Exfuncionarios encargados de saquear las arcas del Estad, que se encontraban privados de libertad en batallones de las Fuerzas Armadas, este día fueron trasladados hasta la cárcel ubicada en Támara, Francisco Morazán, en una operación ejecutada por la PMOP, con el objetivo de quitarles todo tipo de privilegios
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Tegucigalpa, Honduras.- Mario Zelaya, Marco Bográn y José Berttety, son algunos de los exfuncionarios ya sentenciados por cometer emblemáticos casos de corrupción que este lunes, en el marco del operativo que dirigió la Policía Militar del Orden Público (PMOP) “Cero Privilegios”, fueron trasladados desde el Primer Batallón de Infantería hasta la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, situada en la aldea de Támara, al norte de Francisco Morazán.
“Los batallones ya no serán cárceles, han servido para albergar a líderes de estructuras criminales y políticos, pero ya no más. Nos habíamos tardado (en hacer el traslado) porque no teníamos las instalaciones correctas en Támara”, dijo en una conferencia de prensa el jefe de la PMOP, coronel Ramiro Muñoz.
“Somos responsables de la seguridad de ellos, pero en el lugar que les correspondes que son los centros penales. Muchos criticaban el por qué líderes de organizaciones criminales y políticos iban para los batallones, pero eso no pasará más, deben estar con todos los responsables de cometer delitos”, agregó.
De igual forma, el coronel Muñoz, que desde el pasado uno de julio es el encargado de encabezar la intervención penitenciaria, aseguró que los batallones sólo serán utilizados para albergar a operadores de justicia que están enfrentando procesos judiciales en su contra, en cumplimento a lo que establece la ley.
Aunque esta medida podría ir en contra de una de las directrices giradas el pasado 31 de marzo de 2023, fecha que entró en vigencia la segunda fase del plan “Solución Contra el Crimen” (SCC), Muñoz sostuvo que este traslado contó con el favor de la presidenta Xiomara Castro y con el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
El numeral tres, de la segunda fase del plan, aprobado por el Consejo de Ministros, establece que las Fuerzas Armadas en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) habilitarán los batallones como centros de reclusión de emergencia, en cumplimiento con los estándares de seguridad internacionales que regulan los derechos de los detenidos.
Para el abogado Joaquín Mejía, si desde el gobierno buscan respetar los estándares internacionales, lo primero que deberían hacer es cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra del Estado hondureño.
“El Estado debe cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ordena adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales con el fin de evitar situaciones que se están viviendo (criminalidad en los centros penales)”, valoró Mejía en conversaciones con Criterio.hn.
Aunque no lo dijo literalmente, Mejía pudo hacer referencia a la sentencia del caso “Pacheco Teurel y otros vs. Honduras”, celebrado en 2012 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se lee que la nación centroamericana debe prevenir situaciones que pongan en riesgos a los privados de libertad, como incendios y también cumplir con sus necesidades básicas.
Mejía reiteró su postura, en la que sostiene que los militares y uniformados de la Policía Nacional no son los encargados para dirigir, cooperar o encabezar operaciones en los centros penitenciarios, porque no están facultados ni preparados. “No están preparados, deben ser personas civiles las encargadas”.
La medida de ir desligando las instalaciones de las Fuerzas Armadas en este tipo de temas, comenzó en febrero de este año, cuando la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, ordenó que trasladaran el Juzgado de Letras que operaba en el Fuerte Cabañas, a la sede judicial.
Lo anterior, según el oficio, fue para cumplir con los principios básicos relativos de independencia judicial y normativas de los derechos humanos.
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LOS EXFUNCIONARIOS Y EXTRADITABLES TRASLADADOS
Entre los exfuncionarios trasladados la mañana de este lunes, figuran los principales orquestadores de saquear los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y los que hicieron perder millones de lempiras al Estado a través de las compras directas de hospitales móviles, en medio de la pandemia del Covid-19 en 2020.
Por ejemplo, Marco Bográn, exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), que fue sentenciado a más de 10 años de cárcel, se encontraba recluido en el batallón de las Fuerzas Armadas por propia solicitud de su defensa, quienes argumentaron que en una cárcel su vida podría correr riesgo.
En pocas palabras, Bográn, afín al Partido Nacional, que años atrás fue gran aliado de políticos nacionalistas también salpicados por casos de corrupción, en medio de la pandemia del Coronavirus, se encargó de comprar siete hospitales móviles en mal estado, provocando un perjuicio mayor a los L 1, 200 millones y cobrando la vida de miles de hondureños.
Aquí la lista completa:
Mario Roberto Zelaya (IHSS)
Jhon Charles Bográn (IHSS)
José Ramón Berttety (IHSS)
Luis Alejandro Joya (IHSS)
Óscar Guerra (IHSS)
Álex Idolio Reyes (IHSS)
Marco Antonio Bográn (hospitales móviles)
José Rafael Sosa (pedido en extradición)
Miguel Alfredo (pedido en extradición)
Sergio Ramón Rodríguez (asesinato Berta Cáceres)
Roberto David Castillo (asesinato Berta Cáceres)
Manuel Meza (exalcalde de Reitoca, Francisco Morazán)
Isaí Evenot Campos (exfiscal de Santa Bárbara)
Santos Raúl Antúnez
Josué Jeremías Rodríguez
Carlos Luis Guevara
Luis Manuel López
José Miguel Handal
Selvin Leones Flores
Rigoberto Paredes
