“Por falta de protocolos en los centros penales a nivel nacional hay mujeres trans que son víctimas de explotación sexual, de trata, explotación laboral, abuso y acoso sexual, ellas son sometidas y por sobrevivencia y no por convicción acceden a realizar muchas cosas que están en contra de su voluntad”, manifestó Donny Reyes.

Tegucigalpa. Las muertes violentas y los crímenes de odio no solo se comenten en los barrios y en las ciudades, sino que también ocurren al interior de los centros penales y en muchas ocasiones estos crímenes están ligados a la discriminación por orientación sexual.

Los asesinatos son cometidos a pesar que las personas privadas de libertad están bajo custodia y responsabilidad del Estado.

Hasta julio del año en curso se registraron dos mascares en los centros penales de “máxima seguridad” en el país, en donde perdieron la vida de manera violenta dos miembros de la comunidad LGTBI, una víctima en cada uno de los hechos violentos, en muchas estas muertes las autoridades no han reconocido el género asumido por las víctimas, sino que discriminan y estigmatizan usando un lenguaje y un tarto inapropiado.

El 2022 ha sido uno de los años que más se han registrado muertes violentas hacia miembros de la comunidad LGTBI, en comparación con años anteriores, esta vez los crímenes de odio se dispararon a nivel nacional y el 2022 supera las cifras de muertes violentas de 2017, los grupos vulnerabilizados cada día se ven afectados por la violencia que asecha al país.

En vista de las violaciones a los derechos humanos de los cuales son víctimas las personas privadas de libertad, la Red Lésbica Cattrachas, exige que se respeten los derechos a las personas de la comunidad diversa.

Mediante un tuit manifestaron que en Honduras se incumple con muchos derechos que se deben otorgar a los privados de libertad pertenecientes a la comunidad LGTBI.

Hablar de cárceles para las personas LGTBI en Honduras y con una expresión de género evidente fuera del patriarcado y la heteronormatividad es complicado, porque Honduras tiene los regímenes penitenciarios y con condiciones deplorables, precarias e inhumas, manifestó Donny Reyes en conversación con Criterio.hn.

Agregó que los miembros de la comunidad diversa que están en los centros penales a diario son víctimas de tratos crueles e inhumanos, y también quienes son retenidos en operativos o son llevados a las postas policiales, donde sufren desde burla hasta la violencia física y sexual.

Reyes añadió que los centros penitenciarios nacionales no cuentan con un protocolo y trato diferenciado para atender la vulnerabilidad de la que son víctimas los miembros de la comunidad LGTBIQ+.

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A juicio de Reyes los hombres trans y las mujeres lesbianas no tienen los espacios que deberían y son internadas e internados en lugares que el peligro está latente, reveló que las mujeres trans no son recluidas en centros penales de mujeres, sino que son consideradas “hombres” y enviadas a celdas donde están expuestas entre muchos hombres.

 “Por falta de protocolos en los centros penales a nivel nacional hay mujeres trans que son víctimas de explotación sexual, de trata, explotación laboral, de abuso y acoso sexual, ellas son sometidas y por sobrevivencia y no por convicción acceden a realizar muchas cosas que están en contra de su voluntad”.

Denunció que los centros penales del país no tienen los cuidados para la salud sexual o reproductiva, no existe atención médica ni psicológica, mucho menos un tratamiento integral con enfoque diferenciado, “podemos decir que los centros penitenciarios, son espacios de tortura, tratos crueles e inhumanos y de muerte”, declaró Reyes.

Recordó que por todas las violaciones que sufren los privados de libertad de la comunidad diversa es que existe un módulo denominado “La Isla” en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, aunque también es uno en donde se sufre estigma y discriminación muchas y muchos deciden irse a este módulo donde, además, muchos de ellos ya hicieron su propio mecanismo de protección.

“Este módulo no es nada más que donde están los enfermos mentales, crónicos, los de etapa terminal de SIDA, y por considerar a la comunidad LGTBI como personas enfermas les habilitaron este módulo a ellos también, esto es una clara violación a la dignidad humana”, condenó Reyes.

Los últimos días se dio a conocer sobre la muerte violenta de la activista y defensora de los derechos humanos Melissa Núñez en Morocelí El Paraíso, una mujer trans de 42 años que hace un año regresó al país proveniente del extranjero después de vivir fuera más de 20 años.

Según datos del Observatorio de Cattrachas, Melissa se convirtió en la sexta persona trans asesinada en Honduras en lo que va de este año y en la víctima número 34 de personas asesinadas de toda la comunidad diversa, para ese grupo vulnerable la impunidad en el país alcanza más del 90%.

Aunque organizaciones defensoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales exigen de manera constante porque se les respete la vida y no se vulneren más los derechos de esta comunidad, las víctimas por crímenes de odio cada día son más en Honduras, la indefensión y el irrespeto a sus derechos es papable desde diferentes espacios.

Por su parte, la representante de sociedad civil del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), Sandra Rodríguez, en entrevista con Criterio.hn manifestó que están examinando periódicamente el trato que les brinda a los privados de la libertad en los diferentes centros de detención.

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Añadió que están realizando un mapeo para tener una cifra exacta mediante un mapeo en los 25 centros a nivel nacional a cada uno de los miembros de la comunidad LGTBI, para que los elementos encargados de custodiar la vida de las personas privadas puedan dar un trato diferenciado a esta población.

Lo que se busca es dejar a un lado de tratar a la persona por el delito, sino que realmente tratarlos como seres humanos sin ningún tipo de discriminación mencionó Rodríguez, asimismo, indicó que están trabajando para que se implemente las visitas familiares y de esta forma poder visibilizar a esos grupos mayormente vulnerados en los centros penales.

Rodríguez agregó que esto un reto para el Instituto Nacional Penitenciario (INP), para que se adopten estrategias que aseguren el libre disfrute a la visita conyugal de las personas privadas de libertad que pertenecen a la comunidad diversa, “ya presentamos la propuesta y este es el momento idóneo para que se eleve a las autoridades del INP encargadas de autorizar la política para que se desarrollen estas nuevas medidas y que se establezcan los protocoles para que los miembros LGTBIQ+ disfruten de su visita”.

Las cárceles en Honduras tienen una sobrepoblación que sobrepasa el 75% por lo tanto, no se cumplen con las medidas y protocolos diferenciados para atender la vulnerabilidad de la cual son víctimas, tanto los miembros de la comunidad LGTBI como la demás población que está recluida en todos los centros penales.

Defensoras de derechos humanos que han sido consultados por el equipo de Criterio.hn han manifestado que esperan que con el actual gobierno se reduzca la mora judicial, que mejoren las condiciones de los privados de libertad, que se les vea como personas humanas, que apliquen la correcta aplicación de la justicia, que los operadores de justicia cumplan su papel y que se investiguen los casos.

El equipo de Criterio.hn solicitó entrevista con el Director del (INP) Otoniel Castillo, quien manifestó que no podía ser abordado porque se encontraba de viaje, pero que conseguiría entrevista con su subalterno, no obstante, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.