Por: Gustavo Zelaya
En apenas cuatro meses el régimen de CC-4 ha utilizado más de 13 mil millones de lempiras para enfrentar la pandemia, dineros aprobados por el Congreso Nacional o logrados por medio del Banco Mundial y del FMI. Entre otras cosas, se supone que han servido para comprar 7 hospitales móviles, 1659 ventiladores mecánicos, equipos de bioseguridad, 9 millones de mascarillas, más de 250 mil pruebas PCR, y obviamente, no podían faltar los necesarios televisores y percoladoras, sin los cuales no hay manera de combatir el nuevo coronavirus. Esos recursos son producto de préstamos, en menor medida provienen de las recaudaciones nacionales y en su mayoría puestos a disposición de Invest-H y Copeco que han efectuado compras de insumos y equipos médicos que nos ponen a la vanguardia contra el Covid-19.
El uso efectivo y transparente de esos dineros está más que garantizado por la acción de veeduría social realizada por los intachables y neutros personajes de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), la Confraternidad Evangélica y el Foro Nacional de Convergencia (FONAC). Todos ellos de larga experiencia en el acompañamiento del actual régimen.
Puede decirse que estamos sobre equipados con suficientes elementos técnicos para reducir el contagio y la muerte de muchas personas. Sin embargo, diariamente y en distintos medios de comunicación aparecen testimonios de médicos, de alcaldes, de directores de hospitales públicos y otros funcionarios municipales exigiendo más equipos de bioseguridad, más oxígeno, más insumos hospitalarios a las autoridades estatales; materiales que llegan muy tarde o nunca aparecen; lo único seguro son las donaciones de personas particulares o de entidades privadas y en muchas casos se obtienen gracias a las colectas populares en donde participa el personal de salud de las comunidades.
Frente a esa realidad desde muchos sectores sociales se pregunta ¿dónde está el dinero? Para que importantes funcionarios prepotentes e irresponsables respondan “si quieren saber dónde está el dinero, primero deben decirme dónde está el dinero de la cuarta urna”. Así es el nivel de arrogancia y autoritarismo de los expertos del régimen de CC-4.
Los supuestos errores e inexperiencia en la compra internacional de los equipos médicos no puede ocultar que, en el despilfarro y en las compras sobrevaloradas, se muestra la gran capacidad del gobierno central para organizar el saqueo; no dejan nada al azar y en su demencial asalto a fondos públicos hay detalles importantes como la elaboración de un código penal y otras normativas que aseguran la impunidad, incluyendo el desmontaje de la mediatizada Macchi y el sacrificio de algunos peones como Gabriel Rubí y Marco Bográn, en el afán de continuar con la corrupción y mantenerse en el poder. Todo ha sido resultado de una minuciosa planificación del que hay indicios claros desde el saqueo de más de 7 mil millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en el sistemático desmantelamiento del sistema de salud pública, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad, la compra de equipos sobrevalorados y medicinas adulteradas, en donde todos los actores y proveedores son personas ligadas al gobierno de Juan Orlando Hernández.
Toda la práctica corrupta desde el círculo del poder, que no inicia el 28 de junio de 2009 y larga historia desde el período independentista, adquiere más precisión con el golpe de Estado de 2009, esa práctica hace creer que no hay manera de esperar comportamientos distintos en el momento actual pero que en plena pandemia adquiere contenidos macabros, genocidas, ya que desangra y asesina amplios sectores de la población, incluyendo miembros de la élite del poder.
En los históricos asaltos al dinero del pueblo la cúpula gobernante nunca ha utilizado mascarillas, son casi 200 años de robos realizados abiertamente y bajo la protección de sus códigos penales, sus sistemas de jueces, sus organismos contralores y su sistema electoral. No sólo se apoderan del dinero, también manipulan al Estado y a las instituciones para apoderarse de todo. Incluyendo los ríos, el aire, las montañas y, lo más importante, la existencia de miles de personas.
Ahora, con el razonable pretexto de la pandemia y la emergencia sanitaria, se impone utilizar la mascarilla y casi todos, sin necesidad de muchos medios legales, la utilizamos, hasta el punto de que la sociedad se despoja de su rostro humano. Entre otras dificultades esto abre paso a que se obstruyan las relaciones personales en los espacios públicos, a que lo vínculos sociales parecen romperse, más que aprender a vivir juntos las distancias parecen imponerse y desde el poder se impide la construcción de relaciones sociales y, sin tanta represión, sin importar las diferencias sociales, se establece la razón sanitaria como otra forma de la razón estatal. Ahora la mascarilla no sólo oculta el rostro, la sonrisa o el desagrado que expresamos frente a algo; también nos confina en espacios privados. Así, es muy posible que el distanciamiento social generado por la pandemia sea una de las condiciones para aumentar el autoritarismo, para profundizar la militarización de la sociedad con la complacencia de la supuesta oposición política.
