Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- El Informe Alternativo sobre Acceso a la Información Pública del Proyecto HondurACTion, coalición de organizaciones que trabajaban por la transparencia en Honduras, confirma que los funcionarios públicos y las entidades del Estado limitan el acceso a la información pública mediante el ocultamiento de información relacionada con la corrupción o información útil para los procesos de rendición de cuentas.
HondurACTion, proyecto en consorcio conformado por las organizaciones, Christian Aid, el Centro de Desarrollo Humano (CDH), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y el Organismo Cristiano para el Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), indica que los lineamientos que se utilizan para evaluar la información pública les permiten a las instituciones del Estado ocultar la información sin el riesgo a ser sancionadas.
Detalla, que las instituciones centrales pueden omitir la publicación de información de los fondos que utilizan para proyectos sociales, mientras que las municipalidades no están obligadas a publicar los comentarios que hacen los ciudadanos en los cabildos abiertos.
En tal sentido, el informe dice que no necesariamente la mayor disponibilidad de información pública produce más consciencia sobre la administración de los recursos del estado y que ese elemento podría estar ligado con la cultura clientelar que no permite ver al político o funcionario, como persona obligada a conceder derechos, sino no favores. “Esto produce una baja demanda de información pública”, dice el documento.
También revela, que el acceso a la información pública se ve afectada cuando lo que se publica no es en formatos amigables para la ciudadanía, como ocurre con los componentes financieros de los portales en donde la información se presenta utilizando sistemas desconocidos y no se acompañan de informes narrativos para una mejor comprensión. Según el estudio, hay contradicción entre las metas de la ciudadanía que busca preservar el interés público y los políticos y funcionarios, que solo están interesados en preservar su propio interés.
La investigación dice que el Plan Operativo Anual de la Casa Presidencial contempla una inversión de 58 millones de lempiras para becas escolares y 25 millones para ayudas sociales, incluyendo la dotación de medicamentos y pago de exámenes médicos, información que no ha sido publicada provocando desconocimiento e inacceso de la población a esos recursos.
Sostiene, que el componente de planeación y rendición de cuentas contiene ocho tipos diferentes de información que hacen referencia a la planificación y ejecución de las políticas generales, los planes, programas y proyectos.
La Municipalidad del Distrito Central fue calificada con 100% de cumplimiento para el año 2019. Sin embargo, el estudio dice que la carencia de formatos únicos limita considerar que la información está completa porque es presentada de manera diferenciada y sin cumplir los lineamientos. Revela que el portal contiene 48 registros de información sobre servicios presentados individualmente para cada una de las pestañas del sitio.
Además, asegura, que esto dificulta la accesibilidad, porque para encontrar información completa y comprender el alcance del servicio se deben consultar cinco documentos distintos, que deben ser llenados para acceder a ese servicio.
“Registro de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de la propiedad inmueble, registro catastral, registro sanitario, etc. Estos registros se presentan de manera mensual sin mayor cantidad de etiquetas que indiquen qué comprende el registro o qué
obligaciones emanan de éste”, expresa el informe, que menciona el ejemplo del componente de finanzas que presenta toda la información relevante en 9 formatos diferentes.
Asimismo, dice que en los gastos de viaje y viáticos de enero del 2019 y los gastos de alimentación no cuentan con la información relevante que permita una auditoria social, porque el uso de normas de contabilidad y reportes del sistema SAMI hacen que la información sea de difícil comprensión a las personas que no cuentan con formación especializada.
Legislación permisiva
Según el estudio de HondurACTion, aparte de las barreras que imponen los funcionarios públicos en el manejo de los portales de transparencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) es permisiva y en algunos casos las peticiones de información son desestimadas por errores de forma al momento de presentar la solicitud.
Entre esas solicitudes el estudio menciona las relacionadas con legislaciones, en el caso de que no contenga el nombre correcto de la ley o que se mencione solamente con el nombre popularizado en los medios de comunicación, como es el caso de la Ley de Secretos, que siempre son rechazadas.
“De igual manera, se presentan casos en que los plazos son extendidos hasta agotarse los recursos de revisión previstos en LTAIP lo que favorece a que estos procesos de investigación se abandonen por frustración” relata el estudio.
Afirma, que las alcaldías en ocasiones niegan información relacionada con cabildos abiertos, sesiones de corporación municipal o de reuniones sostenidas por el personal y el Alcalde.
De acuerdo con el informe, hay casos en los que los portales de transparencia de las alcaldías publican información de proyectos inconclusos como terminados y de igual manera con calidades diferentes a la realidad.
En otro sentido, declara que la secretividad de la información pública es reiterativa y de manera arbitraria, como sucede con los salarios de funcionarios, los procesos de toma de decisiones y los nombres de las personas que obtienen contratos con entidades públicas. Afirma, que la reserva de información es utilizada para omitir los nombres de los funcionarios públicos en los organigramas, una situación que impide la realización de auditorías sobre el cumplimiento de las obligaciones y verificación en los casos de nepotismo.
“De igual forma, esto ha permitido ocultar información sobre las personas que ostentan contratos con el Estado para explotaciones mineras o manejo de concesiones, diluyendo esfuerzos de auditoría por parte de las comunidades afectadas” expresa.
Aparte, puntualiza que existen casos en los que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) evita sancionar a los funcionarios que incumplen con sus funciones, facilitando la aplicación parcializada de la ley, pese a la intimidación que muchas veces ejercerse los funcionarios cuando se hace uso de la información pública.
La Ley contempla sanciones de amonestación por escrito, suspensión de labores sin goce de sueldo, multas de hasta cincuenta salarios mínimos y despidos.
En su capítulo de recomendaciones, el informe de HondurACTion pide la derogación de las contrarreformas legales que promueven la opacidad, como la Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, conocida como “Ley de Secretos”; la Ley de Inteligencia Nacional, la Ley de Seguridad Poblacional y diferentes reservas de información decretadas por el poder ejecutivo.
También exhorta fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a través de la publicación de información en formatos amigables, acceso a la información de manera anónima y medidas de premiación a funcionarios públicos no corruptos.
Un comentario
Que es po lo que no oculta este CABRÓN.