El coronel Arita fue requerido por efectivos de la Policía Militar del Orden Público mientras intentaba ingresar una millonaria cantidad de dinero al centro penal, que él dirigía, para supuestamente entregárselo a los cabecillas de la pandilla Barrio 18
Y, un día después del arresto, el Ministerio Público ordenó un requerimiento fiscal por suponerlo responsable de cometer los delitos de lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios
Tegucigalpa, Honduras.- Que hayan capturado al coronel José Rodimiro Arita, mientras intentaba ingresar 445 mil lempiras al centro penal de máxima seguridad La Tolva, ubicado en el municipio de Morocelí, en el departamento de El paraíso, al oriente de Honduras, pone en evidencia nuevamente que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) tiene colusión directa con el crimen organizado y, por lo tanto, no está a la altura para llevar el control de los centros penales.
La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, dijo en conversaciones con Criterio.hn que el caso del coronel momentáneamente es el que ha salido a la luz, pero que gran parte de los uniformados podrían estar involucrados con el crimen organizado que opera en los centros penales.
“No creo que sea un caso aislado, hay muchos más (directores de penales) que podrían estar envueltos. Este caso pone al descubierto la colusión de los militares con el crimen organizado; estamos hablando de un sistema corrupto en el que también está la Policía Nacional”, opinó Villanueva, que fungió como director de Medicina Forense del Ministerio Público de 2013 a 2018.
Lo expuesto por la Julissa Villanueva lo terminó confirmando en mismo ente investigador, al ventilar en el comunicado en que giran el requerimiento fiscal contra Arita y su asesor legal, que no es la primera vez que ingresar grandes sumas de dinero a La Tolva, en donde la mayoría de los privados de libertad son integrantes de la pandilla Barrio 18.
“De acuerdo con las investigaciones, no es la primera vez que se llevan grandes cantidades de dinero a ese centro penal”, dice parte del escrito, en el que también evidencian, que la gran parte de estos hechos se están registrando mientras la institución castrense tiene el control de todos los centros penales.
Sin embargo, Villanueva aseguró que no toda la institución está corroída por este mal histórico, porque pusieron a la orden de las autoridades competentes a Arita, de ser lo contrario, el coronel hubiera podido ingresar la millonaria suma de dinero a la cárcel de máximo seguridad, como posiblemente lo estaba haciendo desde que tomaron el control de las cárceles.
“No es un hecho aislado, pero no toda la institución está implicada, porque para mí, si el coronel Muñoz (director de la PMOP encargado de la intervención penitenciaria) lo ha puesto a la disposición de las autoridades, es porque está dando seguimiento a todas estas acciones corruptas y eso para mí es un buen indicador que está siguiendo las indicaciones de la presidenta (Xiomara Castro)”, mencionó.
La Policía Militar desde junio de este año retomó el control de los centros penales, después de la masacre que acabó con la vida de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), pero, durante estos más de cinco meses, es la primera vez que cae un director de un centro penal ligado al crimen organizado, precisamente a la pandilla Barrio 18.
En esta intervención penitenciaria la Policía Militar son pocas las veces que ha rendido un informe a los medios de comunicación de cuáles son los hallazgos encontrados y cómo están tratando a los privados de libertad, pero el coronel Muñoz afirma que, desde que se lanzó la operación “Fe y Esperanza”, el 21 de junio de 2023” los centros penales dejaron de ser un problema para el país.
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MPOP: INSTITUCIÓN DENUNCIADA HASTA INTERNACIONALMENTE
Los militares pese a que han sido cuestionados por violentar tratados internacionales, violación a los derechos humanos, abuso de autoridad, a esta situación se le suma el caso del subsecretario de Defensa, Elías Melgar Urbina, quien interpuso la renuncia desde el pasado 21 de junio, pero no se la aceptaron y además es vinculado con narcotraficantes que están procesados en Estados Unidos.
Dos días después la secretaria de Defensa aceptó la renuncia de Melgar Urbina, pero según el Portal de Transparencia de la institución, este permaneció en el cargo hasta octubre de este año y, desde diciembre, el puesto lo está ocupando el general Jorge Fortín Aguilar, quien antes se desempeñaba como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
De igual manera, Criterio.hn en un trabajo de análisis de datos puso en evidencia que los militares, durante el estado de excepción ha estado en vigencia, han sido denunciados en reiteradas ocasiones por abusar de su poder para violentar los derechos humanos. Muestra de lo anterior es el caso en el que se vio envuelto el coronel Muñoz, que utilizó su poder para intimidar y amenazar a unos de sus subordinados.
El doctor en derechos humanos Joaquín Mejía en reiteradas ocasiones ha denunciado que la fuerza castrense no está preparada para llevar el control de los centros penales, porque están siendo preparados para combatir con el enemigo, no convivir con la población.
“Los militares no pueden estar en la dirección de las cárceles. De hecho, el Estado debe cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la que ordena adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales con el fin de evitar situaciones como las que se están viviendo”, dijo Mejía a Criterio.hn.
En la sentencia del caso “Pacheco Teurel y otros vs. Honduras”, llevado a cabo en 2012, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se lee que la nación centroamericana debe prevenir situaciones que pongan en riesgo a los privados de libertad.
Sin embargo, lejos de pasar lo establecido, el gobierno de Castro, que en campaña política prometió desmilitarizar los centros penales y sociedad, está pasando lo contrario, pues a la fuerza castrense gradualmente se le está dando poder, como intervenir las cárceles, encabezar operativos en varios departamentos y cooperar con la Policía Nacional durante este estado de excepción.
