucran a Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, sin embargo, el diputado Ramón Barrios aseguró que tienen en su poder más de 14 denuncias por corrupción en las que los extitulares del Ministerio Público están envueltos en varias irregularidades cometidas mientras llevaron las riendas de la institución.
UN MES SIN PRESENTAR RESULTADOS
Un poco más de un mes tiene la comisión especial interpartidaria de haber sido nombrada por el presidente del Poder Legislativo Luis Redondo, pero durante ese tiempo sólo se han reunido unas seis veces y, hasta la fecha, no han revelado los presuntos casos de corrupción cometidos por Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Sibrián, mientras llevaron la titularidad del Ministerio Público (MP).
Fue el mismo diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, quien confesó a Criterio.hn, que desde el momento que fueron nombrados por Redondo sólo se han reunido unas seis veces y que precisamente él, no estuvo en la última, que llevada a cabo hace más de 7 días, porque se encontraba fuera del país.
Sin embargo, y pese a las circunstacias, Barrios aseguró que tienen en su poder más de 14 denuncias por corrupción en las que tanto Chinchilla, como Sibrián están envueltas en varias irregularidades cometidas mientras llevaron las riendas del MP.
“Las denuncias se están analizando, se van a evacuar cuando la comisión tenga su informe final, que se presentará al presidente del Congreso y pleno de diputados (…) para mañana tenemos programada otra reunión de comisión en la que después, como siempre, daremos una conferencia de prensa”, contó el congresista oficialista.
Lo paradójico del caso, es que Chinchilla, que posiblemente esté involucrado directamente en más de 12 posibles casos de corrupción, hará el respectivo cobro de sus prestaciones labores, tras 10 años de mal dirigir el Ministerio Público
Además, dejó claro que los casos que presentarán ante el Congreso Nacional, que se desconoce en qué fecha los entregarán, sólo serán para que el pueblo hondureño conozca las irregularidades cometidas por estos abogados, ya que el Poder Legislativo no tiene facultades legales para levantar requerimientos fiscales como el MP.
“Lo que investigue la comisión no es vinculante porque no tiene facultades para presentar requerimientos fiscales o para sancionar al mismo fiscal general y adjunto. Simplemente es para dar a conocer al pueblo hondureño acciones y omisiones que dejó de hacer o que hizo más allá de la legalidad el exfiscal Chinchilla y Sibrián”, precisó.
Agregó que “la información le servirá por lo menos a Luis Javier Santos (titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción), que es el que puede presentar requerimientos fiscales en este momento. La mayoría de las denuncias son casos de corrupción que el exfiscal Chinchilla omitió y Sibrián también porque era fiscal adjunto”.
Precisamente en unas de las reuniones de los diputados que integran está comisión, estuvo presente el fiscal de la UFERCO, antes UFECIC, Luis Javier Santos, quien conoció los avances de la investigación, según indica un post en las redes sociales del Congreso Nacional.
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DEBATE DE LEGALIDAD
Esta comisión fue nombrada el tres de septiembre y está integrada por los diputados Hugo Noé Pino, Ramón Barrios, Silvia Ayala, Angélica Smith, Netzer Mejía (todos oficialistas); Carlos Raudales (Democracia Cristina); Ernesto Lezama (Partido Liberal), Ligia Ramos (PSH) y Rolando Barahona (antes del Partido Nacional).
El nombramiento de esta comisión fue el principal tema de debate a principios de septiembre, porque los grupos conservadores que hacen oposición al gobierno de Xiomara Castro, sostienen que Luis Redondo abusó del poder porque violentó el numeral 21 del artículo 205 de la Constitución de la República.
Si bien es cierto, la Constitución de la República en dicho artículo establece que el Congreso Nacional está facultado para designar comisiones especiales, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el artículo 22, inciso 14, dice que el presidente de ese poder puede crear comisiones especiales.
Para el analista político Raúl Pineda Alvarado debe existir comisión porque es una facultad que tiene el Poder Legislativo y una forma de trabajar, pero lo cuestionable es que fue nombrada por una decisión unilateral de Redondo, sin contar con el pleno.
De igual manera, consideró que no es malo investigar las actuaciones de Chinchilla y Sibrián, pero que esa es una tarea que le compete al mismo Ministerio Público y otros entes de investigación, no a los diputados del Congreso.
“El fiscal Óscar Chinchilla y el fiscal Daniel Sibrián sólo pueden ser investigados por el mismo Ministerio Público, no por el Congreso Nacional, que sólo puede investigarlo en cuanto a sus aspectos administrativos”, planteó el abogado en medios de comunicación.
En pocas palabras, desde la el oficialismo y la sociedad hondureña han pedido investigar a Chinchilla y Sibrián porque, mientras estuvieron en la titularidad del Ministerio Público (actualmente Sibrián continúa), prestaron sus cargos para evitar investigaciones a políticos vinculados con el narcotráfico y crimen organizado, la mayor parte de estos dirigentes del Partido Liberal y Nacional.
PESE A SEÑALAMIENTOS DE CORRUCIÓN, CHINCHILLA RECIBIRÁ PRESTACIONES LABORALES
Lo paradójico del caso es que Chinchilla, que posiblemente esté involucrado directamente en más de 12 posibles casos de corrupción, hará el respectivo cobro de sus prestaciones labores, mientras ostentó la titularidad del Ministerio Público (2013-2023)
Lo anterior, lo ventiló el diputado del partido Libertad y Refundación Jari Dixon Herrera, a través de la red social X, anteriormente llamada Twitter, en la que además adjuntó dos páginas, que pone en evidencia la solicitud y entrega de las prestaciones labores, que se desconoce el monto.
SOBRE LA TITULARIDAD DEL MP
El abogado Daniel Sibrián, afín al Partido Liberal, se quedó con el cargo de fiscal general del Ministerio Público de manera momentánea, hasta que el Congreso Nacional lleve el proceso de elección para escoger a su sucesor, según manda la Constitución de la República.
La Constitución en su artículo 233 establece que, ante la falta del titular (Óscar Fernando Chinchilla, que dejó el cargo el 31 de agosto), el adjunto tendrá que asumir la titularidad, hasta que escojan a las nuevas autoridades.
Sin embargo, el tiempo que Sibrián continuará en la titularidad del MP, pese a que el pasado 31 de agosto terminó su gestión como fiscal adjunto, está en incertidumbre, ya que los partidos políticos con mayor número de diputados en el Congreso, todavía no han logrado llegar a consensos para llevar a cabo el proceso de elección.
El oficialismo apoya al abogado Johel Zelaya como fiscal general y la oposición a Marcio Cabañas Cadillo para el mismo cargo, pero ninguna posición ha alcanzado la mayoría calificada de votos (86), lo que ha impedido que ambas mociones sean valoradas por el pleno de diputados.
