“Hemos perdido familiares por defender las tierras, asesinaron al abogado que nos representaba, tenemos mucha documentación que demuestra claramente la estrategia que hay para el despojo y la persecución al sector campesino”, Yoni Rivas
Tegucigalpa.- Al menos 29 empresas y cooperativas aglutinadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa), se manifestaron hoy frente a casa presidencial exigiéndole a la presidenta Xiomara Castro, el cumplimiento del acuerdo firmado de buena fe con el Gobierno de Honduras, el cese a la violencia que viven por más de 40 años y que detengan el despojo en el Valle del Aguán.
Las organizaciones sociales, populares y movimientos campesinos, exigen la recuperación de sus tierras que por muchos años les han quitado, además, solicitan la investigación y la reparación a las víctimas de los múltiples asesinatos de los que han sido víctimas.
Alrededor de mil 500 campesinos se manifestaron con el propósito de entregar la propuesta que tiene un contenido jurídico y político para tomar una decisión para la resolución de la crisis agraria en el Valle del Aguán.
El representante de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, en entrevista con Criterio.hn, informó que tienen décadas de luchar porque se les respete el acceso al derecho a la tierra y nunca han sido escuchados, “por eso es que nos hicimos presente a casa presidencial para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno de la República, el pasado 22 febrero”.
Rivas agregó que hay una enorme negación y falta de acceso a la justicia, que esta problemática ha sido histórica, especialmente en el Valle del Aguán. “Vinimos hasta a aquí para presentar las propuestas que contemplan la argumentación jurídica que tienen con el despojo de las tierras de reforma agraria, pero también tiene mucho contenido político de las cuales el gobierno debe ampararse para podernos dar una decisión y así beneficiar a las mayorías”.
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Rivas comentó que no es posible que el poder vaya a tomar decisiones y beneficiar a un sector que protege intereses económicos y no beneficiar a una población que exige y defiende derechos fundamentales que están establecidos en la institución.
Por su parte la representante de la Vía Campesina, Wendy Cruz, lamentó que, “estamos cosechando la maldición de 30 años de políticas neoliberales agrarias, realmente cada día miramos el deterioro de las familias campesinas”.
“Nosotros hemos vivido realmente el abandono, desde 1992 que se aprobó la Ley Agrícola, los campesinos fueron abandonados totalmente por las políticas agrarias”, comentó Cruz.
“Le exigimos a la presidenta Xiomara Castro que le dé seguimiento al cumplimiento de los acuerdos firmados, somos 2 mil campesinos y agricultores los estamos aquí desde el Aguan, todavía faltan hombres y mujeres que defienden nuestro territorio, que cumpla todo lo que nos prometió en campaña y en la toma de posesión”, señaló Rivas.
Rivas Informó que hay grupos paramilitares que lideran los terratenientes, que quieren invadir territorio que pertenece a los campesinos de la zona, aclaró que de no ser escuchados pasarán el caso a la corte, porque el Estado de Honduras no ha cumplido con las recomendaciones internacionales
Expuso que en sus territorios viven una deuda de justicia desde hace años, “hemos perdido familiares por defender las tierras, asesinaron al abogado que nos representaba, tenemos mucha documentación que demuestra claramente la estrategia que hay para el despojo y la persecución al sector campesino”, denunció Rivas.
A criterio de Cruz, el campo está expulsando su propia gente, agregó que los campesinos se van de sus tierras porque no tienen condiciones de vida, en Honduras solo el 9% de la tierra apta para trabajar está en manos del 71% de las personas, el resto lo tienen los terratenientes, los grupos trasnacionales.
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La entrega de la propuesta se hizo en el marco del Convenio entre el gobierno de Honduras y las Organizaciones Campesinas, para la solución del conflicto agrario relacionado a la recuperación de las tierras de la Reforma Agraria del Bajo Aguan, suscrito el 22 de febrero de 2022 y firmado por la Secretaría de Seguridad, Secretaría de desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Instituto Nacional Agrario (INA), y la representación de 29 cooperativas afiliadas a la plataforma.
La historia de despojo por parte de las herramientas y sus empresas agroindustriales se ha realizado a través de métodos y procedimientos fraudulentos provocando pobreza y violencia a más de tres mil familias de la zona del Aguán.
Entre las exigencias de los campesinos del Aguán, a la presidenta Castro, mediante un comunicado de la plataforma solicitan: restituir a las Cooperativas Campesinas los derechos de propiedad de su tierra, lo que significa declarar la nulidad de las inscripciones traslativas de dominio efectuadas por las empresas agroindustriales por la violación de diferentes preceptos legales.
Promover las acciones que permitan la deducción de responsabilidades administrativa, civil y penal a los agentes estatales y paraestatales que han diseñado y ejecutado las estrategias de violencia en contra del sector campesino del Aguan y crear un mecanismo para la reparación de los daños y la no repetición del despojo sufrido por el sector campesino del Aguán.
Cruz recordó que, en los últimos años en Honduras ha estado instalada la corrupción a todos los niveles, dijo que este flagelo al parecer se ha normalizado. “Yo resiento mucho del papel de los funcionarios intermedios que siempre quieren hacer las cosas bajo sus intereses y no bajo un interés público”.
