Redacción CRITERIO
Por: Marcia Perdomo
Tegucigalpa. Las arbitrariedades en contra de los ocho defensores de Guapinol continúan pese a que la Corte Suprema de Justicia anuló el juicio.
Tras la decisión del Tribunal de Trujillo de negar el sobreseimiento definitivo a los ambientalistas que permanecieron 914 días en prisión ilegal, Criterio.hn contactó a la abogada del bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, para conocer los escenarios e intereses que se mueven detrás de esta decisión judicial.
La profesional del derecho señaló que, sin un sobreseimiento definitivo, el Ministerio Público tiene la posibilidad de solicitar nuevamente la persecución penal en los próximos cinco años, algo que está establecido en la norma procesal penal.
En caso de ser reactivado y con delitos que no dan lugar a medidas sustitutivas, como lo hicieron previamente en este caso, los ambientalistas podrían volver a la cárcel, dijo la abogada Oliva.
Nota relacionada: Honduras: Investigación exhaustiva a jueces y fiscales que promovieron juicio contra defensores de Guapinol
Sobre cuáles podrían ser los intereses ocultos para que el caso continúe abierto al no entregarles sus cartas de libertad definitiva, Oliva señaló que en la opinión del equipo legal este sería desmovilizar al movimiento social y a los defensores para que la empresa minera se instale por completo.
La abogada señaló que, a lo largo de todo el proceso, los casi 30 meses de cárcel arbitraria que vivieron los defensores, el proyecto continuó. A través de la criminalización de los defensores dividieron la atención de la lucha, lo que “permitió a la empresa avanzar y posicionarse en el lugar”.
A juicio de Oliva, la empresa pretende mantener distraída a la comunidad a través de la criminalización y judicialización de los defensores para que la empresa continúe operando en la zona.
Es importante resaltar, que el proyecto minero a cielo abierto se encuentra en el Parque Nacional Carlos Escaleras -un área protegida- y pese a varias denuncias, las concesiones ASP y ASP II, con sus respectivas licencias ambientales, fueron otorgadas.
El informe “Territorios en riesgo III: minería, hidrocarburos y generación de energía eléctrica en Honduras”, publicado por Fosdeh, UNAH y Oxfam, señaló que el área núcleo del Parque Nacional fue modificado en dos ocasiones.
Primero en 2013 a través del Decreto 252-2013, argumentando la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, pero reduciendo la zona núcleo, y una segunda vez en los últimos dos años, según datos de 2021 del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Siempre disminuyendo aún más la zona núcleo alrededor de las concesiones ASP y ASP II, ambas según catastro minero de 2018 concedidas a la empresa minera Inversiones Los Pinares, señaló el informe.
El 28 de febrero de este año, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+), declaró «todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto».
Criterio.hn ha intentado en reiteradas ocasiones contactar al titular de MiAmbiente+, Lucky Medina, para conocer si ha habido un retroceso en la resolución inicialmente planteada. No obstante ha optado por no responder a las comunicaciones.