Parece, pues, que el justificado temor a la enfermedad da lugar a la sospechosa seguridad que brinda el Estado y que aplasta las pocas libertades formales existentes. El obligado confinamiento y el miedo promovido desde el gobierno que repite que lo peor está por venir, muestran el fracaso de muchas creencias mundiales elaboradas alrededor de la globalización.
Pocos meses atrás, desde los poderes hegemónicos y con la confabulación de las cúpulas locales se repetía sobre la necesidad de ser parte de los procesos globalizantes. Se presentaban áreas de perfección comercial como las zonas especiales de desarrollo, software para todos, universidades certificadas internacionalmente, comunidades financieras interconectadas para deleite de la sociedad, puertas abiertas para emprendedores on line y ahora, frente al imperceptible virus, el confinamiento de las personas se erige en medio fundamental para sobrevivir. La publicitada globalización puso en muy malas condiciones los sistemas de salud, de educación pública, de previsión por onerosos, poco rentables y provocar cargas financieras insostenibles para su Estado. No es raro, entonces, que los políticos y empresarios de la globalización ahora aparezcan como voceros expertos de la bioseguridad, del control de las personas y las aperturas “responsables e inteligentes” de la economía. Se olvidaron del Estado chico y piden intervención del Estado en asuntos de sanidad pública. Pero no van a ceder en seguir globalizando negocios, pero no el derecho a la emigración provocada por la inseguridad y el desempleo. Al menos aprendemos que las bolsas de valores y las finanzas privadas no detienen la pandemia; que la enorme liquidez bancaria que ronda los 31 mil millones de lempiras no ha servido para mejorar la salud de las personas.
Las distintas expresiones de la crisis del sistema capitalista, crisis sanitaria, económica, política, social, etc., podría hacernos entender que la ruina es parte esencial del sistema; que la descomposición se encuentra en el sistema y que atenta contra el la vida humana y contra la naturaleza; que el descalabro de los sistemas de salud en Honduras, Perú, Guatemala, Inglaterra, en tantos países que han participado en supuestos procesos de globalización, tiene estrecha relación con los recortes presupuestarios y los ajustes estructurales de la economía; con el menosprecio al cuidado de las personas y a la elaboración de comidas saludables y medicinas tradicionales; todo ello ha servido para acelerar la propagación de las enfermedades. Pone en evidencia que, ante la urgencia de salvar vidas, los grupos en el poder y los empresarios, van a seguir desarrollando mecanismos para aumentar sus riquezas, para privilegiar el lucro en detrimento de la vida humana; la obtención de más ganancias en medio de la pandemia les hace acomodar el lenguaje y pregonar sus “aperturas inteligentes” de la economía.
Parece que enfrentamos una larga coyuntura de malas noticias, pero la pandemia también puede ser momento para edificar movimientos sociales, populares, políticos, que hagan efectiva la solidaridad y la necesidad de transformar la sociedad. Se requiere, entonces, fortalecer los movimientos sociales, intentar construir una sociedad antipatriarcal y antirracista, respetuosa de las diferencias, que vayan más allá de la tradicional concepción de la igualdad y se edifiquen a partir de la equidad.
Esta devastadora enfermedad muestra también uno de los elementos característicos de la época, además de la incuestionable lucha de clases destaca la incertidumbre, el no saber qué vendrá mañana, si estaremos contagiados o a salvo del COVID-19; pero también deja ver algo más: el posible desmoronamiento del capitalismo; ni siquiera en esto hay certeza; aunque la depresión económica es tan evidente, es difícil saber de sus reales posibilidades de contención o de la certeza de cuál será su resultado.
Pero, entre tantas dolorosas muertes, entre tanto sufrimiento, algo asoma y muestra su cara en la total desconfianza que muchas personas tienen frente al régimen de Juan Orlando Hernández, algo dicen estos datos:
“El 82.5% de la población no tiene confianza en el gobierno central. 8 de cada 10 piensan que la corrupción está extendida en el gobierno central. La población calificó con una nota de 3.69 a Juan Orlando Hernández (JOH) por su desempeño en su último año de gestión. El 63.9% de la población percibe que la corrupción está muy extendida en la empresa privada. El 87.5% de la población percibe que los asesinatos de mujeres aumentaron”. (Sondeo de opinión pública, décima edición, julio de 2020, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ). Y esa expresión popular manifestada en ese sondeo muestra posibilidades, mejores opciones para organizar el descontento y la frustración.
14 de julio de 2020.
